El pleno del Consejo General del Poder Judicial rechaza el informe que avalaba la ley de Vivienda

El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado por 15 votos a 6 el informe presentado sobre el anteproyecto de ley de Vivienda. El informe, del que ha sido ponente el vocal Álvaro Cuesta, era favorable al texto del Gobierno, aunque ponía objeciones en el sentido de considerar que era impreciso en sus previsiones en diversos extremos, por ejemplo sobre el reparto de competencias entre administraciones.

En este sentido, la crítica principal que ha recibido hoy en el pleno del Consejo el dictamen elaborado es que debería subrayar con mayor precisión que una parte muy importante de las competencias de la administración en materia de vivienda corresponde a las comunidades autónomas, mientras que el anteproyecto de ley confeccionado por el Gobierno sitúa parte de esas atribuciones en la esfera de la Administración central.

Ante el rechazo del texto presentado, el Consejo del Poder Judicial ha nombrado nuevos ponentes, que serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, quien defendió en el pleno la citada postura a favor de mantener el respeto al actual reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. El nuevo texto se debatirá el próximo 27 de enero.

La alternativa que examine el Consejo ese día partirá de las alegaciones expuestas hoy en el pleno por Enrique Lucas. De hecho, en la votación de esta mañana se han estimado las alegaciones del mencionado vocal. En ellas, Lucas expone las dudas que a su juicio existen sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia –el derecho a la vivienda- que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas en su artículo 148.1.3º.

El autor de la enmienda advierte en dichas alegaciones que la propuesta de informe rechazado parte de una idea errónea: que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, “tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las Comunidades Autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas”.

El texto aprobado por el Pleno añade que el punto de partida del informe deben ser el artículo 148.1.3º de la Constitución, “que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales”.

Han votado a favor de las alegaciones el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Se han opuesto a estas alegaciones los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

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