El difícil arranque de los fondos europeos

La semana pasada la Comisión Europea aceptó los hitos reportados por el Gobierno español para merecer la transferencia del primer tramo de los fondos de recuperación a los que nuestro país opta. Este tramo, el más cuantioso, supone unos 10.000 millones de euros que, sumados a los 9.000 de prefinanciación de verano, permitirían activar buena parte de la capacidad pública de inversión en nuestro país en un momento económico complicado.

Sin embargo, y a pesar del dinero ya recibido, el ritmo de ejecución permanece aún en cifras muy modestas. Hasta el mes de octubre, y según datos de la IGAE, se habrían comprometido unos 6.800 millones de euros, un 28% de lo presupuestado en los Presupuestos Generales (PGE) para el conjunto de 2021 con cargo a los fondos. Pero comprometer indica que el dinero tiene vía legal para ejecutarse, lo que no significa que haya sido pagado. Más aún, de esos compromisos, casi todo, unos 6.700 millones, fueron “movimientos” presupuestarios entre administraciones públicas, es decir, trasferencias de capital y corrientes de 4.400 millones a organismos y entes públicos, entre ellos, empresas públicas; de 2.300 millones a comunidades autónomas o de un millón a entidades locales. Es decir, transferencias, convenios o convocatorias dentro de la propia administración para canalizar el dinero a aquellas que ejecutarán. De esto, algo se habrá ejecutado finalmente, pero estaríamos hablando de cantidades aún pequeñas.

A fecha tan reciente como finales de noviembre solo constaban como licitados unos 630 millones con cargo al Marco de Recuperación y Resiliencia más otros 658 como inversiones de posible financiación. De todos estos millones, solo 711 habían sido adjudicados o resueltos. En subvenciones había casi 4.500 millones de euros en convocatorias, muchas dentro de las cantidades antes mencionadas como canalización entre administraciones y sin que aún constaran entregas al tejido productivo.

Estas cifras ponen de manifiesto que la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) es manifiestamente lento en inversiones. Podríamos considerar que este primer año de ejecución del PRTR ha resultado una decepción. Pero, aunque eso podría parecer, nunca nada es tan simple.

Para no pocos, este ritmo de ejecución no ha resultado ninguna sorpresa. Es cierto que la publicación del Real Decreto Ley 36/2020 levantó ciertas expectativas. Sin embargo, tal y como en corrillos y mentideros se afirmó, era de esperar que no hubiera logrado el objetivo de aligerar la ejecución por la simple razón de que solo tocaba tangencialmente los problemas sistémicos que adolece nuestra administración a la hora de ejecutar gasto. Problemas derivados de la excesiva burocracia, de la falta de recursos (humanos) y de la desconfianza que implica que un control necesario termine mutando, cual Míster Hyde, en una fiscalización asfixiante que paraliza procesos o los engorda de informes cuya única finalidad es la desviación de futuribles responsabilidades.

Esta baja ejecución tiene, para más inri, una derivada no menos importante: la inversión productiva en términos de contabilidad nacional no ha sido la que hubiéramos deseado en 2021. La encuesta de EY en el marco del observatorio de fondos europeos que codirige con EsadeEcPol muestra la decepción de las empresas por el ritmo de ejecución y la más que probable paralización de proyectos a la espera de una agilización de los fondos europeos. Dicho en otras palabras, parte del decepcionante crecimiento económico de este año podría atribuirse a la lentitud en la gestión de los fondos.

Y es que lo no ejecutado, pero presupuestado en 2021, ha robado puntos al crecimiento del PIB (podríamos hablar de hasta dos puntos porcentuales). Sin embargo, el problema no es no haber ejecutado lo previsto, sino haber confiado en que se podría haber ejecutado, ya que, conociendo el ritmo del que es capaz nuestra administración en esta tarea, el optimismo se había elevado a cotas muy altas.

En definitiva, los fondos Next Generation deben ser gestionados con luces largas. Tenemos hasta 2026 y las convocatorias y licitaciones irán apareciendo, adjudicándose, resolviéndose y concediéndose. Pero de ahí a pensar que durante 2021 hubiéramos logrado ejecutar lo que se pensó demuestra el excesivo optimismo de unos gestores que deberían, a la luz de los datos, reflexionar en mayor profundidad sobre el por qué cuesta Dios y ayuda poner en la calle los recursos públicos de los que disponemos.

Como me mencionó un día un muy buen amigo: “Manuel, esto está pensado para no poder gastar”. Y bien saben los dioses que tenía razón.

Manuel A. Hidalgo es profesor de la Universidad Pablo de Olavide y economista de EsadeEcPol.

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