Evo Morales relaciona el control del litio con su derrocamiento: “Ahí viene el golpe de Estado”

De un lado, México se mira en el espejo de Bolivia para asegurarse la explotación del litio aplicando el modelo de Evo Morales. Del otro, los lazos entre el expresidente del país sudamericano y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador van más allá de algunas coincidencias políticas y son irreversibles desde la crisis de 2019. Con estas premisas, el líder indígena ha llamado este viernes a proteger el control del mineral porque su industria, ha afirmado, “debe estar en manos los Estados, no del sector privado”. El hombre que gobernó Bolivia durante más de una década y cambió los cimientos de su sistema productivo ha relacionado, además, la gestión de este recurso natural con su derrocamiento.

Fue a raíz de su renuncia y salida del país hace dos años que Morales aterrizó en Ciudad de México como asilado antes de instalarse en Argentina. Esta semana volvió para inaugurar un seminario del Partido del Trabajo (PT), se reunió con el canciller. Marcelo Ebrard, y hoy con López Obrador, quien le ha recibido en el Palacio Nacional como “el más auténtico representante de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe”. El exmandatario, aplaudido por decenas de representantes de la izquierda latinoamericana, no solo afirmó que México le “salvó la vida”, sino que habló de uno de los temas que en estos momentos más interesa al Ejecutivo mexicano.

Morales se ha referido a la política energética durante una conferencia de prensa. “Decidimos, como Estado industrializar el litio. Contratamos expertos… y empezamos la gran industria y ahí viene el golpe del Estado. Congresistas americanos reconocen que el golpe de Estado fue por el litio”, ha lanzado, llegando a acusa también a Tesla, el principal fabricante de autos eléctricos en el mundo. Para este sector el litio es una materia prima crucial ya que se emplea para la fabricación de las baterías de equipos electrónicos, entre otros usos.

La regulación de la explotación del mineral figura ahora en la iniciativa de reforma eléctrica que López Obrador envió al Congreso para su debate y aprobación. Se trata de una apuesta clave de su proyecto político -que en un primer intento quedó atascada entre recursos en los tribunales- que pretende en esencia aumentar el protagonismo de una empresa paraestatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero también contempla concederle al sector público el control del litio. En la práctica, si no se acometen modificaciones en este apartado, la nueva ley pone una barrera a las nuevas concesiones privadas, se compromete a respetar las que se concedieron en el pasado y ya están operando, aunque deja un limbo a las que todavía no han comenzado la exploración del terreno.

Esta reforma tiene especial impacto con vistas al futuro, ya que en 2018 una empresa extranjera, Bacanora Lithium, controlada por la china Gangfeng, halló en la Sierra Madre Occidental de Sonora el que ha sido calificado por analistas del sector como el yacimiento de litio más extenso del mundo. López Obrador y el partido que sostiene al Gobierno, Morena, necesitan el apoyo del PRI para aprobar la reforma, pero el presidente ha advertido de que está decidido a proteger su explotación sin ninguno tipo de matiz. “Adelanto, para que no se hagan ilusiones con el litio, de que si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación del litio, y tenemos facultades para hacerlo”, aseguró a principios de mes en una conferencia de prensa.

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