Tras la cumbre europea sobre energía, llega el contraataque de Madrid con un órdago para hacer frente al zarpazo del gas. España reclama a Bruselas que le dé libertad para fijar sus propios precios de la electricidad al margen del sistema europeo, según se desprende de un documento de posición al que ha tenido acceso EL PAÍS. “En situaciones excepcionales, debe permitirse a los Estados miembros adaptar la formación del precio de la electricidad a sus situaciones específicas”, dice el texto, que propone una herramienta novedosa para “desvincular” el efecto del elevado valor del gas sobre el precio final de la energía, rompiendo de forma “extraordinaria” con el mecanismo de precios que rige actualmente en la UE. El objetivo es que España (y los países que quieran adherirse a la propuesta) puedan beneficiarse en la factura final del menor coste de las energías limpias.

La reclamación española aparece en un documento oficioso circulado por España unas horas antes de que los ministros europeos de Energía celebren en Luxemburgo una reunión extraordinaria para estudiar medidas frente a una crisis energética que amenaza la incipiente recuperación tras la crisis provocada por la covid-19.

Con la propuesta, el Gobierno pretende romper con el actual mecanismo de fijación de precios marginalista, que rige en toda la UE, en el que la energía más cara que entra en el sistema marca el precio de todo el resto de fuentes. El sistema ha disparado las tarifas de la electricidad como consecuencia del encarecimiento a escala global del precio del gas, con independencia de que en varios países, entre ellos España, la producción de renovables permitiría ofrecer al consumidor una energía más barata.

“En estas circunstancias extraordinarias, en lugar de la señal de precio marginal pura (contaminada por los picos de los precios del gas), el precio de la electricidad se obtendría como un precio medio con referencia también al coste de las tecnologías limpias inframarginales (especialmente las renovables)”, propone España como novedosa y, tal vez, revolucionaria solución. “El precio de la electricidad estaría directamente vinculado a los mix de producción nacionales, protegiendo al mismo tiempo a los consumidores de volatilidades excesivas y permitiéndoles participar en los beneficios que proporciona un mix de generación más barato”.

La rompedora propuesta revela que España ha perdido la paciencia con “los tiempos de Bruselas”, como definió el pasado jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la lenta reacción de la Comisión Europea frente a la escalada de los precios de la electricidad. Con este contraataque el gobierno español quiere seguir su propio ritmo, mucho más acelerado, y persigue, ante la pasividad de Bruselas en el corto plazo, que al menos se le conceda flexibilidad ante la crisis energética. España fija, de paso, su posición ante los socios más reacios a cualquier cambio en el sistema de formación de precios de electricidad y busca recabar apoyos en el consejo extraordinario de ministros de Energía de este martes en Luxemburgo.

Los ‘halcones’ plantan cara a España

El documento español ha sido circulado, precisamente, pocas horas después de que se publicase una carta firmada por nueve países, liderados por Alemania, Austria, Países Bajos, Irlanda y Finlandia, en la que plantan cara a las ideas reformistas que ha reclamado España en los últimos meses. “No podemos apoyar ninguna medida que entre en conflicto con el mercado interior del gas y la electricidad, como por ejemplo una reforma ad hoc del mercado mayorista de la electricidad”, señala la misiva en la que se dan cita un buen número de los países del centro y norte de Europa. La alineación coincide, en parte, con los llamados frugales, también conocidos como halcones, que al principio de la crisis sanitaria se resistieron a adoptar medidas excepcionales frente a la crisis económica provocada por la pandemia.

España, por el contrario, pide medidas drásticas frente a la actual crisis energética, como antes lo hizo frente a la económica (en la que contribuyó a la creación del fondo de recuperación). Ahora reclama a Bruselas, entre otras cosas, la posibilidad de limitar el precio del gas. E insiste en la idea de la compra conjunta de gas, aunque parece rebajar su ambición ese terreno después de que varios países, con Alemania al frente, rechazaran esa fórmula durante la cumbre europea de la semana pasada.

El documento que se ha empezado a circular este lunes no renuncia a la compra conjunta, pero defiende también una vía alternativa: una “cartera europea de opciones de contratos”, que permitiría desplazar las compras de gas hacia terceros países cuando los suministradores habituales (Rusia, sobre todo) no cubran los picos de demanda por motivos técnicos o por estrategia comercial.

España propone que en períodos de crisis como el actual se realicen subastas a nivel europeo para atraer la llegada de un volumen adicional de gas a precios asequibles. Cada país de la UE, en función de sus necesidades, podría activar esa línea de adquisición alternativa cuando vean amenazada la seguridad energética.

La plataforma de compra conjunta y la creación de reservas estratégicas son dos de las medidas que el Ejecutivo comunitario se ha comprometido a “explorar” como herramienta a medio plazo, tal y como presentó en una Comunicación el pasado 13 de octubre. El resto de propuestas del Ejecutivo comunitario se centraban, en gran medida, en ayudas e iniciativas fiscales de apoyo a los colectivos y empresas más vulnerables, contempladas ya en la legislación europea. La vicepresidente tercera del Gobierno, Teresa Ribera, cargó contra ellas por no estar “a la altura de las circunstancias”.

En el Consejo Europeo celebrado el pasado jueves y viernes en Bruselas, los Veintisiete no loginusualn ir más allá y acordaron unas conclusiones de mínimos en las que sí invitan al Ejecutivo comunitario a que estudie posibles deficiencias del marco energético actual y a que revise el mecanismo de comercio de derechos de emisiones de CO2. La UE también se comprometió a hacer un seguimiento en la próxima cumbre de líderes en diciembre.

“Tiempos excepcionales exigen medidas excepcionales con carácter de urgencia”, asevera al texto con el que España llega este martes a la cita en Luxemburgo. Y en el que detalla cómo cada incremento de 1 euro por MWh en el precio del gas natural representa 2.700 millones de euros al año en costes adicionales de electricidad para todos los consumidores europeos, “desviando recursos de la transición energética y la recuperación económica”.

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