No hay hachazo; apenas, pellizco fiscal

El hachazo augurado para este año por los tremendistas ha quedado apenas en rasguño: los nuevos impuestos recaudan migajas. Pero el catastrofismo de ciertos titulares es, amén de estúpido, pertinaz: prevé para 2022 sablazos, golpes y mazazos tributarios.

En realidad, no hay alzas de tipos impositivos. Si acaso algún ligero retoque en las cotizaciones de los autónomos (tres décumbres sobre el 30,6%) y el adelanto de la reducción de las bonificaciones de las empresas específicas tenedoras de viviendas (del 85% al 40%).

Ni siquiera la modificación del impuesto de sociedades es un alza del tipo impositivo, sino un suelo del 15%… para una figura que prevé exacciones del 30% y del 25%: consiste en que tras las exenciones y deducciones, ese impuesto no quede como un agujero de emmental; que ascienda al menos al 15%. Así que el resultado será un pellizco simbólico: de 400 millones de euros adicionales en (el segundo año) 2023.

Ya tiene escrito el agudo fiscalista Antoni Durán-Sindreu que “nuestro sistema tributario es un coladero de privilegios, incentivos, deducciones, exenciones y regímenes especiales”, pautados según la influencia de los grupos de presión más activos en cada momento.

Otro gallo nos cantara —tanto a detractores como a partidarios de una fiscalidad contundente, más cercana a la europea, que nos aventaja en siete puntos porcentuales de recaudación—, si ese suelo tipo efectivo mínimo del 15% para 2022 fuese sobre beneficios (resultado contable) de las empresas facturantes por más de 750 millones, como acaba de acordar la OCDE.

Pues no. Es más benigno, grava la base imponible y no los beneficios, lo que sería una inyección en vena para Hacienda. Quizá su levedad ayude a afianzar la recuperación, pero entonces, mejor callen los jeremías que profetizan ruinas empresariales.

Y es que la secuencia de sociedades es escandalosa. En 2007 recaudaba 44.823 millones; cayó a menos de la mitad y en 2019 cazó solo 23.733 millones. La previsión tras el sablazo para 2022 la sitúa en 24.477 millones: ni la cuarta parte de lo que colectará el impuesto sobre la renta. Tanto el IRPF como la tercera gran figura impositiva, el IVA, se han recuperado holgadamente desde la anterior Gran Recesión, a diferencia de sociedades. Suben, respectivamente, de 72.614 millones en 2007 a 100.132 en 2022; y de 55.851 millones a 75.651.

Parte de la insólita mengua en la tasa empresarial obedece al generoso trato de sus pérdidas (compensables en varios años) y a la exención de los beneficios generados por las filiales en el exterior (incluidos paraísos/semiparaísos fiscales), para evitar la doble imposición… logrando a veces lo contrario, la doble exención.

El cepillo por sociedades debe registrar en 2022 una tímida resurrección desde 2019 (23.733 millones), aunque inferior a 2018. La nueva senda que ahora se otea (descrestando cada vez más deducciones injustificadas) no ha sido coser y cantar.

Es producto de una intensa labor legislativa, europea y doméstica. Punta de lanza de la OCDE en la lucha contra la erosión de las bases fiscales, por elusión y evasión, la UE remodeló hace un quinquenio su vieja directiva de “matrices y filiales”. El texto (2016/1164) fijó el pago de impuestos donde se generen beneficios; persiguió la “planificación fiscal abusiva” y “el traslado de beneficios” fuera del mercado interior.

La traspuso a hogar, en julio, la ley española 11/2014, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Prohibió las amnistías fiscales y el software de doble uso apto para trampas contables, limitó a mil euros las transacciones físicas. Y ensanchó los beneficios exteriores cotizantes de las sociedades (también a los inmobiliarios y financieros), por encumbre del estándar europeo. Y el Real decreto-ley 4/2021 combate la doble deducción de gastos.

La panoplia de exigencias legales se multiplica. Si bien a la tortuga le cuesta alcanzar a la liebre elusora/evasora. Por eso los inspectores de Hacienda agrupados en IHE piden más: que se obligue a bancos y entidades españolas a proporcionar información sobre sus clientes de paraísos.

Y sus colegas técnicos (unos 8.500) representados en Gestha se quejan por no poder investigar, ellos, a las grandes empresas, que “suponen el 80% de la evasión” y a las que “se dedica solo un 20% de la fuerza inspectora”. Aún queda trecho.

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