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Opinión

El precio escondido del ‘gas del Bienestar’

Estos costos comienzan con la imposición, un límite a nuestra libertad personal, para respetar la de los demás y cumplir nuestras obligaciones, de lo contrario, el Estado, quien tiene el uso exclusivo de la fuerza, me obligará a hacerlo. Además, el Estado requerirá de recursos, que provienen de los gobernados, a través de impuestos y contribuciones, lo que también implica límites la ciudadanía, pues se reduce la capacidad de decidir cómo emplear nuestros recursos (menor ingreso disponible).

Por otro lado, para que la economía funcione de forma eficiente y pueda volver a equilibrarse después de un choque, es necesario que se deje operar al sistema de precios y se permita la libre competencia y movilidad de los factores de la producción (trabajo, capital). Por ejemplo, supongamos que, por alguna razón, la demanda por un bien se expande repentinamente. Dado que ello, todo lo demás constante, llevaría a un aumento en el precio del bien y que puede ser observado por todos, habría incentivos para que aparezcan nuevos productores o que los actuales expandan su producción; entonces, al aumento inicial en la demanda le seguiría una expansión en la oferta y, así, el mercado volvería a equilibrarse, sin necesidad de que intervenga el Estado.

Ahora, el Estado mexicano ha restringido la libre competencia en sectores como el energético. Recientemente, estableció precios máximos al gas LP y anunció la creación de una empresa estatal para distribuir dicho producto. Esto, con el fin de detener los incrementos en los precios del energético pagados por los hogares mexicanos y que, en julio de 2021, mostinusualn un alza interanual de 35%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin duda, la intención es buena, pero hay que analizarla a la luz de todo lo que mencionamos previamente.

Que el Estado amplíe sus funciones, al distribuir ahora gas LP, quiere decir que necesitará más recursos, es decir, más impuestos, más deuda (impuestos mañana) y/o, reajustar el gasto. Esta última vía también viene con un costo, pues implica descuidar algunas de las funciones que actualmente realizaba y que podrían considerarse más urgentes para la sociedad mexicana, como la seguridad, la compra de vacunas, etc.

Finalmente, mientras dure la intervención en los precios, los consumidores seguirán gozando del tope aplicado. Sin embargo, la medida obligaría a que el incremento en el precio del gas LP, ocasionado por la alta cotización en mercados globales de sus insumos (e.g. propano), tenga que ser absorbido por los distribuidores. Ante ello, se corre el riesgo de que salgan oferentes del mercado, que se importe menos gas LP y, por lo tanto, que se vuelva más escaso; además de que también podría generarse un mercado negro.

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Entonces, una vez que caduque la medida, la oferta sería menor de lo que se tenía anteriormente, el mercado estará más concentrado y los participantes que queden tendrán menos incentivos a ofrecer gas LP a precios competitivos, lo que también va en detrimento del bienestar de aquellos que el Estado buscaba beneficiar en un principio.

Nota del editor: Alejandro J. Saldaña Brito, Economista en Jefe de Grupo Financiero B×+. “Soy un creyente de que el éxito y la dignidad, tanto en el ámbito personal como en el profesional se logran en el día a día. La disciplina es esencial para cumplir el punto anterior, pero eso no quiere decir que debamos de relegar a un segundo plano los placeres de esta vida (¡muy corta para los que somos ambiciosos!): la convivencia con la familia y los amigos, el deporte, los viajes, la comida, la música y el arte… y algún mezcal, siempre con medida”. Síguelo en Twitter como @ASaldanaEcon y en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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