Reforma electoral, síndrome 2007

Después de la materia fiscal, que ha estado sujeto a modificaciones anuales, es el tema electoral el que más reformas ha experimentado en los últimos años. Baste recordar las modificaciones planteadas a esa legislación en 1987, 1989,1993, 1994 y 1996, ésta última se formuló con el ostentoso título de definitiva y, si bien no lo fue, sí implicó un rediseño de fondo del modelo electoral mexicano; consolidó algunas de las tendencias que ya se marcaban, mientras inauguró otras.

La referencia a los años donde se realizaron reformas electorales es meramente enunciativa; si se mira más hacia atrás se podrían citar muchas otras, entre ellas las que se podrían denominar clásicas, como son la de 1977 de Reyes Heroles, con la creación del sistema electoral mixto, así como la 1963 relativa a los diputados de partido.

El hecho es que la discusión sobre la democracia mexicana tuvo una insistente vena electoral, no en vano las crónicas sobre los distintos conflictos desatados en las jornadas comiciales, así también los duros debates y hasta los hechos de violencia en los colegios electorales, que en el pasado eran las instancias para calificar las elecciones. La tesis fue que, con una mejor organización de los comicios, de su proceso de calificación y contando con un padrón confiable, se podrían resolver los principales problemas, y de alguna manera por ahí se encaminó el primer ciclo reformador.

Otra vertiente se orientó a modificar el sistema electoral, expresamente en la forma de integrar la Cámara de Diputados, pues la expresión de las fuerzas políticas no alcanzaban una presencia sólida con el sistema mayoritario de distritos uninominales; en efecto, la reforma de 1963 introdujo los diputados de partido, figura bajo la cual los partidos de oposición loginusualn tener mayor presencia en el Congreso, lo que impulsó la pluralidad política; más tarde, la reforma de 1977 incorporó el sistema mixto que existe hasta la actualidad, el cual combina el principio de mayoría con el de representación proporcional.

Las reformas electorales construyeron un diálogo positivo con la vida democrática de México, pues aquellas se encaminaron por una vía de aprendizaje para buscar mejorar prácticas, procedimientos, órganos e instrumentos; se profesionalizó el órgano electoral, se depuró y elevó su confiabilidad el padrón de electores, se introdujo el sistema jurisdiccional para la calificación de las elecciones, se mejoró la conformación de las mesas de votación, etc.

Tal vez uno de los momentos más cismáticos se vivió con las elecciones de 1988, con la famosa caída del sistema de cómputo electoral y con lo convulso de la calificación de dichas elecciones en la Cámara de Diputados; cuando la reforma de 1996 se proclamó como definitiva, buscaba resolver los problemas más relevantes, fue así que con ella se estableció la autonomía constitucional y la independencia del órgano electoral, la integración de un tribunal electoral, el financiamiento preferente público a los partidos, entre los aspectos que consolidaron la democracia mexicana y que otorgaron vías favorables a la lucha política en un marco competitivo y con alternancia en el poder.

La reforma de 2007 tuvo otro marco, pues se realizó bajo el debate surgido de los comicios presidenciales de 2006, respecto de la pretensión de haberse cometido un fraude en términos de la polémica política y en la circunstancia de un resultado sumamente justo, que casi marcó un empate, entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar; en otras palabras, fue más el alegato político que la argumentación jurídico-electoral, lo que detonó esa reforma, diferenciándose de las ocurridas en el ciclo anterior que fue de 1989 a 1996, en cuanto que éstas lucieron una lógica secuencial y de perspectiva para resolver los problemas que habían aflorado y que se exhibieron de forma palpable en 1988.

De nueva cuenta, la reforma que parece delinearse en este año habita en la coyuntura y en una visión que, desde el gobierno, parece estar inscrita en un ajuste de cuentas con los partidos y el órgano electoral, principalmente. Su motivación la hermana a la de 2007, aunque entonces no la prohijó el gobierno, pero sí la argumentación y la polémica de la misma fuerza política que ahora lo hace; no está precedida del acuerdo entre las distintas fuerzas políticas y su motor es voluntarista.

Como podrá apreciarse, la pretendida nueva reforma electoral, no porta las mejores cartas credenciales, especialmente porque se ha apartado de la buena costumbre del consenso previo que caracterizara a la mayoría de las precedentes, quedando exhibida, entonces, como una vía que pueda exacerbar el régimen democrático con una vuelta a las viejas controversias de antaño y de constantes amenazas a la estabilidad política.