La UDLAP, otro desastre

Para causa un desastre, cualquier rumor vale.

Publio Siro

Nada más, poesía:

la más alta clemencia

está en la flor sombría

que da toda su esencia.

No busques otra cosa.

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¡Corta, abrevia, resume;

no quieras que la rosa

dé más que su perfume!

Jaime Torres Bodet, Ambición

La verdad es que todos han participado en el embate haciendo de la UDLAP un apetecible botín y no una universidad de alto nivel académico, orgullo de los poblanos.

En épocas recientes, al menos una debacle universitaria ha marcado cada sexenio en México y, este, el de la Universidad de las Américas Puebla, al parecer caracterizará al actual.

Los hechos por los que atraviesa la institución pueden resumirse en un pleito de familia, un faltante multi millonario y la ambición —de grupos internos, pero también externos— por controlarla.

El foco de atención, naturalmente, es la rectoría de la universidad o lo que sucede en torno al puñado de personas que la maneja.

Así, el pleito se remonta cuando el actual fiscal general de la república se convirtió en el rector de la UDLA Ciudad de México, quitándole a la ahora UDLA-P nombre, logo y escudo (1995). Y de allí en adelante, pero escalando el conflicto recientemente cuando la policía estatal desalojó las instalaciones universitarias por orden de un juez de la Ciudad de México, o al menos esa es la explicación que dio el gobernador de Puebla Miguel Barbosa.

Sin embargo, cabe la pregunta:¿desalojar a estudiantes que no tienen cabida ni parte en el litigio? Habría que agregar que, antes de cobrar nuevos bríos el pleito, ya existían órdenes de aprehensión contra los miembros del patronato de la Fundación Jenkins. La familia Jenkins, dueña y fundadora de la institución, está prófuga.

La razón es que todos y cada uno de ellos han socavado el patrimonio de la Fundación Jenkins. Cuando a la familia se les concedió el manejo de este dinero —no lo tenían originalmente—, la fundación contaba con más de 700 mdd y gozaba de la deducibilidad de impuestos tanto en México como en Estados Unidos, lo cual —hay que subrayar— no es fácil de conseguir siendo dicha fundación una organización de la sociedad civil extranjera. Hoy del patrimonio no queda nada.

No se sostiene la motivación de internar a la fuerza pública a un campus universitario cuando es conocido que los miembros del patronato antes mencionado no se encontraban / residían ahí.

Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Se omite decir que en todo este embrollo existen dos fundaciones distintas, si bien comparten patronos. Una es la Fundación Jenkins (ya mencionada, de la que no se da cuenta del paradero de su capital) y la otra es la Fundación Universidad de las Américas Puebla (cuyas finanzas venían siendo auditadas —interna y externamemente— año con año, sin que al parecer se hubiesen detectado anomalías). Sin embargo, dado que los patronos no quieren renunciar a conformar el patronato de la Fundación UDLAP, han metido a la institución en un embrollo que originalmente y substantivamente no era de su incumbencia; no es de extrañar la incertidumbre que se ha apoderado ahora de alumnos, maestros y académicos en general.

Algo debiera quedar claro: el litigio no tendría por qué afectar el buen funcionamiento de la universidad. Mas esto es complicado con la policía presente en las instalaciones, un nuevo rector y un nuevo patronato impuestos tras un dudoso proceso fuera de norma, un rector depuesto sobre el que pende una orden de aprensión y, por si fuera poco, expedientes judiciales extendidos a diestra y siniestra que no son acatados realmente por nadie.

Y aunque el ejecutivo local indicó el 9 de agosto que las resoluciones judiciales deben ejecutarse sin dilación, devolviendo las instalaciones de la UDLAP a los Jenkins, lo cierto es que el patronato designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla (sí, una estructura del propio gobierno estatal) no ha devuelto nada.

Ya llegó el tema a la mañanera, donde el presidente López Obrador giró indicaciones a Santiago Nieto, titular de la UIF de Hacienda, para que investigue e informe de lo que sucede en la UDLAP. Ya nos podemos imaginar qué concluirán…

Tenemos, entonces, un nuevo desaseo cortesía de la Cuarta Transformación a nivel estatal: sobre el doctor Eugenio Derbez, rector de la UDLAP durante los últimos 12 años, pende una orden de aprehensión por supuesto fraude; orden girada por un juez del estado de Puebla. A la par, el patronato establecido recientemente sigue sin cumplir con las sentencias de los jueces federales que indican se tiene que devolver el campus al patronato anterior. Cabe preguntarse si, como sostienen los abogados de la Fundación Jenkins, la orden de aprensión citada forma parte de una persecución política para pertrecharse en la ilegalidad de la posesión del campus.

No es la primera vez que la UDLAP tiene dos rectores en un mismo momento o es codiciada por algún miembro del gobierno federal. En 1985, el doctor Enrique Cárdenas y el doctor Fernando Macías Rendón fueron ambos rectores por un pleito no legal pero sí importante en el devenir de la universidad. En tiempos del presidente Luis Echeverría se quizo expropiar su bello campus para tornarlo en la Universidad del Tercer Mundo.

Hoy, entre dimes y diretes, ya vamos en el cuarto mundo y, por el deseo de unos y otros, se pisotea el Estado de Derecho con el desacato de las sentencias de los jueces.

Amigos políticos de la época en que el hoy gobernador de Puebla era Senador forman parte de esta trama. Iniciando con Armando Ríos Piter, quien hoy funge como rector provisional, y Roberto Gil Zuarth, quien encabeza parte de la estrategia jurídica para que la UDLAP no regrese a manos de los Jenkins.

Se aventuran muchos desenlaces. Iniciando con que el mismo Alejandro Gertz Manero, hoy cabeza de la FGR y quien tiene la propiedad de la UDLA Cd. de México, logre asumir el control de la UDLAP. O bien, que el trío senatorial conforme una nueva etapa para la universidad con quién sabe qué fines. O que la familia Jenkins la recupere, lo cual no es necesariamente la mejor opción tampoco dados sus antecedentes…

Hoy la UDLAP requiere que el Estado de Derecho se respete. Necesita un nuevo patronato que no desee drenar la economía de la Universidad. Le urge poder reabrir sus puertas al conocimiento.

Mientras todo eso no ocurra, la toma por la fuerza pública del campus y la orden de aprensión girada contra Derbez se traducen exclusivamente en un atropello más— uno muy deseaseado.