¿Revocar o refrendar?

De acuerdo al diccionario, el verbo revocar, significa dejar sin valor o efecto una ley, una norma o una disposición. Mientras que el verbo refrendar significa manifestar públicamente la aprobación de algo o alguien. Escribo de estos verbos, porque el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, al referirse a la próxima consulta para que continúe o no en la Presidencia de la República, lo hace como si se tratara de un ejercicio para refrendar su permanencia, no como un proceso de revocación.

Aunque discusivamente revocar y refrendar pueden manejarse de manera similar, desde la perspectiva legal, organizativa, política y como ya vimos, lingüística, son cosas diferentes.

La Constitución establece como un derecho ciudadano participar en los procesos de revocación de mandato del Presidente de la República. Este mismo precepto debe estar en la ley reglamentaria en la materia.

La revocación de mandato es una figura presente en varias democracias, que permite a la oposición al gobierno deponerlo anticipadamente por medios democráticos. Por lo general, los opositores son los que solicitan y piden la revocación de mandato.

La oposición crítica mucho al gobierno de López Obrador, pero entre sus demandas no está la revocación de mandato, porque no son partidarios de las figuras de democracia directa y porque consideran que nos les favorece políticamente. Su estrategia será la misma que utilizaron con la consulta de juicio a los expresidentes: el vacío. Dejar que sean los partidarios de AMLO los que recolecten las firmas para convocarla y de lograrlo, apostar a que no se llegue al 40% de participación.

El Presidente da como un hecho que en marzo del siguiente año se realice el proceso revocatorio, pero esto no ocurrirá en automático, aun cuando se apruebe lo antes posible la ley reglamentaria. AMLO pide que después del 1º de diciembre, uno o un grupo de sus seguidores más entusiastas acudan al INE, soliciten los formatos y en un mes, recolecten casi tres millones de firmas de personas que lo apoyan, que son beneficiarias de sus programas sociales, que simpatizan con la 4T o que militan en Morena, pero que formalmente pidan su revocación.

Para terminar el cuadro, las personas que recolecten las firmas no pueden ser ni servidores públicos, ni servidores de la nación, ni legisladores, ni líderes partidarios, a menos que renuncien o pidan licencia. Deben ser ciudadanos de al menos 17 entidades federales, donde por lo menos el 3% de la lista nominal de cada una de éstas firme la petición. Además, no pueden destinarse recursos públicos para la recolección de firmas, ni para la promoción de la recolección, porque todo está a cargo del INE.

Urge una ley reglamentaria de la revocación de mandato, pero tampoco debe hacerse al vapor. En el proyecto de ley, aún existen áreas oscuras del proceso de revocación, que si no se resuelven adecuadamente, complicarán la aplicación de una de las reformas más importantes de lo que va de este sexenio.

Eso pienso yo, ¿usted qué opina?

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