No es tiempo para un nuevo paquete de impuestos

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, presentaron ante la Asamblea Legislativa cinco proyectos de ley con fuertes implicaciones tributarias bajo el argumento de que se desea mejorar la progresividad de los impuestos y dotar de mayores instrumentos al Ministerio de Hacienda para controlar la evasión y reducir la elusión fiscal. Por más loables que puedan parecer estos fines, la realidad de lo que contienen esos proyectos contrasta con los propósitos esbozados por ellos.

La mayor defensa a este nuevo paquete de impuestos por parte del presidente y el ministro se basa en que los impuestos no se están aumentando. Sin embargo, es muy clara la vocación recaudatoria de las reformas tributarias. Solo para mencionar algunos ejemplos, el IVA se aumenta a diversos bienes y servicios (como los pasajes aéreos e implementos médicos), la tasa del impuesto sobre la renta se incrementa en todos los estratos de ingresos que hoy pagan impuestos, el impuesto a las empresas más pequeñas se multiplica seis veces al incrementarse la tasa del 5% al 30%, el impuesto al ruedo de los vehículos (marchamo) aumenta al pasar el período de depreciación de 10 a 30 años, y se eliminan las exoneraciones de las que hoy gozan los vehículos eléctricos. También, la renta global general nuevos dividendos, aparte del hecho de que incluye algunos elementos que serían parte de una renta mundial.

Si la intención del gobierno hubiera sido realmente no aumentar la recaudación, estos incrementos se debieron balancear con disminuciones de impuestos a otros grupos de empresas, de bienes y de servicios con el fin de mantener la recaudación constante. Este proceder coadyuvaría en las intenciones del gobierno de mejorar la equidad, en lugar de malgastar el capital político en una dialéctica inconsistente con el texto de los proyectos presentados.

Tampoco ayuda a las intenciones del gobierno y sorprende el nivel de improvisación con el que se han presentado las reformas fiscales. Un día sí y otro también es necesario que el ministro acepte equivocaciones y cambios en la redacción para excluir a bienes y servicios afectados por los incrementos de impuestos.

Además, no se han presentado los estudios técnicos mínimos para justificar tales reformas y respaldar las afirmaciones del gobierno. Así, quedan sin responder preguntas tan básicas como: ¿En cuánto aumenta la recaudación cada uno de los nuevos impuestos propuestos? ¿Qué efecto tienen estos nuevos impuestos sobre el nivel de informalidad de la economía ¿Cómo se afectará el turismo, uno de los sectores más golpeados desde la pandemia y que no hay logrado recuperarse plenamente, ante un incremento en el precio de los boletos aéreos? ¿Cuál es la medición sobre la mejora esperada en la progresividad del sistema tributario? ¿Cuánto afecta la renta global el movimiento de capitales de inversión?

Otro tema que causa alerta son los nuevos poderes que el Ministerio de Hacienda pretende poseer si se aprueban los cambios al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Así, sería la Tributación la que determine si se extiende la prescripción de impuestos de 4 a 10 años ante indicios de evasión. Este tipo de poderes discrecionales pueden causar arbitrariedades basadas en criterios políticos, como las realizadas hace poco al intentar inculpar a un banco privado de evasión fiscal, cuando ya los tribunales habían fallado de que no existía mérito para ello. La posibilidad de aumentar el lapso de la prescripción existe hoy día, con la gran diferencia de que es un Juzgado de Justicia quien la determina de acuerdo con las pruebas presentadas por la Tributación. Esto es lo correcto para mantener una sana separación entre los poderes de la República.

En los últimos 40 años, Costa Rica solo ha logrado aprobar cuatro reformas tributarias de gran envergadura, como la que se pretende con este grupo de leyes. La última de ellas fue la aprobada en 2019 durante el gobierno de Carlos Alvarado. En esa reforma fiscal se creó el Impuesto al Valor Agregado, se aumentó el Impuesto de la Renta, se eliminaron los disparadores de los salarios de los servidores públicos y se estableció una restrictiva regla fiscal. Ello le permitió al Estado cambiar la dinámica del gasto público y mejorar la recaudación. De hecho, las mejoras presentes en las cifras fiscales y en la calificación crediticia del país son el resultado de ese paquete fiscal.

Por tanto, es muy pronto para pensar en un nuevo paquete de impuestos, más aún en una economía en la que la mayoría de los sectores productivos se encuentran estancados por las altas tasas de interés y por la expectativa de una recesión en las economías de los principales países con los que comerciamos. Mejor haría el gobierno en enfocar su dedo acusador hacia una reforma del Estado que elimine la duplicidad de funciones, aumente su eficiencia y promueva obras públicas que eleven la productividad del país.

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