Congreso de Brasil instala comisión para investigar actos golpistas

El Congreso de Brasil instaló este jueves la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI), para determinar las responsabilidades sobre el intento de golpe ocurrido el pasado 8 de enero.

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Según informó la Cámara de los Diputados en su cuenta de la red social Twitter, la Mesa Directiva de la CPMI está presidida por el diputado Arthur Maia; el senador Cid Gomes Segundo como primer vice-presidente; el senador Magno Malta como segundo vice-presidente y como relatora la senadora Eliziane Gama.

“Sabemos que existe una narrativa de que todo lo que sucedió está involucrado en una orquestación más grande de un posible golpe de Estado para perturbar la democracia. Y eso hay que investigarlo. No se puede dejar en blanco”, afirmó Arthur Maia al asumir la presidencia de la comisión.

El diputado brasileño aseguró también saber de la existencia de “una narrativa de que hubo facilitaciones. De todos modos, todos estos discursos existen, pero todos nosotros, senadores y diputados, tenemos la obligación de reunir honestamente las pruebas y hacerlo público”.

Maia destacó además que las investigaciones seguirán todas las formalidades del proceso democrático y que la comisión se dedicará a "esclarecer los hechos y no confirmar relatos".

Asimismo, se informó que la CPMI está integrada por 16 senadores y 16 diputados con sus respectivos suplentes, y cuentan con 120 días, que pueden extenderse por otros 60, para investigar las acciones golpistas, recuperar las pruebas contra los presuntos implicados y elevar los resultados a la Fiscalía General.

De este modo, los integrantes de la CPMI tendrán facultades análogas a las de la policía para determinar actividades, realizar audiencias públicas, citar a ofrecer declaraciones, dictaminar detenciones en casos de flagrancia y transgredir el secreto bancario, fiscal y telemático.

Una vez concluidas las investigaciones, la relatora Eliziane Gama redactará el documento final que, de ser aprobado por los parlamentarios, podrá enviarse como dictamen a las autoridades judiciales y, en caso de que haya sospechas de delito pasará al Ministerio Público.

El pasado 8 de enero, adeptos del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y saquearon las sedes del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en Brasilia, capital del país suramericano, tras la toma de posesión del actual mandatario Luiz Inácio Lula Da Silva.

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