Reforma administrativa, respuesta ciudadana ante los riesgos para los usuarios

La iniciativa de reforma administrativa, presentada al Congreso el 24 de marzo de este año, y que se discutirá al inicio del período legislativo siguiente, pretende revertir este esquema, aunque aún no se ve con claridad hasta dónde. Esto es, la reforma en cuestión no pretende tachar de un plumazo todos los títulos habilitantes que han sido otorgados por diversas autoridades, sino que pretende extinguirlos de la vida jurídica cuando a juicio de una “autoridad” indefinida, se sospeche que fueron otorgados por un sinfín de causas: desde actos de corrupción, el gaseoso e invertebrado “interés público” y hasta “hechos supervenientes”, cuyo espectro cubre desde el estallido de una tercera guerra mundial hasta la mordida de un perro.

Con esta “ampliación” al absurdo se pretende ilustrar que una autoridad indeterminada en la iniciativa de reforma puede privar a cualquier permisionario, concesionario o autorizado del derecho de prestar ese servicio. Es más, si el título a ser aniquilado es declarado nulo, no habrá autoridad terrenal o celestial que permita los vicios por los que se declaró su nulidad sean corregidos. Según la iniciativa, cualquier título que nazca “defectuoso” se dará por nonato. Y como nunca vino al mundo, no tuvo derechos, ni obligaciones, ni tampoco hay nada que indemnizar a la empresa por retirarla de sus actividades.

De esta reforma, que por brutal me parece, más que viable, extorsiva, se ha vertido mucha “tinta” en lo que concierne a los derechos de las empresas. Esta iniciativa es un acto de terrorismo legislativo que dudosamente prosperará, pues podría afectar a empresas nacionales, extranjeras y de todos los sectores: carreteras, caminos, puentes, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, autotransporte de todo tipo, energía y otras más. Estamos a final de sexenio y la luz al final del túnel parece una locomotora administrativa que se nos viene encima.

Resalto: se nos viene a todos y no sólo a las empresas puesto que somos usuarios de los servicios que prestan. Por esta razón, debe haber una respuesta ciudadana a esta iniciativa, ni debe salir de nuestro radar. Ilustremos por qué: supongamos que tenemos el servicio de telefonía de la empresa “X” y que por las razones que se le antojen al gobierno –a través de un procedimiento opaco—le anulan la concesión. ¿Quién, entonces, nos prestará el servicio? ¿El Estado? ¿Otro concesionario que sí es favorecido por este último? ¿A quién le pagamos? La incertidumbre es vertiginosa.

Lo mismo podría suceder en el caso de una carretera, del gas, de un vuelo. Con los boletos comprados meses antes y las maletas hechas para viajar, resulta, pues, que nos quedamos sin línea aérea pues, ésta, por hechos supervenientes (como dice la iniciativa) se quedó sin concesión. ¿A quién reclamarle que nos quedamos en tierra por causas de interés público?

Independientemente de que las empresas afectadas podrían ser muchas o pocas, es de antemano incuantificable el número de usuarios que podrían resultar lastimadas. A través de un número de comunicados, las cámaras empresariales ya han expresado su preocupación y rechazo hacia la iniciativa. Ahora les toca a los usuarios expresar su consternación. Si ésta es la primera (cosa que no sé) que vengan muchas más. Como en las canciones de protesta, ¡no pasará!

Nota del editor: Miriam Grunstein es profesora e investigadora de la Universidad ORT México y es académica asociada al Centro México de Rice University. También ha sido profesora externa del Centro de Investigación y Docencia Económicas y coordinadora del programa de Capacitación al Gobierno Federal en materia de Hidrocarburos que imparte la Universidad de Texas en Austin. Hoy es socia fundadora de Brilliant Energy Consulting y dirige el blog Energeeks. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

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