Nueva advertencia europea

31/03/2023 a las 20:29h.

Apenas quedan dos meses para que España estrene la presidencia de turno de la UE y el Ejecutivo sigue recibiendo reprimendas, más o menos severas, pero altamente procedentes todas, de instituciones europeas por el cerco al que ha sometido a la Justicia y las maniobras, claramente invasivas, que ha venido ejecutando en torno a los tribunales para hacerse con su control. En esta ocasión, el reproche lo firma la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, dependiente de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), y está referido a las enmiendas con las que el pasado diciembre el Gobierno quiso reformar por la puerta de atrás las leyes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional para que sus dos magistrados pudieran tomar posesión sin haberlo hecho los dos propuestos por el CGPJ.  Frenó el anterior presidente del TC, Pedro González Trevijano, aquella tropelía, con una reacción aséptica y cabal ante la amenaza que se cernía sobre la división de poderes. Neutralizar la maniobra motivó, en represalia, una insólita respuesta en la que volvía a acusarse a los jueces de tratar de someter al legislativo pese a lo burdo de la trampa que se pretendía. Desde hace años, a los jueces se les insulta o intenta desacreditar desde el Gobierno cada vez que sus sentencias o autos no se ajustan a sus deseos.

Ahora, los juristas expertos de la OSCE vuelven a dejar en evidencia tanto al Gobierno como a quienes, entre sus socios, montaron aquella polvareda declarativa en la que se escucharon barbaridades del tipo «golpe judicial a la soberanía del pueblo», cuando en realidad el TC no hizo otra cosa que evitar la vulneración de uno de los principios esenciales del Estado de derecho. La reprimenda de la OSCE no deja lugar a dudas de quién estaba erosionando al Poder Judicial.

Recordemos que las maniobras de acoso del Ejecutivo a la Justicia han incluido atropellos tan sobresalientes como liquidar las competencias legales del CGPJ cuando este se encuentre en funciones, una vez caducado su mandato. Desde entonces, los retrasos en los nombramientos de jueces y magistrados de tribunales o salas van camino del centenar. Otro colapso. A la Justicia le habría ido mucho mejor si todo el empeño que ha puesto el Gobierno en esos atajos para garantizarse su control (por ejemplo el del TC) los hubiera dedicado a esforzarse en alcanzar un pacto con el PP que ponga fin al escandaloso retraso en la renovación del CGPJ. Llueven las advertencias, no es extraño que Europa nos vigile.