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Internacional

Crimen de Lucía Garrido: 15 años y dos juicios para hacer justicia

Lucía Garrido (35 años), madre de una hija y en trámites de divorcio, fue golpeada con un ladrillo en la cabeza, apuñalada y después asfixiada. Todo eso antes de que le arrancaran los pendientes y dejaran su cadáver abandonado en la piscina de la finca Los Naranjos de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde se cometió el crimen. Cuando fue encontrado, su cuerpo sin vida estaba flotando en el agua. Corría el 30 de abril de 2008. Las primeras pesquisas de la Guardia Civil apuntaban a un suicidio. No había caso, por tanto. Sin embargo, el forense, al examinar el cadáver lo tuvo claro: la mujer había sido víctima de un asesinato. Echó así por tierra aquel primer atestado y entonces arrancó un largo proceso para hacer justicia que ha estado sembrado de irregularidades y que, quince años después del brutal asesinato, tiene una segunda oportunidad. Con toda probabilidad, la última.

Once años pasaron hasta que se celebró la primera vista oral, en la que cuatro acusados se sentaron en el banquillo. Fue en septiembre de 2019 y en la sala de vistas, como autores de los hechos, estaban el exmarido de Lucía, el hombre a quien supuestamente encargaron el homicidio y dos guardias civiles, según algunos indicios socios en negocios turbios de la expareja de la víctima. En todo ese tiempo desfilaron cinco jueces de instrucción y las demoras eran una constante.

En esos años, además, dos testigos protegidos fueron asesinados y se registraron denuncias por parte de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de que se habían destruido pruebas… Por ejemplo, la versión oficial explica que una inundación acabó con varios DVD de conversaciones intervenidas a los acusados, así como con los registros de las llamadas entrantes y salientes del móvil del marido de Lucía Garrido el día del crimen. Pruebas importantes para demostrar una posible culpabilidad.

«No creo que sea casualidad. Hay otro caso relacionado con estos acusados en el que también se pierden los registros de llamadas entrantes de un teléfono en otra inundación», afirma Ignacio Carrasco, ex secretario general de la AUGC en Málaga, que lleva la acusación popular desde el inicio. Rosa Garrido, la hermana de Lucía, y esta asociación profesional de la Benemérita fueron los que lograron sentar en el banquillo al marido de Lucía a pesar de que la Fiscalía no lo acusaba. De nuevo tendrá que responder ante un tribunal.

La acusación popular fue la que situó la finca Los Naranjos como base de operaciones de una red criminal. Consiguieron indicios de que allí se vendían animales exóticos de forma ilícita, perros y de que el lugar se utilizaba también como ‘guardería’ (almacén, en el argot) de droga. Tasaron que los negocios ilícitos que se llevaban a cabo desde esa propiedad reportaban al marido de Lucía Garrido unos 40.000 euros al mes. La mujer, según su hipótesis, era un peligro para ese negocio y esos ingresos, puesto que tras el divorcio logró una resolución judicial por la cual se quedaba con la residencia.

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La misma finca, por cierto, donde un año después de la muerte de Lucía, su exmarido habría acabado con la vida de dos colombianos. Curiosamente, en este caso también se perdieron pruebas por otra inundación. Estos crímenes están aún pendientes de juicio, al que se ha llegado pese a que se trató de cerrar la investigación como un asunto de defensa propia. De hecho, se archivó el caso en la fase de instrucción, pero la Audiencia de Málaga, de oficio, revocó la medida. No era el momento procesal para tomarla. La vista oral por estos hechos está a la espera de que se subsane un error en una prueba pericial, lo que ha causado una demora de dos años.


Una fotografía de la víctima con la que era su pareja


ABC

En 2019, los acusados por matar a Lucía Garrido fueron a juicio, pero salieron absueltos. En el eje de la decisión del jurado estuvo no dar veracidad a la grabación de un testigo protegido, así como las dudas sobre el ADN del asesino encontradas en unas llaves junto al cadáver. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó repetir el juicio al estimar una apelación de la hermana de la víctima, al tiempo que rechazaba la de la Fiscalía para anular la sentencia absolutoria. Decisión que confirmó más tarde el Supremo tras un recurso del exmarido de Lucía Garrido contra la decisión del tribunal andaluz.

La sentencia del TSJ fijaba su atención en las incoherencias en el veredicto del jurado. Su análisis detectó «un defecto insubsanable que determina su nulidad». El jurado no había alcanzado en dos de los puntos las mayorías necesarias para declarar los hechos probados. Eso provocó lo que el TSJA definió como un «jurado colgado» que dictó «unas absoluciones indebidas».

Los problemas surgieron a la hora de concretar la ejecución material de la muerte de Lucía. En ese punto seis miembros del jurado consideraron probada la autoría, mientras que tres estimaron que no había elementos para ello. Además, tampoco hubo la mayoría requerida respecto a la entrega de las llaves con restos de ADN del asesino, un extremo que obtuvo cinco votos a favor de ser declarado probado y cuatro en contra. En este punto, el fiscal incluso abrió investigación por falso testimonio contra los peritos de la Guardia Civil, que tendrán que ir a juicio.

Vuelta al banquillo

Además, no hubo tampoco mayoría suficiente en todas las exculpaciones. Así, el tribunal reseñó que tanto el exmarido de Lucía Garrido, como el supuesto autor material del asesinato debían volver a sentarse en el banquillo. Los dos guardias civiles inculpados quedaron absueltos. «Es de todo punto evidente la causa de nulidad en que incurre el veredicto, al considerar no probados hechos (desfavorables) que habían sido declarados por seis o por cinco votos, y al declarar no culpable a un acusado respecto del que seis jurados habían votado por declararlo culpable», explica la sentencia del TSJA, en referencia a la expareja de la víctima.

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El próximo 23 de octubre los dos principales acusados volverán al banquillo. Se han pedido medidas extraordinarias para que no se repitan errores pasados, como la mezcla en zonas comunes sin vigilancia, por ejemplo los servicios de los juzgados, de los acusados con los jurados. Además, esta vez la Fiscalía ha pedido que uno de los testigos, que se desdijo de su declaración ante notario, tenga la consideración de testigo protegido.

La acusación popular explica que el principal objetivo es que en esta ocasión el proceso no tenga «anomalías» ni se pueda ver salpicado por sospechas de que hay algún tipo de manipulación. Una vista oral, por lo demás, a la que el exmarido de Lucía Garrido llegará ya condenado por un delito de narcotráfico en el caso Edoa, que se remonta a 2010.

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