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Opinión

Ponsatí pasea su esperpento

editorial

La dirigente independentista regresa a Bruselas para continuar con su ‘show’ victimista tras beneficiarse de la despenalización de la sedición en España

Editorial ABC

El exhibicionismo de la dirigente independentista catalana Clara Ponsatí, primero con su regreso a España después de cinco años huida para no responder ante la justicia, y después con su inmediato retorno a Bruselas a continuar con su ‘show’ victimista, demuestra que también en las instituciones europeas pueden darse episodios de esperpento político. Ponsatí es eurodiputada, y fue esa la condición que esgrimió ante los Mossos d’Esquadra para evitar ser detenida. Pero todo formaba parte de un espectáculo perfectamente diseñado por el separatismo catalán y por el propio Carles Puigdemont. Sabía que iba a ser detenida, y cuando lo fue ya estaba rodeada de simpatizantes para dar una imagen represiva de España. Toda su obsesión era demostrar que estaba siendo arrestada injustamente y manejar esa imagen por toda Europa. Sin embargo, sabía perfectamente que iba a quedar en libertad horas después, que era inviable jurídicamente su ingreso en prisión, por mucho riesgo de nueva fuga que hubiese, y que de lo que se trataba era de dar la mayor difusión internacional posible a su particular ‘performance’. De alguna manera, el Parlamento Europeo sirve como escenario propiciatorio de una delincuente que si está en libertad es sólo porque el Gobierno español ha despenalizado la sedición –el delito por el que estaba acusada y por el que se fugó–, y porque solo es posible acusarla ahora de un delito de desobediencia durante el ‘procés’ del 1-O. Y ese delito no está castigado con cárcel, sino con inhabilitación.

Ponsatí jugaba con las cartas marcadas para dar un golpe de efecto político a dos meses de las elecciones. No venía a entregarse al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ni a reconocer que delinquió, sino a tratar de ridiculizar a nuestros Tribunales amparada, como está, por una nueva legislación que sólo ha servido como soporte al separatismo catalán y al indulto encubierto. Algo tendrá que reflexionarse en las instituciones europeas cuando se ofrece cobertura política a alguien que en realidad quiso provocar una ruptura en un Estado miembro y aún se ufana de ello.

Igual de manipuladora fue la reacción oficial del Gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recurrió a un argumento muy tramposo. Presumió de que la política de Pedro Sánchez para Cataluña es la que ha permitido que Ponsatí «y otros» regresen a España para ser juzgados, cuando en realidad lo que ocurre es lo contrario: regresan a España cuando se ha desapoderado a los Tribunales de los instrumentos jurídicos necesarios para seguir manteniendo una acusación grave. Tanto se ha desnaturalizado el Código Penal en este sentido que esgrimir que el Gobierno ha conseguido lo que nadie había logrado antes es pura ciencia-ficción. La prueba evidente es que ni Puigdemont ni Antoni Comín tienen, de momento, el ‘valor’ que sí se atribuye a Ponsatí, por la sencilla razón de que ambos están acusados de malversación de caudales públicos y su delito sí conllevaría directamente prisión preventiva. Carece de sentido que el Gobierno se haga trampas al solitario: solo se ha ‘entregado’ quien sabía a conciencia que los jueces apenas pueden ya ni rozarla. Además, lo que no aclaró la ministra Montero es a qué precio «ha cambiado radicalmente la situación en Cataluña desde 2017». Esa ‘pacificación’ que el Gobierno se atribuye con delincuentes deseosos de entregarse ahora a la justicia solo se ha conseguido a base de indultos, despenalizaciones, desautorizaciones a la Fiscalía y ofensas al Tribunal Supremo. Maquillar lo que realmente está ocurriendo, en Europa y en España, es un error que desprotege nuestra democracia.

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