En primera instancia, debe decirse que no se previó un razonable período de transición, que permitiera identificar casos que precisan de medidas ad hoc, así como que tampoco se advirtió que existen compromisos contractuales a cargo del sector público que no permiten cancelar y mantener en la indefinición la cuenta de cargo o disposición.
CFE y PEMEX se hallan en un entorno gris. Serán exceptuados de la aplicación de la medida, si no se quiere provocar disrupción en la proveeduría; en el cumplimiento oportuno de pago de adeudos financieros, y en su operación industrial. Son más de 250 dependencias y entidades que forman parte de la Administración Pública Federal a las que se les pretende hacer entrar a un hoyo negro en materia de programación y pago de compromisos financieros.
Sin contar con un padrón de cuentas, la TESOFE ordenó cancelar todas las cuentas bancarias en México y en el extranjero, haciendo caso omiso del pago a becarios, sueldos de funcionarios asignados al exterior, pago de rentas y de múltiples servicios en el exterior. Ello, al tiempo de imponer un ingenuo esquema de autorización centralizada de apertura y registro de cuentas que, lejos de dar orden, provocará pequeños incendios que, en pocos meses, exhibirán los indeseables efectos de hacer nombramientos caprichosos, alejados de mínimos de preparación y experiencia.
Es fácil adivinar que rápidamente quedarán al descubierto bancos cercanos al poder, los cuales, sin mayor distintivo que esa condición, se apoderarán de enormes caudales, alegando supuestas reducciones en el cobro de comisiones, las cuales se compensarán, con creces, con el floating. Será así, dado que la estructura y sistemas del Banco del Bienestar quedarán más que rebasados.
