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Internacional

La automoción de Castilla y León asume con «desconcierto» las nuevas normas europeas de emisiones

Con cuatro plantas ensambladoras, una más de motores, más de un centenar de grandes proveedores y 35.000 puestos de trabajo, la automoción es uno de los motores de la economía de Castilla y León, a la que aporta el 25% de su PIB (Producto Interior Bruto) industrial. Así que en el sector y en la Junta ven con «preocupación» las nuevas normas comunitarias que afectarán a la producción de vehículos. Así lo han manifestado en la Mesa de la Automoción, que sienta a productores y administración, reunida esta semana, según han dado a conocer desde el Gobierno regional.

Un encuentro para abordar «los desafíos» a los que se enfrenta el sector, dentro del marco geopolítico actual y el «impacto» que la norma europea de emisiones Euro 7 puede tener. Un nuevo marco regulatorio que está causando «inquietud» en el mundo del motor, que ve el «primer escollo» en los nuevos límites de emisiones para óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas, hidrocarburos, metano y amoniaco.

Su entrada en vigor afectará a todos los vehículos que se matriculen por primera vez a partir del 1 de julio de 2025, lo que «sume en un profundo desconcierto al sector», han señalado desde la Junta tras la reunión de la Mesa de la Automoción de Castilla y León. Y es que, la Euro 7 impone adaptaciones de la producción «de elevada cuantía» y que, además, «quedarían de nuevo obsoletas sin finalmente se produjera la prohibición de la comercialización de los coches de gasolina y diésel en 2035».

Sin olvidar, alertan, que para los productores «parece imposible» que en poco más de un año y medio puedan abordar las distintas pruebas de homologaciones y sus correspondientes certificaciones.

En el encuentro, convocado por por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, también han participado los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, e Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, para trasladar al sector su «pleno apoyo y disposición a defender la automoción de Castilla y León en todas las instancias necesarias, conscientes de su valor estratégico en la economía y el empleo de la Comunidad».

Así, el vicepresidente ha mostrado su «deseo» de consensuar «con todos» los asistentes a la Mesa -en los que también se encuentran empresarios y sindicatos- un documento de conclusiones «que sirva de base para defender desde la unidad los intereses del sector en Castilla y Leon y alertar, con la máxima fuerza, al Gobierno de España y a la Unión Europea de un grave problema que provocará, según los fabricantes de automóviles, el cierre de líneas de producción y plantas en todo el continente».

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«Que Sánchez deje de castigar a las regiones más leales»

En este sentido, García-Gallardo ha recalcado su «preocupación» ante las posibles consecuencias que esta normativa pueda tener en el empleo, tanto en el sector sector como en sus industrias auxiliares. A la vez, ha reiterado el «compromiso» de la Junta por defender las demandas de productores y trabajadores en todas las instancias. En este sentido, ha pedido al Gobierno central de Pedro Sánchez que «deje de castigar a las regiones más leales con España» y que piense «en la economía, las empresas, los trabajadores y sus familias a la hora de legislar».

La desventaja de Europa frente al empuje industrial de China; la escasez de semiconductores, los costes de los transportes, de energías y de materias primas; o las condiciones y certezas que pueda ofrecer el nuevo PERTE, que en la última convocatoria dejó sin adjudicar alrededor de 2.200 millones de euros en el PERTE VEC han sido otros de los asuntos tratados en la Mesa de la Automoción de Castilla y León.

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