La gestión de un error

El pasado lunes, y después de mantener una posición errática con respecto a las consecuencias prácticas de la Ley de garantía de la libertad sexual, el Gobierno dio a conocer por boca de tres ministros socialistas que esta norma se modificaría a través de una iniciativa parlamentaria. Los efectos confesamente indeseados de la ley y la preocupación social que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dijo compartir, justificaron el anuncio de la modificación con carácter inminente. A partir de aquel momento, la confrontación entre el ala morada del gobierno y la parte socialista ha ido creciendo. Aunque la enmienda legislativa se ha planteado como una prioridad para el PSOE, desde Unidas Podemos se ha optado por intentar salvaguardar la norma. Tras una semana de intensas negociaciones no existe, todavía, un punto de encuentro que sirva para revertir la alarma social que ha generado la rebaja de las penas. A pesar de la urgencia consignada, en el día de hoy se desconoce el contenido de la proposición de ley anunciada como solución.

Existe un debate posible acerca del punitivismo y de la finalidad de las penas. Sin embargo, la reflexión informada y la justa atención a los matices se truncaron en el momento en el que se intentó hacer de esta causa una bandera de agitación política. La Ministra de Igualdad, Irene Montero, quiso convertir las advertencias de reputados juristas en «propaganda machista» y tras la aprobación de la ley del ‘sólo sí es sí’ se ha intentado acusar a la judicatura, compuesta mayoritariamente por mujeres, de no aplicar la norma conforme al espíritu con el que había sido concebida. Lamentablemente, lo que conforme al criterio del Partido Socialista debe interpretarse como un error de técnica jurídica todavía no se ha reparado por una disputa interna entre ministerios.

Una norma de tanta importancia habría requerido un tratamiento mucho más responsable y, sobre todo, un marco deliberativo a la altura de la dignidad de aquello que se intentaba proteger. La desastrosa tramitación de esta ley, que incluye la ocultación de un informe preceptivo del Ministerio de Justicia, así como la frivolidad con la que se ha intentado capitalizar políticamente esta iniciativa, han desnaturalizado por entero un propósito que pudo ser legítimo. O bien la rebaja de los castigos fue intencionada, y entonces debería explicarse, o bien las cuatrocientas rebajas de penas es indeseada y, en tal caso, la norma debe revertirse de forma inmediata. Lo que a todas luces parece un ejercicio de irresponsabilidad es retrasar la modificación de esta ley sólo por una falta de sintonía entre los dos socios de gobierno. Cada minuto que se mantiene en vigor una norma que gran parte del Ejecutivo considera imperfecta es una razón más para desconfiar de la capacidad política y legislativa de este Gobierno.