El respaldo, en buena medida, no se basa en la valoración de la gestión cotidiana, pero, tarde o temprano, descansa en la ponderación de resultados, éstos, inevitablemente, se sienten en el bolsillo, así como en las condiciones de salud, seguridad y educación, mismas que cualquiera de nosotros comprende vivencialmente al margen de las estadísticas. De forma que, sin saberlo, los políticos diariamente ganan y pierden puntos en confiabilidad, pero acusan recibo hasta que los procesos electorales les pasan factura. La confianza en ocasiones tarda años en ganarse, pero puede perderse con enorme rapidez.
En el mundo de las finanzas, la certeza, entendida como la condición de saber qué esperar, hace toda la diferencia para invertir; adoptar medidas de expansión comercial e industrial, así como para ofrecer mejores condiciones laborales en el mediano y largo plazo.
En lo económico no existen recetas infalibles, ni resultados necesarios, pero los proyectos se construyen a partir de certezas razonables en aspectos cambiarios; de tasa de interés, e inflación, así como en el poder contar con ambiente regulatorio eficaz, en el que el sector público tiene un claro y definido carácter como garante de la seguridad jurídica. El papel redistributivo del sector público, sin que éste se asuma como desleal competidor del sector privado, permite construir mercados ordenados y eficientes.
El plan B subvierte de manera frontal y drástica ambos referentes. Impacta de manera severa la credibilidad en el proceso comicial, al derruir las bases sobre las cuales, a lo largo de décadas, se construyó un andamiaje institucional confiable, en el que los ciudadanos y el aparato de estado articulan esfuerzos en la planeación, organización y ejecución de la jornada electoral.