Ese es el título del artículo de Ana Laura Magaloni publicado ayer sábado en Reforma. Ella, abogada conocida y prestigiada, tiene méritos para ser ministra de la SCJN. En 2019 el presidente AMLO la propuso para llegar a la cúpula del poder judicial, pero no lo logró: el Senado prefirió a Margarita Ríos Farjat. No dudo que, en el mediano plazo, la señora Magaloni llegará a esa meta, que debería ser la más apreciada por cualquier persona que se dedique al derecho.

Según Magaloni estamos en “el momento más desafiante del sexenio de AMLO”, el de cambiar a quienes encabezan dos de los poderes de la nación, el ejecutivo y el legislativo. Momento complicado, sin duda. La estabilidad depende en gran medida del tercer poder, el judicial, en el que no habrá cambios, o no hay planes para que los haya antes de las elecciones de 2024. Está visto que Yasmín Esquivel no renunciará por el escándalo de la tesis y, afortunadamente, ministros y ministras de la SCJN parecen gozar de excelente salud, así que nadie dejará el cargo por muerte o enfermedad absolutamente incapacitante. Toco madera y que así sea.

En su escrito, Magaloni dice que la corte debe invalidar las reformas a la ley electoral recientemente aprobadas en el poder legislativo, el famoso plan b de Andrés Manuel López Obrador. No estoy seguro de que sean contundentes sus razones para llegar a tal conclusión. Ella solo defiende, sin datos ni argumentos objetivos, a la estructura burocrática del INE, que por motivos de austeridad —necesaria austeridad, en mi opinión— tendrá que ser recortada.

Magaloni coincide con consejeros y consejeras del INE en que resulta “imprescindible que la corte preserve la burocracia electoral que ya sabe y tiene experiencia en organizar una elección”. La pregunta que le haría a la jurista es si debe preservarse toda la burocracia del Instituto Nacional Electoral. ¿Tan inútiles son sus administradores como para no arreglárselas con menos para seguir haciendo lo mismo? En los grandes proyectos siempre es posible hacer lo mismo —y hasta hacerlo mejor— con menos dinero y disminuyendo la cantidad de personas en la nómina.

Supongo que la corte suprema no está para tomar decisiones sobre asuntos más propios de la ingeniería industrial que de la sabiduría jurídica. ¿O ministros y ministras realmente han manejado grandes empresas y tienen calificaciones suficientes como para saber hasta qué punto debe ajustar sus costos el INE? ¿Contratarán consultores para realmente saber si es posible, o no, que el INE haga lo mismo con menos? Por lo demás, ¿qué tiene eso que ver con la constitucionalidad? Según sé, el artículo 134 de la Constitución no solo permite la austeridad republicana, sino que hasta la exige en el servicio público.

Magaloni no se mete con la otra crítica que ha hecho la comentocracia relacionada con el plan b: permitir a los funcionarios que pueden libremente expresarse sobre temas electorales. ¿Puede ser inconstitucional la libertad de expresión? La vigente es una prohibición boba que a nadie detiene. La gran mayoría de la clase política vive de recursos públicos y sus integrantes son buscados por los medios de comunicación por los cargos que desempeñan. Todos y todas en Morena, el PRI y el PAN a diario dicen que quieren llegar a la presidencia. Si eso ya es una realidad, la corte debería permitirlo abiertamente y santo remedio. ¿O no es sano acabar con la simulación? Creo que la señora Magaloni lo comprende así y por eso ni lo menciona.

En fin, lo que vale mucho la pena del artículo de Ana Laura Magaloni es su comentario acerca de lo que podrían hacer ministros y ministras cuando tomen su decisión sobre ese asunto:

“¿Cómo se puede frenar el choque de trenes que subyace en el Plan B? En forma inmediata, le toca a la Suprema Corte suspender las nuevas leyes electorales”.

“La suspensión es complicada. Primero que nada, solo existe un precedente: la Ley de Remuneraciones. Además, la suspensión la decide centralmente una sola persona: el o la ministra a la que por turno le toque el asunto. No es, por lo tanto, una decisión judicial arropada por varios miembros del tribunal. Si esa o ese ministro ponente suspende el marco normativo, la resolución va a ser impugnada por el presidente. La última palabra la tendrá alguna de las dos salas. En todo caso, este asunto va a confrontar fuertemente a la corte con el presidente y con Morena. ¿Cómo se debe gestionar ese conflicto? ¿Cuáles son los riesgos para el Poder Judicial? ¿Cómo prevenirlos? Sin duda, estamos en un momento crucial para el desenlace final del 2024. Es momento de cuidar y arropar a los árbitros”.

Advertisement

Ana Laura Magaloni

Pregunté a gente que sabe bastante de estos asuntos por el artículo de Magaloni y varias veces recibí la misma respuesta: “Un gran texto de una jurista de primer orden”. Pero, además de lo anterior, pedí detalles acerca de cómo procederá la corte cuando tenga que analizar el plan b electoral. Y, si entendí correctamente lo que varios expertos me dijeron, no es cierto lo afirmado por la articulista de Reforma acerca de que “la última palabra la tendrá alguna de las dos salas”. Insisto, si comprendí a especialistas en el tema la última palabra en un asunto tan complejo necesariamente la tendrán 7 ministros y 4 ministras del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

√ No es cierto lo que dijo Magaloni sobre que solo hay un precedente, el de la Ley de Remuneraciones. Me hablaron de otro, pero no recuerdo cuál. Da igual, no es relevante ahora.

√ En efecto, como ha explicado Magaloni, “la suspensión la decide centralmente una sola persona: el o la ministra a la que por turno le toque el asunto”. En este caso la ministra presidenta Norma Piña tendrá que ser absolutamente transparente al dar a conocer cómo fue que “por turno” le tocó la papa caliente electoral a determinada persona. Porque habrá en la corte quienes se hayan ya convencido de que es inconstitucional el plan b, pero también hay ministros y ministras que tengan dudas e inclusive piensen que el plan b no representa ningún problema. Enseguida un pronóstico:

• Luis María Aguilar Morales dirá que es inconstitucional el plan b electoral. Su voto lo anticipó la semana pasada en otra votación, en la que estuvo en contra de declarar constitucional la reforma del congreso capitalino que eliminó, por austeridad, algunas áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
• Alberto Pérez Dayán coincide con Aguilar Morales: afirmará que es inconstitucional el plan b. Dio una pista muy clara acerca de su pensamiento al también votar en contra de quitarle recursos al IECM.
• Norma Lucía Piña Hernández estuvo con los dos anteriores en la votación sobre los recortes a la autoridad electoral capitalina, así que seguramente pensará que es inconstitucional el plan b —que en esencia propone lo mismo, aunque a nivel nacional, que la corte ya discutió para la Ciudad de México: austeridad en la organización de las elecciones—. Debe destacarse el hecho de que la ministra presidenta, precisamente por ser la presidenta, no será la que reciba y analice de arranque las reformas electorales que tanto debate han generado.
• Jorge Mario Pardo Rebolledo no solo votó a favor de las reformas al instituto electoral de la capital mexicana, sino que fue el ponente del proyecto que avaló que se declararan constitucionales. Supongo, entonces, que podrían ser suyas estas palabras de un boletín oficial de la propia corte suprema: “La aplicación del principio de austeridad republicana no invade la autonomía de los órganos autónomos o la posibilidad de desarrollar sus funciones sustantivas, pues resulta acorde con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a que se refiere el artículo 134 de la Constitución federal y que son aplicables al gasto público”. Creo que al ministro Pardo Rebolledo le costaría bastante trabajo argumentar, en el caso del plan b, que la austeridad republicana que ya vio acorde con el artículo 134 de la Constitución de pronto contradiga a tal artículo. Si he leído en forma adecuada lo que ya decidió la corte sobre la ley electoral capitalina, la Constitución no solo permite al gobierno buscar la austeridad, sino que la exige porque, evidentemente, quienes redactaron el artículo 134 sabían que las estructuras burocráticas, si se les deja engordar, se vuelven tan obesas que no aceptarán ponerse a dieta. Es el caso del INE excesivamente gordo y glotón. Jorge Pardo para cambiar de opinión tendrá que ser un mago de la argumentación. Él es ministro de la corte, no un político; es jurista, no grillo. Así que no tiene la gran ventaja que Borges veía en las personas entregadas a la política, esto es, a la lucha por el poder: que no necesitan ser coherentes. Los hombres y las mujeres de leyes deberían serlo, ¿o no es así?
• Arturo Zaldívar Lelo de Larrea votó a favor de la constitucionalidad de las reformas a las ley electoral de la CDMX, ¿tendría argumentos para decir que cambios muy parecidos son inconstitucionales solo porque a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama se les pega la gana que así sea?
• Margarita Ríos Farjat está en la misma situación que Zaldívar. ¿Cómo resolverá semejante conflicto intelectual?
• Javier Laynez Potisek también apoyó la constitucionalidad de los cambios al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, ¿podría dar un triple salto mortal dialéctico para salir con que reformas similares a nivel nacional son inconstitucionales?
• Juan Luis González Alcántara Carrancá es otro ministro que estuvo por la constitucionalidad de los cambios en la legislación electoral de la CDMX. ¿Por qué razón reformas casi idénticas a nivel nacional tendría que considerarlas inconstitucionales?
• Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena igualmente apoyó la austeridad en la institución electoral capitalina, ¿por qué habría de cambiar de opinión en lo relacionado con el INE? ¿Solo porque la comentocracia y los partidos de oposición han visto en la idea de eliminar el derroche una oportunidad para golpear a la 4T? Para el ministro Gutiérrez Ortiz Mena hay aquí una oportunidad de demostrar que su criterio jurídico lo aplica al margen de sus intereses y de la ideología. Y es que cuando votó a favor de la constitucionalidad de la ley eléctrica fue señalado por algunas personas que afirmaron que él lo había hecho para ganar el apoyo de la 4T en su búsqueda de la presidencia de la corte. No hubo tal; de hecho AMLO lo vetó, creo que por cuestiones ideológicas y por haber colaborado con Felipe Calderón. Ahora puede estar de nuevo con el gobierno de izquierda sin que se que se le acuse de buscar nada a cambio.
• A Loretta Ortiz Ahlf ni le pregunto: ella normalmente coincide con los proyectos del presidente López Obrador.
• Yasmín Esquivel Mossa tampoco estará contra el plan b propuesto por AMLO, menos en su actual situación. Y es que Andrés Manuel no solo la propuso para llegar a la corte, sino que ella se sostiene como ministra a pesar del escándalo de su tesis, en gran medida gracias al apoyo político de un presidente que sabe hacer política, y la hace.

Hay ingenuidad en la comentocracia que da por segura una inmediata suspensión de las leyes electorales. Si no viera ninguna inconstitucionalidad el ministro —o la ministra— que por sorteo deba decidir el caso, sería absurdo que suspendiera el plan b.

Desde luego, si no se suspendieran los cambios electorales, alguien reclamaría y se iría el debate a alguna de las dos salas. Lo mismo pasaría si la suspensión se diera.

La que no es obligatorio, o no debería serlo, es la suspensión solo porque la pidan los partidos de oposición, el INE y Lorenzo Córdova, quien por cierto mamonamente dijo en una lengua muerta que él y su acólito Ciro Murayama intervendrán en el debate como amicus curiae. Estos tipos no entienden que, ya casi fuera del instituto electoral que durante tanto tiempo dirigieron, lo mejor que podrían hacer es seguir el consejo masónico: Audi, vide, tace, si vis vivere in pace. Así, en lengua muerta para estar a tono con la vasta cultura universal de ambos personajes, que si fueran conscientes de lo que viene se conformarían con ser solo espectadores pasivos. Tratar de seguir influyendo cuando ya no les toca solo les representará serios problemas.

No sé si sea un precedente la votación en la corte sobre la austeridad en el instituto electoral de la Ciudad de México. Pero sí ha sido una discusión que obligará a grandes acrobacias jurídicas a ocho ministros y ministras si intentaran mantener la congruencia en caso de opinar de distinta manera en el mismo debate pero a nivel nacional.

Creo que no. Lo que me han dicho es que una vez que cualquiera de las salas tome una decisión todavía podría haber inconformidades que llevaran el plan b al pleno de la corte suprema. Aquí bastarían cuatro votos para que las reformas defendidas por la 4T se mantuvieran. Y, si nos basamos en lo argumentado por ministros y ministras en relación a los cambios legislativos electorales capitalinos, podría haber fácilmente más de cuatro votos a favor de bajarle el costo al INE.

La verdad de las cosas no entiendo por qué tendría que ser inconstitucional la austeridad. Después de tanto tiempo de autoridades electorales con enormes presupuestos para eliminar la posibilidad de fraude, ya debería ser hora de buscar hacer lo mismo con menos dinero. Por cierto, es un cuento eso de que el INE siempre ha sido limpio. Cuando se llamaba IFE, en 2006, permitió que un partido, el PAN, se robara las elecciones.

Hay en todo esto un peligro enorme para la sociedad mexicana. Es el siguiente:

√ Que Ricardo Monreal siga jugando al Tío Lolo en el Senado, esto es, que pasen todavía semanas antes de que termine de aprobarse el plan b.

√ Que se tome mucho tiempo el ministro o la ministra que en principio analice el plan b.

√ Que la sala a la que llegue el asunto sea lenta y decida suspender las reformas a la ley electoral ya con el arranque del periodo electoral encima.

√ Lo anterior podría implicar que empezara el proceso electoral —me parece que en junio— antes de que el pleno de la corte diera la última palabra.

√ En tal escenario, antes de que el pleno decidiera, el periodo electoral comenzaría con la ley tal como estaba antes del plan b.

√ Si en el pleno de la corte cuatro o más ministros y ministras no consideraran inconstitucional el plan b, entonces con el proceso electoral ya avanzado se tendría que cambiar la ley para regularlo.

√ Eso sería tan lamentable como hubiera sido si a los cinco minutos de iniciado el Francia-Argentina en Qatar 2022 la FIFA hubiera cambiado las reglas para aplicar, ya no las del futbol, sino las del basquetbol.

Creo que todos y todas en la SCJN ya saben lo que van a decir sobre el plan b. Son muy inteligentes y leen cuidadosamente los diarios. Propongo que informan la decisión que ya tomaron a la opinión pública; desde ahora mismo, sí. Informalmente, amparados en un principio constitucional, el de la libre expresión que no puede ser limitada por nadie ni por nada.

Sería maravilloso que lo hicieran para tener ya certeza acerca de algo tan importante como la elección presidencial de 2024. Si el plan b no va a pasar, tenemos derecho a saberlo a ala brevedad posible. Y, por el contrario, si a pesar del griterío van a aplicarse las reformas de la 4T, tendremos que saberlo también. No tiene sentido angustiarnos durante dos o tres meses. Los partidos necesitan saber a qué atenerse, lo mismo las corcholatas de todos los institutos políticos. Los procedimientos y los tiempos de la corte no tienen por qué ser un problema en vez de una solución. ¿O acaso es inconstitucional el sentido práctico de la vida?

Fuente