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El PP ve ya la ley de plazos como una realidad social y se centra en las menores

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La polémica sobre el ‘protocolo fantasma’ para mujeres embarazadas en Castilla y León ha servido para que el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, fije su postura sobre el aborto con claridad, después de años en los que este asunto fue especialmente incómodo para esta formación política. Tanto fue así que acabó en 2014 con la carrera política del que fuera ministro de Justicia con Rajoy e impulsor de una reforma de la ley Aído, Alberto Ruiz-Gallardón. Aquella nueva ley acabó en la papelera y el PP se limitó en 2015 a aprobar un cambio puntual para que las menores de 16 y 17 años no pudieran abortar sin consentimiento paterno.

En el último congreso del PP que tuvo ponencia política, el de 2017, se salvaba el apartado del aborto con una defensa del derecho a la vida, sin entrar en detalles: «El Partido Popular está firmemente comprometido en la defensa y protección del derecho a la vida. Continuaremos desarrollando planes de apoyo a la maternidad (…)»

A partir de julio de 2018, con Pablo Casado como presidente nacional del PP, tras ganar las primarias a Soraya Sáenz de Santamaría, el aborto continuó siendo un tema prácticamente tabú. Nadie dudaba de la posición provida del partido ni de su presidente en particular, pero en Génova optaron por no agitar un asunto que podía producir una fuga de votos por el centro, y se remitieron siempre a lo que resolviera el Tribunal Constitucional.

Ha sido en las últimas semanas cuando Feijóo y su portavoz de campaña, Borja Sémper, han tomado las riendas para fijar con claridad la posición del PP, con un giro evidente. Desde Génova se habla ya sin tapujos del aborto como ‘derecho de la mujer’, algo impensable en el partido hace solo un año. Feijóo aseguró con rotundidad, en declaraciones públicas, que la ley de plazos, actualmente en vigor, no es un problema para el PP, ya que es una realidad social aceptada. Por eso, el foco lo ponen en el aborto de las menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno, una medida que queda consagrada en la nueva ley que está en tramitación parlamentaria. Es ese punto, según Feijóo, el que produce rechazo en el centro-derecha y en parte de la izquierda. Por eso en Génova entienden que su posición no causará ningún malestar en el electorado potencial al que aspiran ante las elecciones, y que abarca también el centro-izquierda.

En Génova recuerdan además que no tienen ningún poder de decisión sobre una hipotética retirada del recurso de 2010 ante el Constitucional, ya que este lo presentaron más de 50 diputados, y serían ellos los que tendrían que acordar su retirada. Muchos ni siquiera están en política ya.

Recusación

Precisamente, varios firmantes de aquel recurso en 2010 han pedido ahora la recusación de Cándido Conde-Pumpido, así como las de Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel, en la próxima deliberación sobre ese asunto. El exministro Federico Trillo, así como José Eugenio Azpíroz, Teófilo de Luis Rodríguez, Eva Durán y Carmen Álvarez Arenas consideran que esos cuatro magistrados no podrían ser imparciales al haber actuado de alguna manera a favor del proyecto de ley durante su elaboración.

Respecto a la nueva ley que está ahora en tramitación parlamentaria, el PP tiene presentado un veto en el Senado, que previsiblemente será rechazado, y más de 70 enmiendas al articulado. Ahí se incluye que las menores necesiten consentimiento paterno, que se recuperen los tres días de reflexión y que se elimine la lista de objetores de conciencia.

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La fiscal censura el «electoralismo» de Serret ante el TSJC: «Aquí no se está juzgando a ningún votante del 1-O»

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La consejera catalana Merixtell Serret ha llegado este miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) arropada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del Govern, Pere Aragonès. Ante la sala, se ha negado a contestar las preguntas de todas las partes, incluidas las de su abogado, Iñigo Iruin. A cambio, ha pedido al magistrado presidente realizar «una breve manifestación». Cuando éste la ha emplazado al turno a la última palabra, la actual titular de Exteriores se ha marcado igualmente el ‘speech’, pero tras una única pregunta de su defensa. «Me reafirmo en que el 1-O no fue un delito. Es importante que una sociedad democrática pueda decidir su futuro político. El referéndum fue una expresión del principio de soberanía democrática a través de un voto pacífico», ha señalado.

Entre sus argumentos, que ella, como miembro del Ejecutivo catalán, acató el mandato del Parlament, con mayoría independentista. «Tengo la convicción de que el derecho a la autodeterminación es un derecho vigente. Desde el Govern debemos cumplir los mandatos parlamentarios», ha proseguido para alegar que, «tras un juicio ponderativo» ante los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC), que la apercibió, «una mayoría instó a seguir adelante con el 1-O».

«La acusada no puede pretender que su criterio valorativo se imponga a la resolución» del Constitucional, ha rebatido la fiscal. «En un Estado democrático, el Poder Ejecutivo no puede imponerse al Judicial». La representante del Ministerio público, que pide un año de inhabilitación para Serret por desobediencia, ha tomado la palabra reprendiendo a la ‘consellera’ por su «electoralismo». «Aquí no se está juzgando a ningún votante del 1-O. El pensamiento no delinque, no vamos a acusar a nadie por su pensamiento ni por sus ideas, aquí acusamos por una actitud reiterada, infringiendo prohibiciones del TC», ha subrayado.

«Pese a haber sido destinataria de sus requerimientos, la acusada los omitió, de forma contumaz. Omitió esas resoluciones y esos son los únicos hechos que se enjuician, no ideas políticas ni ningunas otras», ha suscrito la abogada del Estado. Y es que durante su monólogo, Serret ha recurrido a un mantra repetido por los independentistas: «que se ha judicializado un conflicto político». Según la consejera, un «conflicto que vivió una escalada» con el fallo del Constitucional sobre el Estatut, en 2010.

Desobediencia grave

«Los hechos descritos constituyen un delito de desobediencia grave. La acusada fue declarada en rebeldía en junio de 2018, no compareciendo ante el Tribunal Supremo hasta marzo de 2021, algo que debe ser tenido en cuenta a la hora de aplicar el atenuante de dilaciones indebidas», ha pedido la representante de la Abogacía del Estado.

«El pensamiento no delinque, no vamos a acusar a nadie por su pensamiento ni por sus ideas, aquí acusamos por una actitud reiterada, infringiendo prohibiciones del TC»

Por su parte, la acusación particular, que ejerce Vox, ha subrayado que Serret no podía dar cumplimiento «a aquello que había sido declarado ilegal». Sobre la petición de absolución de la defensa, por haber llevado a término la consejera un «mandato popular», el abogado Juan Cremades ha recordado que el TSJC «no juzga la celebración del 1-O sino la desobediencia al TC». Así, ha señalado que la republicana omitió «cinco requerimientos» y que «con su propia firma facultó el decreto de convocatoria del referéndum».

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«Meritxell Serret no ha venido aquí a disimular ni ha camuflar lo que hizo. Lo admitió cuando compareció ante el Supremo en marzo de 2021», ha apuntado su defensa, que ha recordado que no se la juzga por malversación.

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Internacional

Pérez de los Cobos tendrá que esperar a conocer la sentencia para saber qué efectos prácticos tiene

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La sentencia de la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que declara nula la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid es una victoria para el afectado y un varapalo sin paliativos para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero más allá de esa primera lectura, evidente, aún se desconocen los efectos prácticos que tendrá. Para despejar esa incógnita, según las fuentes consultadas por ABC, habrá que esperar a conocer la sentencia en su totalidad.

A falta de eso, en este momento hay dos escenarios abiertos. El primero, que el Supremo ordene al Ministro del Interior que comience sus actuaciones desde el principio y esta vez motive el cese de Pérez de los Cobos. En ese caso nos encontraríamos ante una cuestión formal, más que de fondo, y para el departamento de Marlaska las consecuencias serían limitadas, dentro siempre del duro golpe que le ha supuesto la sentencia.

La segunda posibilidad es que el alto Tribunal ordene restituir al coronel, que sigue en activo, en su puesto de jefe de la Comandancia de Madrid. Si esa es la decisión judicial, el coronel no sería repuesto de inmediato, ya que todavía tendría que pedir al tribunal sentenciador, en este caso la Audiencia Nacional -el Supremo ha actuado en casación- que la ejecute.

Antes de que se produzca esa ejecución, la Audiencia Nacional, que sí consideró en su momento el cese de Pérez de los Cobos ajustado a Derecho, tiene que pedir los informes correspondientes a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía, para luego tomar una decisión sobre la forma en la que se cumple lo ordenado por el Tribunal Supremo.

Las fuentes consultadas por ABC destacan que la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado José Luis Requero, ha sido tomada por unanimidad en una Sala en la que hay jueces de distintas sensibilidades, por lo que creen que será «muy ponderada» en lo que se refiere a sus consecuencias. Incluso en el caso de que se ordene la restitución de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid «hay distintas posibilidades de hacerlo», añaden.

A la espera

En este sentido hay que recordar que desde mayor de 2020 hay un coronel, el sustituto de Pérez de los Cobos, al frente de la Comandancia de Madrid, que sería perjudicado si hay que restituir al cesado. Una de las posibilidades es ofrecer a éste un puesto de similares características.

Desde el Ministerio del Interior, mientras tanto, no se quiere aventurar hipótesis alguna de lo que pueda suceder a partir de ahora con este mando de la Guardia Civil. Se remiten a lo que ya dijeron ayer en el sentido de que «las razones de fondo que decidieron el cese persisten y se han visto confirmadas y consolidadas con los elementos conocidos con posterioridad«

En lo que coinciden también estas fuentes es en que el actual coronel jefe de la Comandancia de Madrid, David Blanes, no pondrá obstáculo alguno si la justicia repone en ese puesto a su compañero Pérez de los Cobos. Blanes, uno de los jefes más destacados del Instituto Armado y cuyo trabajo cuenta con el total respaldo de sus mandos, aceptaría en ese caso el destino que se le propusiese.

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Perjuicio económico

Aún hay en este asunto otro elemento, que es el posible perjuicio económico que supuso para Pérez de los Cobos su destitución, ya que la Jefatura de la Comandancia de Madrid tiene unos pluses. Después de la sentencia se abre la puerta para que el coronel pueda reclamar esa pérdida patrimonial, si es que se hubiera producido.

Las fuentes consultadas por ABC, en cualquier caso, muestran su hartazgo por el hecho de que un día sí, y otro también, la Guardia Civil esté en boca de todos «por asuntos que nada tienen que ver con el trabajo de sus más de 80.000 hombres y mujeres que cada día intentan dar el mejor servicio posible al ciudadano», y sí, en cambio, con «luchas políticas a las que la Benemérita es ajena«.

 

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Internacional

Gregorio y Almeida consolidan la relación Talavera-Madrid a través de infraestructuras y el Camino Real de Guadalupe

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El senador del Partido Popular y candidato a la Alcaldía José Julián Gregorio, ha mantenido recientemente una reunión con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida donde ha quedado patente la consolidación de la relación entre Talavera y Madrid, a través de proyectos comunes como los relacionados con las infraestructuras o el Camino Real de Guadalupe.

Gregorio ha asegurado que no concibe un futuro sin la presencia de Madrid, dentro del eje vertebrador de la A-5, «Talavera y Madrid forman parte de un eje vital para el desarrollo económico y empresarial de ambas ciudades, por lo que debemos consolidar puentes de entendimiento mutuo», ha resaltado el candidato que se ha referido a la cercanía de estas ciudades que hace que a diario acudan cientos de talaveranos a Madrid ya sea por motivos laborales, médicos o de otra índole.

En ese sentido, José Julián Gregorio ha explicado que el Camino Real de Guadalupe es un claro ejemplo de relación bilateral, dado que tiene su origen en Madrid, y tanto Gregorio como Martínez Almeida coinciden en que «debe de ser un motor turístico para ambas ciudades».

El Camino Real de Guadalupe fue el camino de peregrinación más popular durante más de dos siglos, celebrando su Año Santo cada vez que el día 6 de septiembre cae en domingo. En total, son 257 kilómetros recorriendo tres comunidades autónomas como son Madrid, Castilla – La Mancha y Extremadura, ya sea a pie o en bicicleta. Gregorio ha tenido palabras de agradecimiento a la asociación de vecinos Fray Hernando, impulsores del proyecto, «que siempre han contado con el respaldo y el apoyo del Partido Popular».

Gregorio ha asegurado que trabajará para buscar aliados como Madrid, «con el objetivo de «apostar por un turismo de calidad, donde el Camino Real de Guadalupe se convierta aún más en un motor turístico y que genere movimiento económico», y Talavera es una parada fundamental que a su seguirá mostrando toda su riqueza patrimonial, gastronómica y natural.

El candidato ha agradecido así a Martínez Almeida su interés por los proyectos que pueden relanzar el turismo de una forma mutua. «Nosotros trabajamos y huimos del postureo y de la sumisión como hace Agustina García con su jefe Page», y en el PP sabemos «que tener a la ciudad de Madrid y a la Comunidad como aliados sólo nos traerá recompensas en la materialización de proyectos que resultarán muy ventajosos para nuestra ciudad».

José Julián Gregorio ha hecho entrega al alcalde de Madrid de un bastón personalizado de cerámica talaverana, «como símbolo de nuestra seña de identidad, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2019».

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La Fiscalía chilena abre una unidad de investigación por las amenazas contra las autoridades

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El fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, que asumió en enero pasado, dispuso la creación de una unidad especial para investigar las amenazas del crimen organizado a las autoridades. Es una medida inédita en Chile, que nunca se había visto en la necesidad de tener un organismo especializado para atender este tipo de asuntos. Actualmente, al menos hay cuatro alcaldes de municipios de Santiago de Chile que se encuentran amenazados de muerte tras haber realizado denuncias contra el narcotráfico. Además, fiscales tanto del norte como del sur del país han sido víctimas de amedrentamientos verbales y por escrito. El último caso, del lunes recién pasado, fue la amenaza de muerte a dos diputados opositores, Miguel Mellado y Mauricio Ojeda, que representan a la región de La Araucanía, ubicada a unos 700 kilómetros de Santiago. Sus nombres aparecieron en un lienzo después de un atentado en un puente que se adjudicó uno de los ocho grupos radicales que operan en ese territorio. El Gobierno del presidente Gabriel Boric presentó una querella.

Valencia nombró a cargo de esta nueva unidad al jefe de la fiscalía metropolitana sur, Héctor Barros, que liderará un equipo de 13 fiscales de todo el país. El investigador está en pleno diseño de la estructura de trabajo, que contemplará la indagatoria de amenazas a autoridades, entre ellas jueces y fiscales, siempre y cuando provengan de organizaciones asociadas al crimen organizado. Incluso, está en evaluación que las indagatorias también contemplen los amedrentamientos a las policías.

Barros es especialista en crimen organizado y su jurisdicción abarca a 12 municipios del sector sur de Santiago. Precisamente, tres de los alcaldes que han sido amenazados de muerte –Claudia Pizarro de La Pintana, Gustavo Toro de San Ramón y Germán Codina de Puente Alto– pertenecen a este territorio, y sus causas han sido investigadas por su fiscalía. La cuarta autoridad es Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, un municipio del sector oriente de Santiago y el quinto más grande del país. Desde febrero, Carter ha impulsado una polémica medida de demolición de viviendas asociadas a narcotraficantes, que ha sido respalda por la ciudadanía en la última encuesta Cadem con un 83%. “Con el inicio del enfrentamiento con el mundo del narco, hace meses atrás empezaron a aparecer carteles, panfletos y un mono mío ahorcado. La última vez fue el miércoles (22 de marzo), cuando hicimos la última demolición. Los soldados de los narcos me gritaron: ‘Sabemos dónde vives, quiénes son tus hijos, vamos a matar a su mamá. Pero el miedo dura un segundo”, relató Carter en una rueda de prensa.

Pizarro, cuyo municipio La Pintana es el más pobre de Santiago, fue la primera autoridad en tener protección policial debido a las amenazas de muerte que comenzaron en 2019, por lo que se encuentra con protección policial desde esa fecha. Aunque la alcaldesa nació y vivía en esa misma comuna, por medidas de seguridad debió cambiarse a otra. “Permanente tengo temor, tengo miedo. Han marcado mi oficina. Es bastante complejo vivir con protección policial”, dijo en una entrevista el domingo pasado.

“Bonita tu familia”

Hasta antes de la creación de la unidad que lidera Barros, las amenazas a autoridades en Chile las investigaba cada una de las fiscalías donde se realizaba la denuncia. Hoy, en cambio, estarán centralizadas en su repartición.

En julio de 2022, la Asociación Nacional de Fiscales, que preside Francisco Bravo y que agrupa al 90% de los persecutores del país, realizó una encuesta que reveló que el 30% de los fiscales, o su entorno familiar, han recibido amenazas por las labores propias de su trabajo. El sondeo también arrojó que, de ellos, cerca del 10% dijo haber recibido agresiones físicas.

Bravo explica a EL PAÍS que realizaron la encuesta luego de una serie de amenazas a fiscales tanto de la zona sur de Chile, donde indagan casos de violencia rural, y de las regiones del norte, que concentran causas de narcotráfico y crimen organizado. “A partir del 2015, a medida en que en Chile los delitos de homicidio con armas de fuego han aumentado considerablemente, este tema ha concitado una mayor preocupación para nosotros”, señala.

En el sur, grupos radicales han dejado pancartas y lienzos con los nombres de a lo menos tres fiscales. De ellos, solo se ha hecho público uno. En julio de 2021, tras un atentando incendiario en La Araucanía, apareció un lienzo con la siguiente amenaza: “Fiscal Enrique Vásquez. Bonita tu familia. Te tenemos en la mira”. Es una situación similar a la que han enfrentado en esa zona los tres últimos alcaides de la cárcel de Angol, en la misma región, con mensajes de un tono parecido.

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Bravo agrega que existe preocupación de su gremio, en especial por los fiscales de la zona norte del país. Menciona a Tarapacá, Arica y Antofagasta, tres regiones de Chile donde el crimen organizado configura una nueva criminalidad, en parte asociada a la irrupción de bandas internacionales que han llegado al país en forma irregular. Recuerda que, luego de la encuesta, la fiscalía nacional, que entonces lideraba Jorge Abbott, realizó un nuevo estudio con características similares, pero en esa ocasión se seleccionó a los fiscales según su situación de riesgo: alto, medio o bajo.

“Según la información que tenemos, cerca de 50 fiscales en Chile están una situación de riesgo alto”, dice Bravo, que no entrega detalles por razones de seguridad.

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Deportes

La revolución del bigote

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Alexis Sánchez se dejó el bigote. “Para verse más sexy”, aseguró. Pero seguramente forma parte del proceso integral que inició el goleador histórico de la selección chilena para arrancar con lo que él mismo ha denominado “una nueva era”. También cambió el dorsal de su camiseta. Siempre fue el 7, pero en el triunfo ante Paraguay por 3 a 2 del lunes lució la misma que en su debut con La Roja, el 10. Inusualmente locuaz, pocos días antes del único duelo amistoso del equipo de Eduardo Berizzo en esta fecha FIFA, Alexis había sentenciado el destino de la generación más exitosa de todos los tiempos, que fue capaz de jugar dos mundiales consecutivos –2010 y 2014– y que le ganó dos finales de Copa América a la Argentina de Messi. “La generación dorada se acabó. Hay que meterla en un baúl y no abrirlo nunca más”.

El proceso refundacional que propone el tocopillano no lo intentó nadie más en la selección chilena, que quedó eliminada de los últimos dos mundiales. Cargados de gloria, fama y dinero, el grupo se desintegró con acusaciones mutuas entre Claudio Bravo y Arturo Vidal tras quedar dolorosamente en el camino rumbo la Copa de Rusia. A partir de entonces jamás retomó el cariz competitivo, viendo pasar los procesos de Reinaldo Rueda y Martín Lasarte en una búsqueda vana de su hebra ganadora.

Ni el colombiano ni el uruguayo se atrevieron a ir tan lejos. Ambos confiaron el equipo a los veteranos con discretos resultados y una vana búsqueda de lo que se denominó “el recambio”. El mismo Alexis naufragó en un largo calvario que se acentuó al perderse el vínculo con el público en los partidos pandémicos y en los múltiples castigos disciplinarios que aplicó la Conmebol por gritos xenófobos, homofóbicos y racistas que aplicó cada vez que jugó de local.

En ese panorama llegó Berizzo, quien tampoco se animó contra viejos estandartes de la selección chilena, a los que respaldó cada vez que pudo. No logró vencer en los primeros siete partidos de su ciclo, perdiendo el gol y el brillo. Hasta que llegó Alexis, su bigote y su afán refundacional.

En una larga e inusual entrevista con el canal público, el delantero del Olympique de Marsella dejó clara la necesidad de olvidarse de las viejas glorias, de archivar las medallas ganadas y de comenzar un nuevo ciclo, por más que varios de sus compañeros se resistan a dejar el barco. Claudio Bravo -el capitán- ya tiene 40; Arturo Vidal no es titular en el Flamengo y Gary Medel ya no tiene la proverbial velocidad que lo llevó a ser símbolo en Bologna, pero los tres fueron titulares indiscutidos en el partido clave ante Paraguay. Y otra vez no salieron entre elogios, porque todos los aplausos fueron para Alexis, quien se quedó fuera del equipo titular por un golpe en el pie.

Cuando el equipo perdía dos a uno, las ideas naufragaban y la continuidad de Berizzo tambaleaba, El niño maravilla hizo su ingreso en el segundo tiempo (tenía un leve dolor en el pie) y cambió el destino de la historia. Rápido, oportuno, talentoso, pícaro y con un indiscutido liderazgo revirtió el resultado con un gol y medio, porque el de la victoria fue un error impresentable del portero Antony Silva tras un servicio de esquina. Bajo una ovación, volvió a enfrentar los micrófonos para ratificar su doctrina, enviando un sutil mensaje a sus compañeros: hay que corregir los errores cometidos, porque de otra manera no alcanza para ilusionarse.

El nuevo perfil del 10 de Chile es muy marcado. Alexis siempre fue el aglutinador de las vanidades de un grupo consumido por los egos y dividido por las indisciplinas. Vivió a la sombra de los liderazgos antagónicos de Vidal y Bravo, y pareció que tras sus opacos desempeños en el Manchester United y el Inter de Milán su influencia terminaría por extinguirse, como el del resto de sus compañeros, muchos de los cuales ya están retirados. Antes del pleito se homenajeó a Matías Fernández y Jorge Valdivia, dos de los talentos más grandes que vieron las canchas chilenas.

Pero en Marsella, Sánchez se reencontró con su mejor versión y tomó aire para convertirse en líder y emblema. De lo que pretende sea una nueva generación, encabezada, cómo no, por él mismo, en el entendido que puede llegar -es un disciplinado custodio de su físico- sin problemas al Mundial del 2026.

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La apuesta es grande y ambiciosa. El nuevo Alexis hizo su debut. Con bigotes y la 10. Y guarda en algún lugar, la llave del baúl donde reposa, por pedido propio, lo que fue la generación dorada a la que ahora se pretende reemplazar.

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Marc Marginedas , el reportero que fue noticia de un secuestro

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En ‘Regreso a Raqqa’, el bregado periodista recuerda a los compañeros ejecutados por el Daesh tras su cautiverio. Un documental en el que ejerce de narrador. Los protagonistas son los que murieron y el pueblo sirio

Marc Marginedas, en su entrevista con ABC INÉS BAUCELLS

Elena Burés

Bajó de un avión del Ejército del Aire con una costilla rota y un ataque de «verborrea» -en palabras de su hermana Cristina, que lo esperaba ante la escalerilla-. «El día anterior estaba en una cárcel, no hubo transición». Tras seis meses de cautiverio, Marc …

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Alfonso Guerra alerta de que Podemos puede «conducirnos al totalitarismo»

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El ex vicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, ha arremetido duramente contra las política de pactos de Pedro Sánchez, tanto en el caso de su socio de coalición, Unidas Podemos, como en el de las fuerzas independentistas que le brindan su apoyo en el Congreso de los Diputados, como ERC y Bildu.

En un almuerzo privado, tal y como ha podido saber ABC, Guerra ha llegado a señalar que el partido morado «nos conduce al totalitarismo», y ha utilizado la expresión «tribalismo nacionalista» para referirse a las fuerzas catalanas y vascas aliadas del Ejecutivo de coalición en las Cortes.

A juicio del histórico dirigente socialista, excluido el pasado octubre por la dirección nacional de los socialistas de los fastos por el 40 aniversario de la victoria por mayoría absoluta en 1982 de Felipe González, de quien Guerra fue mano derecha en el partido y en el Gobierno durante dos décadas, la situación política en España es dramática porque su partido prefiere pactar con los independentistas y con Podemos antes que con el Partido Popular (PP), al mismo tiempo, ha añadido según varias fuentes conocedoras del almuerzo, que los de Alberto Núñez Feijóo prefieren llegar a acuerdos con Vox, la formación que lidera Santiago Abascal, antes que con los socialistas.

El coloquio con Alfonso Guerra ha versado en varios momentos sobre la Transición, época que ha defenido como «una hazaña» y sobre las diferencias de aquella época, que vivió como diputado de las Cortes constituyentes y ya entonces número dos del PSOE, con la actual.

Guerra ha aseverado que la intentona golpista de Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981 contó con el rechazo de la práctica totalidad de la clase política de entonces, mientras que ahora, ha sentenciado, lo ocurrido en Cataluña en 2017 con el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia -por lo que el Tribunal Supremo (TS) condenó por sedición al líder de ERC, Oriol Junqueras, y varios cabecillas del procés- no cuenta con un rechazo igual por parte de los representantes de los ciudadanos.

Lo mismo que ocurre, ha argumentado, con el apoyo a la Constitución, ya que a su juicio si entonces la Carta Magna tenía un respaldo superior al 90% hoy hay un 40%, ha precisado, que no defiende el texto constitucional del año 1978.

Su posición de rechazo a los pactos emprendidos por Sánchez tras llegar a La Moncloa los ha definido Guerra con la siguiente frase: «Cuando el socialismo liberal pacta con el separatismo, deja de ser socialismo liberal».

De su repaso a la situación política general y a la gestión del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos no se ha librado tampoco el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ya que a su juicio es una de las instituciones que ha perdido claramente su prestigio. En ese momento alguno de sus interlocutores le ha recordado la antigua condición de ‘guerrista’ del sociólogo y veterano dirigente socialista José Félix Tezanos, hoy al frente del Instituto público de estudios demoscópicos.

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Guerra ha tirado de sarcasmo para decir que el ‘guerrismo’, considerado en los años ochenta y noventa toda una corriente interna en el PSOE, en ocasión enfrentada por la izquierda a González, en realidad nunca exisitió. «Ni siquiera yo soy guierrista», ha terminado enfatizando.

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Internacional

Patxi López admite que desconoce por qué el PSOE ha bloqueado 41 veces la ley de ELA en el Congreso

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La proposición de ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), cuya toma en consideración aprobó el Congreso por unanimidad el 8 de marzo del 2022, lleva más de un año cogiendo polvo en un cajón, mientras la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Unidas Podemos, amplía sistemáticamente, una y otra vez, el plazo de enmiendas.

La Mesa del Congreso prorrogó este martes por 41ª vez el plazo de enmiendas y ni siquiera el portavoz socialista en la Cámara Baja, el exlendakari Patxi López, acertó a explicar los motivos detrás de este persistente bloqueo. «Pues la verdad es que no, no lo sé», respondió en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces.

En esa cita, celebrada minutos antes de la comparecencia de López, Inés Arrimadas, portavoz parlamentaria de Ciudadanos (CS), partido autor de la iniciativa, volvió a implorar, una semana más, que en la próxima reunión del órgano de gobierno del Congreso no se alargue otra vez el plazo de enmiendas. En las prórrogas, ninguno de los partidos del Ejecutivo introduce modificaciones que justifiquen esos retrasos, que impiden que la norma continúe con su normal tramitación.

«El problema es que muchas veces, cuando abres [la legislación], con justicia, para una enfermedad como la ELA, hay otras que están también esperando», justificó este martes López, quien añadió que el Gobierno de coalición, «seguramente», estará viendo «si es posible hacer una [ley] más genérica». Esta excusa causó malestar en CS, que lleva meses detrás de PSOE y Unidas Podemos para que levanten el bloqueo a la ley de ELA, como reclaman enfermos y activistas como Jordi Sabaté.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, criticó en rueda de prensa que se tengan que enterar por una comparecencia de López de que el Gobierno, supuestamente, busca ahora un texto que dé cabida a otras enfermedades. Según él, siempre que ha preguntado a representantes socialistas, entre los que citó al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ninguno de estos le ha contestado que el Ejecutivo preparase una legislación más ambiciosa.

¿Motivación partidista?

Bal, de hecho, afirmó que ve «plausible» que el único motivo detrás del bloqueo de la ley de ELA sea que el Gobierno no quiere «darle un éxito» a un partido de la oposición. «¡Que se pongan la medalla si quieren! ¡Que incluyan otras enfermedades! Si quieren hacerlo, que lo hagan, pero queremos que se atienda a las familias que pasan por esta terrible enfermedad que es la ELA», clamó el diputado y abogado del Estado.

Pero de nuevo, Bal arremetió contra el pretexto del portavoz socialista: «¿Dónde está el proyecto, dónde están los papeles, dónde está lo que han escrito? Muy poca vergüenza me parece que tiene el PSOE en este tema». El portavoz adjunto de CS, además, anunció que su grupo pedirá la comparecencia en comisión del recién nombrado ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, para que detalle por qué está varada la ley de ELA en el Congreso desde hace más de un año.

Según Bal, la diputada de CS Sara Giménez está en constantes conversaciones con los miembros de la Mesa para intentar desbloquear la iniciativa y tanto el PP como Vox están a favor de tramitarla. De hecho, la formación que encabeza Santiago Abascal se sumó ya la semana pasada a la presión de los liberales con un escrito al órgano de gobierno de la Cámara Baja y con una proposición no de ley para instar al Ejecutivo a redactar un real decreto ley con el contenido de la propuesta de CS para que se tramite de urgencia.

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«Un engaño burdo»

«He hablado también con [Gerardo] Pisarello [En Comú Podem]. Parece ser que el escollo fundamental es el PSOE», dijo Bal en la sala de prensa del Congreso, donde tuvo palabras de agradecimiento para Ana Pastor (PP) y para Iván Espinosa de los Monteros (Vox). Precisamente este último, por la mañana, ya había exigido el desbloqueo de la ley de ELA y había tachado de «un engaño burdo a los enfermos» la constante ampliación del plazo de enmiendas.

Espinosa de los Monteros descalificó la actitud de PSOE y Unidas Podemos en la Mesa como «una vergüenza», «una alteración torticera de la voluntad» de la Cámara Baja y «un desprecio inaceptable» a la vida de las personas que padecen ELA. El portavoz alegó que el Gobierno ha aprobado en lo que va de legislatura más de cien reales decretos leyes por cuestiones que no eran «de extrema urgencia», mientras ahora permite que esta iniciativa siga sin tramitarse.

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Internacional

Indígenas ecuatorianos presionan juicio político contra Lasso

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Miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se movilizaron el martes a la sede de la Corte Constitucional en la ciudad de Quito para exigir el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

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Según Leonidas Iza, presidente de la Conaie, “Por la vía que sea (juicio político o muerte cruzada) la decisión está en manos de la Corte Constitucional. Ya está generado un proceso desde la Asamblea Nacional, (los magistrados constitucionales) deben avocar conocimiento, recibir y avanzar”.

“Hemos pedido a la Corte Constitucional que debe garantizar, por vía constitucional, legal y democrática, el paso del juicio político”, apunto Iza y sobre la “amenaza” de disolución de la Asamblea Nacional consideró que “la Constitución ordena que la Corte Constitucional haga el control. Esperamos que no espere que el pueblo vaya a la calle”.

Tras pasar por la sede de la Corte Constitucional, el contigente de indígenas se movilizó a la Asamblea Nacional para presentar el proyecto de Ley de Aguas.

Al llegar al edificio del Parlamento ecuatoriano para entregar el proyecto de ley, Iza aprovechó para patentizar la voluntad de la Conaie con respecto al proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso y los rumores de una eventual disolución del ente legislativo.

El contingente de la Conaie fue recibido en la sede del legislativo por su titular, Virgilio Saquicela y los legisladores Mireya Pazmiño, Dina Farinango y Fernando Cabascango.

Tras la entrega por parte de Iza del proyecto de Ley de Aguas, Pazmiño recalcó que  “Este proyecto no solo va a salvar las vidas del campo y de la gente indígena, sino de todos los ecuatorianos”.

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Por su parte, Saquicela, subrayó que el proyecto de ley presentado “será tramitado dentro del marco legal y constitucional, debatido en comisión, en plenaria y aprobado en beneficio directo de los ecuatorianos. Las fuentes hídricas de ese recurso tan preciado de todos”.

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