La presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, será investigada por lavado de activos y organización criminal durante la última campaña electoral. Está acusada de haber recibido dinero para financiar viajes y otras actividades de terceras personas. Boluarte, que se presentó como vicepresidenta por el partido Perú Libre, junto a Pedro Castillo, que también será investigado, reitera que es una maniobra política para acabar con ella.

Desde el Gobierno boliviano afirman que la oposición critica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no haber respaldado la tesis de que en 2019 hubo “fraude electoral”. Sostienen que las acusaciones contra el organismo buscan invalidar sus futuros informes que no se ajusten con el relato de la facción. Una delegación del ente visita el país durante toda la semana para evaluar la situación de los derechos humanos. 

Crece la controversia por el altercado entre jugadores de la selección peruana de fútbol y la Policía madrileña, en medio de denuncias de racismo y maltrato por parte de las fuerzas del orden. Los disturbios comenzaron cuando los deportistas se acercaron a saludar a un grupo de fanáticos en la previa del partido que disputaron Perú y Marruecos en la capital española. Varios futbolistas sufrieron golpes. El arquero del conjunto blanquirrojo, Pedro Gallese, fue detenido y liberado horas más tarde.

Al menos 39 muertos y decenas de heridos tras un incendio en un centro de detención de migrantes en México. La mayoría son guatemaltecos, por lo que el presidente Alejandro Giammattei prometió ayudar a las familias de las víctimas. El siniestro ocurrió en Ciudad Juárez, localidad fronteriza con EE.UU. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la tragedia se produjo a raíz de una protesta ocasionada por los indocumentados cuando supieron que serían deportados.

En la capital ecuatoriana, Quito, las comunidades indígenas se concentran en un parque céntrico para presentar el proyecto de Ley de Aguas, la ley sobre la gestión del agua y la resolución de los conflictos relacionados. Los promotores de la normativa señalan que el recurso vital no se vende. Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) destacan que el proyecto fue elaborado por varios movimientos y está diseñado para proteger el medio ambiente.