Con la piel marcada

«Hay heridas que nunca se muestran en el cuerpo que son más profundas y dolorosas que cualquier cosa que sangra».

Laurell K. Hamilton

En noviembre del año pasado Mónica Taibo, esposa de un conocido notario de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, denunció en sus redes sociales amenazas de muerte, violencia intrafamiliar, violación y otros abusos por parte de su cónyuge, solicitando la intervención de las autoridades estatales.

El caso es estremecedor: Sergio Hernández Ballarino, esposo de la víctima, la había obligado a tatuarse la espalda con una figura en forma de hierro para ganado, sentenciando que si lo denunciaba, la mataría.

Al lado de su agresor, Mónica vivió humillaciones y sucesos tan impactantes como el asesinato de su mascota frente a los miembros de su familia:

“Un día, estábamos comiendo en la casa, con mis hijos y Sergio Hernández Ballarino, con una pistola de alto calibre mató a nuestro perrito que era nuestra mascota, diciéndome que eso lo hacía para que le creyera que la próxima en morir podría ser yo, por lo que temo por mi vida y la de mi familia”, dice la señora en el video.

Hoy sabemos que ese psicópata feminicida ha violentado no sólo a Mónica, sino también lo ha hecho con dos mujeres más y el próximo 27 de enero tiene una audiencia para responder ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas del Décimo Sexto Distrito Judicial por una denuncia que pesa en su contra por violencia de género, además de tener una denuncia más por violación, violencia familiar y lesiones que ponen en riesgo la vida de otra víctima.

Toda una fichita el señor, de quien se sabe por fuentes confiables, ha sido protegido por el Colegio de Notarios de su localidad haciendo alarde de influyentísimo y compadrazgo con algunos jueces y abogados, al momento nadie lo ha tocado ni con el pétalo de una rosa.

El caso de María Elena Ríos

La saxofonista María Elena Ríos ha vivido un calvario desde que su ex pareja sentimental, el ex diputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, mando a que le vaciaran una cubeta con ácido mientras trabajaba en su oficina, dejándola con el 90 por ciento de su cuerpo quemado.

El agresor terminó en la cárcel en abril del 2020, y tres años después el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, propuso que Vera Carrizal se mudara a casa de su familia y saliera de prisión.

María Elena ha sido presa del temor y en sus redes sociales, así como en distintos medios de comunicación, ha pedido ayuda para que el hombre, acusado de feminicidio en grado de tentativa, no sea liberado, pues teme por su vida.

En ambos casos el abuso del poder, la mala impartición de justicia, siempre desde una óptica machista y misógina, han revictimizado a las mujeres que a gritos piden ser escuchadas y mantenerse a salvo de quien, con seguridad, puede matarlas.

Al dolor de perder su proyecto de vida como pareja, esposa, y en el caso de Mónica, de madre, se suma el infierno de saberse lastimadas física y emocionalmente.

Y encima, cada mujer que ha sido violentada se enfrenta al juicio social, que en muchas ocasiones no comprende el dolor y el miedo de quienes han tenido la des fortuna de tener al enemigo en casa.

No hay forma de entender cómo la autoridad es permisible en casos como éstos, que son solo una muestra de millones que día con día ocurren en el país.

Una mujer que es marcada físicamente y violentada emocionalmente debe construir su vida prácticamente desde cero, pues huir de un feminicida implica, la mayoría de las veces, dejarlo todo para sobrevivir.

En el primer caso, el esposo de Mónica Taibo ha sido culpable de agredir a dos mujeres más, pero esa culpabilidad deberá ser probada ante la justicia, que ya sabemos cómo se maneja.

Nuestra sociedad exige un cambio de fondo en el sistema judicial para impedir que los violentos gocen de libertad y sigan atentando contra la vida de mujeres, cuyo único error es confiar en el hombre equivocado.

La revictimización de las mujeres ante la autoridad comienza desde el momento mismo de denunciar ante el Ministerio Público, con cargos ocupados mayoritariamente por varones.

También son minoría los juzgados que tienen al frente una mujer. En nuestro país, al cierre del 2022, solo el 40 por ciento estaban a cargo de una jueza.

Esta falta de paridad en la impartición de justicia es uno de los factores que desencadenan que una mujer viva un calvario al momento de exigir que su agresor sea castigado, pues no hay empatía ni celeridad en la atención y prevención del delito, orillando a que la víctima, en muchas ocasiones, evite denunciar y sea asesinada.

Hoy estos dos casos de mujeres que han sido marcadas en cuerpo y alma nos deben preocupar y ocupar.

Es momento de frenar esta barbarie que nos lastima como sociedad y recuperar la confianza en la autoridad.

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