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Internacional

La Junta de Castilla y León inadmite el «torticero» requerimiento del Gobierno sobre las medidas para embarazadas

La Junta de Castilla y León ha informado este jueves de que «inadmite» el requerimiento planteado por el Consejo de Ministros el martes contra las medidas para embarazadas anunciadas por el Ejecutivo Autonómico la pasada semana al considerar que «no hay ningún acuerdo que vulnere legislación alguna». Para el Ejecutivo autonómico, la iniciativa del Ejecutivo central «solo se entiende desde una voluntad torticera y espuria» y «una controversia política» sobre la que el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido que se «desista» tras el Consejo de Gobierno de este jueves.

Al respecto, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha trasladado a la Junta de Castilla y León «desde el más puro concepto administrativo» que un requerimiento «no se puede inadmitir», sino que se puede «contestar o no contestar». Sin embargo, para el portavoz del Gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, esta rechazo «es en si mismo la respuesta».

La Junta de Castilla y León manifiesta en su escrito «la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento», ya que el Estado pretende ampararse en «declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas, el dictado de actos o resoluciones, o cualquier tipo de instrumento jurídico», cuya existencia «se niega rotundamente».

Otro de los fundamentos que justifican «el rechazo» a la solicitud del Gobierno de la Nación es que, «dado que no hay un hecho impugnable, se incumple el requisito que exige un requerimiento de esta naturaleza», que es que «se especifiquen con claridad los preceptos de la disposición o puntos concretos de la resolución o acto viciados de incompetencia»; algo que «no ha podido hacer el Gobierno porque no existe acto alguno que impugnar».

Además, el Consejo de Ministros ha planteado un requerimiento por un conflicto constitucional de competencias cuando «ni siquiera discute la titularidad de la competencia», sino su «hipotético ejercicio» por parte de la Administración autonómica, según ha trasladado el Gobierno regional. Por tanto, considera que «la falta de presupuesto» para la jurisdicción reservada al Tribunal Constitucional «conlleva necesariamente la inadmisión del presente requerimiento».

Adelanto electoral

Por otro lado, el también consejero de Economía y Hacienda se ha referido a la posibilidad de un adelanto electoral en Castilla y León sin entrar a valorarlo pero afirmando que sería una decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que, «como todas», siempre tienen que ver «con el interés general». Además, ha reconocido que las coaliciones como la que conforman en Castilla y León PP y Vox son «complejas» sin llegar a admitir que existan dificultades «en una relación viva».

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