En primer lugar, sin duda está la triple crisis ambiental ocasionada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la generación de residuos, la cual pone una presión importante sobre las economías y los mercados, y en consecuencia los modelos productivos, cuestionando la forma en que esto se ha llevado a cabo de manera cotidiana, y proponiendo modelos alternativos como pudiera ser la economía circular, o el establecimiento de metas basadas en ciencia para afrontar estos retos ambientales, o inclusive el compromiso de lograr la neutralidad neta en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero hacia el año 2030 o 2050, por ejemplo, con todo lo que esto conlleva.
Por otro lado, está también todo lo que tiene que ver con la promoción y el respeto de los Derechos Humanos desde la empresa, partiendo de su conocimiento y entendimiento profundo y un compromiso serio ante el tema, que lleve a la realización de procesos de debida diligencia para identificar riesgos, impactos y oportunidades en las operaciones directas de la empresa, pero también a lo largo de toda su cadena de valor, para que en consecuencia, estos se puedan gestionar y se emprendan las acciones pertinentes tendientes a su cumplimiento y avance.
No podemos dejar de lado el gran interés que ha despertado la incorporación de factores ESG (environmental, social & governance) en el sector empresarial, en particular desde la perspectiva financiera, como un elemento que permite integrar estos criterios a las operaciones de la empresa, para posteriormente poder ser medido y reportado a los diversos públicos de interés, así como analizado y evaluado por terceros con múltiples aplicaciones, desde rankings hasta la inclusión de aquellas con mejores resultados en índices de inversión responsables o sustentables.
Y de la mano de lo anterior, está también la presión creciente por parte de inversionistas, reguladores y autoridades, entre otros, para que las empresas sean más transparentes en cuanto a la divulgación de su información no financiera, y específicamente sobre su rendición de cuentas en materia de sostenibilidad, por lo que se seguirán desarrollando marcos de referencia, estándares, lineamientos, taxonomías, e incluso regulaciones al respecto, que incidan en la calidad y el contenido de los llamados informes de sostenibilidad, buscando una mayor obligatoriedad para ciertos sectores o tipos de organizaciones, mayor homogeneidad y estandarización en la forma de medir y reportar, así como mayor calidad y enfoque en los temas más relevantes, significativos o materiales del desempeño de sostenibilidad de las empresas.
