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El PSOE retrasa la ‘ley de familias’ de Belarra y la tensión en la coalición se dispara

Esta medianoche el Ministerio de Derechos Sociales liderado por Ione Belarra, que es además la líder de Podemos, informó de que el PSOE ha decidido retrasar la ley de familias -que adelantó la semana pasada ABC- que iba a aprobarse en el Consejo de Ministros de este martes. La tensión en la coalición se dispara en un momento de enfrentamiento entre PSOE y Unidas Podemos por la ‘ley trans’ y más normas clave en las que no son capaces de superar sus discrepancias.

Fuentes de Derechos Sociales se muestran «preocupados» y denuncian «los constantes retrasos a esta norma por parte del ala socialista». Desde el entorno de la ministra Belarra consideran que «es muy urgente» para las familias españolas porque «no reciben todo el apoyo que necesitan ni a la conciliación, ni a la crianza».

El compromiso del PSOE era aprobar la ‘ley de familias’ en el Consejo de Ministros en octubre, pero la negociación se retrasó por las reticencias del PSOE al permiso de siete días al año para el cuidado de un familiar, entre otras políticas. Tras una rebaja pactada con Unidas Podemos, el texto recogía ahora cinco días de permiso. No obstante, el Ministerio de Presidencia informó ayer a Podemos de que el proyecto legislativo se retrasará más.

Un golpe que se suma al pulso con la ‘ley trans’ que se libra en el Gobierno. La número dos del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que no retirarán su enmienda a la norma de Igualdad porque pretenden «reforzar la seguridad jurídica de los menores». Podemos amenaza con no apoyar esos cambios y hacer que su propio proyecto decaiga. Este choque generaría una crisis de dimensiones desconocidas que repercutiría en la negociación de otras leyes que están atascadas por más desacuerdos entre PSOE y Unidas Podemos.

El PSOE va a convocar la ponencia de la ‘ley trans’ para mañana, a pesar de que no hay acuerdo. Responden así al órdago de Podemos; quieren forzar ya una negociación y no añadir más riesgos. Si todo salta por los aires, los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la recta final de la legislatura y en el año multielectoral, quedarían muy afectados.

Ayer, la ministra de Igualdad, Irene Montero, sugirió que el PSOE podría llegar a un acuerdo con el PP para «recortar los derechos de las personas transexuales». Según dijo en TVE, donde se mostró «preocupada», el PSOE «no quiere un acuerdo e irá con sus enmiendas vivas a la tramitación de la norma».

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El PSOE se comprometió con Podemos a no modificar los artículos sobre la autodeterminación de género. No obstante, los cambios que plantearon después están encaminados a una ley más restrictiva donde los menores de 16 años sí necesiten permiso judicial para cambiar el género en el registro civil.

«Es inconcebible, francamente lamentable, que el PSOE se alíe con el PP para recortar los derechos de las personas trans», criticó el coportavoz de Podemos Pablo Fernández en la rueda de prensa desde la sede del partido. «Las enmiendas del PSOE suponen un recorte de derechos al texto que salió del Consejo de Ministros e incumplen el acuerdo al que se llegó en el seno del Gobierno», añadió Alejandra Jacinto, también coportavoz.

La ministra de Hacienda respondió a las críticas de Unidas Podemos sacando músculo: «El PSOE tiene la mayoría en la Cámara y eso significa que todas estas leyes que estamos promoviendo son posibles por el apoyo que los ciudadanos nos dieron». Y luego, abundó: «No se trata de posiciones inmovilistas, se trata de perseguir el interés general y, en este caso, la seguridad jurídica de los menores, un colectivo sensible».

El texto de Igualdad que aprobó el Consejo de Ministros permitiría que de los 12 años a los 14 se necesite un permiso judicial para el cambio registral. Pero que de los 14 años a los 16 sea suficiente con el permiso de los padres o tutores legales.

Además de con la ‘ley trans’ y la ‘ley de familias’, Podemos también presiona al PSOE con otras normas que generan conflictos con el PSOE, como la de trata, la de vivienda, la de bienestar animal y la derogación de la ‘ley mordaza’.

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