La Audiencia Nacional frena la disección del patrimonio de Villarejo que ordenó el juez

En una resolución notificada este viernes, los magistrados dan la razón al juez en que esas averiguaciones son pertinentes, «pero no con la amplitud o extensión con que se concibe». Atienden así al recurso que presentó la defensa de Villarejo alegando que abrir una pieza para diseccionarlo todo era prospectivo y no se ajustaba a derecho.

«En aras de solventar la tacha de prospectivas o excesivas que se efectúa por los recurrentes, la resolución por la que se acuerda la apertura de la pieza global de averiguación patrimonial deberá ser revocada, debiendo el juzgador acordar en cada una de las piezas separadas ya existentes, en relación con los concretos hechos y el periodo temporal allí objeto de investigación, requerir un informe de la Agencia Tributaria», dice la resolución.

Ese era de hecho, el objetivo de la pieza que había incoado el instructor, tal y como reveló este diario. Se trataba de enlistar las nueve sociedades identificadas del comisario y requerir a la AEAT el modelo 347 de todas ellas para discernir exactamente qué operaciones realizaron entre los años 2004 y 2017 y así, distinguir aquellos proyectos de clientes que realmente ejecutó y facturó a fin de separarlos de los que se quedaron en mera propuesta.

Nueve sociedades, 13 años de actividad

La iniciativa fue de la Unidad de Asuntos Internos a partir del informe que les pidió García Castellón con una lista de todos los proyectos del comisario Villarejo de los que hubiese indicios en la ingente documentación intervenida cuando fue detenido. En ese listado, que sigue en ampliación, figuraban ya un total de 70, pero en muchos casos no había constancia de que pasasen de mera propuesta y en otros, lo que no constaba es si había mediado pago.

De ahí la idea que ahora frena la Sala de lo Penal de mirar toda la actividad de todas las empresas durante más de una década y que la defensa de Villarejo tachó de abuso en la investigación.

«Ciertamente, para acordar la práctica de diligencias de investigación potencialmente invasivas de derechos, se requiere que se realice previamente por el órgano jurisdiccional a quo una ponderación sobre la proporcionalidad y, en todo caso, sobre la necesidad de las mismas», añaden los magistrados.