Opinión

Anular el concepto de familia

El ministerio de Ione Belarra avanzó ayer algunas líneas de su anteproyecto de ley de Familias y filtró algunas de las nuevas prestaciones y permisos retribuidos que tendrán los ciudadanos. Sin embargo, ocultó deliberadamente todo un compendio de artículos que devalúan y diluyen el concepto mismo de familia. Cuando esta ley entre en vigor, habrá dieciséis catalogaciones familiares que, más allá de la retórica del lenguaje, representan una dilución de la idea misma de familia. No solo rompe con el molde con que antropológicamente asociamos a la familia con el núcleo y nexo determinante de cualquier comunidad humana, sino que se alumbra un nuevo modelo social conforme a paradigmas ideológicos tendentes a enterrar definitivamente lo que este Gobierno interpreta como familia. Es un nuevo experimento de laboratorio con el que acometer una reeducación colectivista conforme a criterios y doctrinas de los que Podemos presume desde la misma exposición de motivos de la ley.

Es evidente que el modelo único de antigua familia ya está superado por los tiempos y por numerosas complejidades vinculadas al legítimo reconocimiento de nuevos géneros y condiciones sexuales y sociales. Y así debe ser, esto no está en cuestión Pero la defensa de la familia o el fomento de la natalidad –muy residual en esta ley– no son algo rancio, ni propio de intolerantes, o patrimonio de un ultraconservadurismo inmovilista. Eso es lo que pretende hacer creer el Gobierno con esta extraña innovación legislativa, cuya única finalidad es dar por anulada una determinada idea familiar que considera antagónica con su concepción del progreso. Ahí radica el error. Habrá familias biparentales, ‘monomarentales’ (término que no existe), monoparentales, familias LGTBI, familias de crianza, reconstituidas, inmigrantes, transnacionales, interculturales, retornadas… La terminología del Gobierno no se limita a reflejar situaciones obvias que afectan a todo tipo de uniones de carácter familiar. Solo la convierte en un credo, en un dogma en beneficio propio, de tal modo que solo este Gobierno, y ningún otro antes según ellos, habrá reconocido esas realidades, lo cual es falso. La ley pretende hacer creer al ciudadano que el Estado protector solo existe desde que Podemos llegó al poder, y usa esa coartada para forzar la manera en que ha de entenderse la familia mediante preceptos discriminatorios.

En esta ley subyace la utilización de la ciudadanía conforme a parámetros políticos que segmentan irracionalmente el propio corazón de una sociedad, a la que se le dice que un ideario de la familia está desfasado, y a la que además se le reprocha que desprotege a personas que en realidad el Estado sí ampara. Pero así fabrican la falsedad de que los derechos siempre nacen con ellos mientras el resto se dedica a destruirlos. La cuestión es que el Gobierno sustituye lo que son ‘circunstancias familiares’ que siempre existen, algunas de ellas dramáticas y necesitadas de un rescate público, por la propia ‘familia’. La prueba de que esta perversión conceptual no responde a una auténtica necesidad administrativa, jurídica o laboral para subsanar algo que el Estado no cubre aún, sino que se trata de doctrina pura y dura, es que impone la obligatoriedad de que los niños estudien todos esos modelos de familia. Se colará por ley en el currículo educativo, quieran los padres o no, lo cual contrasta con la indolencia del Gobierno a la hora de garantizar la enseñanza en español.

Los derechos ya se garantizan sin necesidad de desvirtuar la familia, salvo que el Gobierno esconda un propósito de provocación ideológica. No hay ninguna necesidad de estratificar a la sociedad conforme a corsés semánticos que solo esconden una ofensiva para dar por cancelado todo aquello que Podemos deplore. Esta ley es solo es una pieza más de la sinuosa arquitectura social que diseña la izquierda.

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