La Junta alertó a Montero de sus «dudas sobre la disminución de las penas máximas» por una agresión sexual

Concretamente, es en la alegación 8, y última, de Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, el Código Penal, donde el Gobierno regional solicita una aclaración al Ministerio que dirige Irene Montero: «Se nos generan dudas derivadas de la disminución de las penas máximas impuestas por la comisión de una agresión sexual».

En otras alegaciones, el Gobierno regional añadía la prostitución y la pornografía a los delitos previstos en el Título VIII del Código Penal, dentro del artículo 3 de la ley sobre el ámbito de aplicación, que ya contemplaba la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la trata con fines de explotación sexual.

La inclusión de la prostitución y la pornografía eran también objeto de la alegación número 2 al artículo 7 de la Ley, relativo a la prevención y sensibilización en el ámbito educativo.

El Gobierno de García-Page también alegó (número 3) al artículo 9 de medidas de prevención en el ámbito digital y de la comunicación. Dicho artículo dice «las administraciones educativas competentes impulsarán la inclusión…», a lo que la Junta de Comunidades solicitaba que la palabra impulsarán fuera sustituida por «asegurarán que». «También pedía que se »incorporen contenidos dirigidos a la prevención, sensibilización y formación en materia de violencias sexuales«.

La alegación número 4 se dirige al artículo 17 de la Ley, sobre detección e intervención en el ámbito sanitario, donde la Junta de Comunidades solicita que la formación del personal se haga especialmente en «atención primaria, ginecología, enfermería y servicios de urgencias«.