El pasado 3 de octubre, entró en vigor la tercera y última etapa del nuevo modelo de justicia laboral en México, que pretende acabar, entre otras cosas, con la simulación en los procedimientos de negociación colectiva y los juicios interminables.
De esta manera, en Chihuahua, CDMX, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, comienzan operaciones los centros de conciliación locales y federal, así como los tribunales laborales federal y locales. El resto del país ya está en ello.
Sin duda estamos frente a grandes avances. El pronóstico es que, para el 1 de mayo de 2023, podamos declarar el fin de los contratos de protección, por lo que se espera una rebatinga por los contratos colectivos de trabajo. La gran pregunta aquí es si para entonces lograremos un cambio cultural en términos colectivos. Al tiempo.
Pero en donde domina el escepticismo es en la justicia laboral y las condiciones que existen para permitir que ésta se manifieste.
Veamos el caso de la CDMX: el ‘viejo’ sistema laboral cuenta aún con un rezago brutal. En los últimos años, la Junta de Conciliación y Arbitraje de la CDMX contó con más personal y se empezaron a digitalizar expedientes. Sin embargo, al cierre de 2019 tenía 90 mil juicios vivos y, para septiembre de 2022, 145,000. Un mundo de casos sin resolver.
¿Qué pasará con los juicios pendientes? ¿Cuándo se resolverán? Es muy posible que pasen muchos años para concluir con todos. Así, la justicia laboral tendrá que esperar.
Ahora, la apuesta está en desahogar más rápido los juicios, evitar las denuncias en tribunales y terminar el ‘pleito’ en una etapa conciliatoria.