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Opinión

El CGPJ, el patito feo de los políticos

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Ante la grave situación que está viviendo el CGPJ, y la repercusión que, sobre los jueces, o sea, sobre el Poder Judicial, tiene su órgano de Gobierno, llamado a controlar a los otros dos poderes del Estado y a mantener así el Estado de derecho, me ha parecido necesario publicar un informe lo más objetivo posible sobre la historia legislativa del citado CGPJ. De esta manera deseo contribuir a que ustedes obtengan sus conclusiones; entre otras: cuál ha sido, en este largo camino, la intención de los políticos sobre el poder de los jueces: ¿han intentado favorecer su independencia, o han hecho lo contrario?, ¿tienden a creer en el sistema político democrático y en el Estado de nerecho, o no soportan ser iguales ante la ley, como el resto de los ciudadanos?

El art. 122. 3 de nuestra Constitución, que regula el nombramiento -la propuesta- de los vocales del CGPJ, dice así: «El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión».

La primera interpretación y desarrollo de este precepto constitucional se hizo con la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero (arts. 7 al 21) que, con respecto a los veinte vocales del CGPJ (el nombramiento corresponde al Rey), dijo que los doce jueces y magistrados que la Constitución señala serían elegidos por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo (artículo 12); también señaló que el resto de los vocales, abogados y juristas, en número de ocho, se propondrían, cuatro por el Congreso de los Diputados, y cuatro por el Senado. Esta lectura del art. 122. 3 de la Constitución les pareció entonces razonable y clara, pues si el constituyente hubiera querido que los doce jueces fueran elegidos también por los parlamentarios, lo hubiera dicho expresamente, como lo ha hecho para los ocho vocales juristas. Y es que la remisión a «los términos que establezca la ley orgánica» nadie dudó que se refería a la regulación del procedimiento de nombramiento de los jueces por los jueces.

Sin embargo, la LOPJ, 6/1985, de 1 de julio, cambió el sentido de nuestra Constitución, atribuyendo, sin explicación plausible, al Parlamento (Congreso y Senado) la propuesta de todos los Vocales del CGPJ. Y, para que entrara en vigor lo antes posible la citada LO, y pudiera renovarse, con ella y con los nuevos vocales, el CGPJ, la LO 4/1985, de 7 de junio suprimió el recurso previo de inconstitucionalidad, que había sido instituido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC 2/1979, de 3-10, artículo 79), según la cual, en su versión original y hasta 1985, decía: «Son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad, con carácter previo, los proyectos de Estatutos de Autonomía y de Leyes orgánicas».

Este recurso previo poseía una gran importancia, porque la interposición del mismo suspendía automáticamente todos los trámites subsiguientes: «La interposición del recurso suspenderá automáticamente la tramitación del proyecto y el transcurso de los plazos», impidiendo que una ley orgánica, impugnada por inconstitucional ante el TC, pudiera entrar en vigor y fuera aplicada mientras el TC permaneciera en trance de resolver el recurso. Así, al desaparecer el recurso previo de inconstitucionalidad, se han podido aplicar, y se siguen aplicando, leyes orgánicas, como la 2/2010, del aborto, sin que se haya resuelto aún su constitucionalidad, después de más de doce años que se recurrió. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha reimplantado este recurso previo en su verdadera extensión; la LO 12/2015, de 22-9 no lo reintrodujo para cualquier ley orgánica, sino únicamente «para los Proyectos de Estatutos de Autonomía y sus Propuestas de reforma».

Pero volviendo al camino seguido por la LOPJ 6/1985, de nada sirvió el recurso de inconstitucionalidad planteado contra ella, porque la sentencia del Tribunal Constitucional (STC 108/1986, de 29 de julio), lo desestimó, admitiendo la dificultad para entender el precepto, y sus defectos técnicos, pero aduciendo que, si la norma se puede interpretar de acuerdo con la Constitución, no es inconstitucional: «ya que es doctrina constante de este Tribunal que la validez de la ley ha de ser preservada cuando su texto no impide una interpretación adecuada a la Constitución. Ocurriendo así en el presente caso, pues el precepto impugnado es susceptible de una interpretación conforme a la Constitución y no impone necesariamente actuaciones contrarias a ella, procede declarar que ese precepto no es contrario a la Constitución». (FFJJ 13. Párrafo 3).

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No obstante, la sentencia dejó dichas cosas muy importantes que, después, no se han tenido en cuenta. Entre otras: a) que el nuevo Consejo, con las funciones que tiene atribuidas, podría influir en la independencia de los jueces, ya que, de un lado, «las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos jueces por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. La finalidad del Consejo es, pues, privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado» (F.J. 7). b) que «la finalidad de la norma sería la de asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial. Que esta finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios Jueces y Magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ es cosa que ofrece poca duda (F.J. 13, párr. 2º); c) que la LOPJ de 1985 crea un riesgo cierto de politizar el órgano porque permite que «las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olviden el objetivo perseguido y actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos» (F.J. 13, párr. 2º). d) que la existencia y aun la probabilidad de ese riesgo «aconseja sustituir el precepto recurrido» (F.J. 13. Párr. 3º).

La renovación de todos los consejos generales del Poder Judicial habidos desde aquella LO 6/1985 ha coincidido en un todo y desde un principio, con la ‘profecía’ del Tribunal Constitucional. Siempre las Cámaras, y eso así consta de manera notoria, han atendido solo a sus propias fuerzas políticas y han retrasado por ello los nombramientos; sin embargo, nadie ha cambiado el sistema; o, mejor dicho, no se ha vuelto a la primigenia interpretación, aconsejada por el TC, según la cual, lo que dice implícitamente el art. 122. 3, y es acorde con la necesaria independencia de los jueces, es que sean los jueces quienes propongan directamente, entre los veinte vocales, a los doce vocales jueces. Y el número de doce sigue vigente.

Últimamente, las fuerzas políticas que poseen la capacidad de lograr la mayoría de los tres quintos para renovar el CGPJ llevan más de cuatro años sin conseguirlo. Hasta ahora no se han puesto de acuerdo en volver al sistema que parece querer la Constitución, ni tampoco lo han hecho en los nombres de los vocales que cada uno quiere introducir en el consejo; incluso han llegado al peregrino acuerdo, como mucho, de que primero se renueve el consejo y después se cambie el sistema de nombramientos, como si lo malo conocido haya que repetirlo antes de cambiar la medicina.

Y es tan patente el cumplimiento de la citada ‘profecía’ que el actual legislador, a instancia del Gobierno de la Nación, y se supone que para presionar en la negociación, ha publicado la LO 4/2021, de 29 de marzo, de discutible constitucionalidad, que modifica la LOPJ e impide al CGPJ, mientras se encuentre «en funciones», nombrar a los altos cargos de la magistratura: magistrados del Tribunal Supremo (TS), del TC, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional, y de las Audiencias Provinciales, etcétera. Todo ello, eso sí, sin respetar y valorar los perjuicios que tal modificación está causando en la Justicia.

Pero como, después de esa LO ha surgido la renovación del TC, que por cierto solo lleva un retraso de tres meses, pero también se quiere intervenir en ella, contemplamos cómo el Gobierno, que al parecer tiene ahora prisa, ha instado otra LO 8/2022, de 27 de julio, para modificar la anterior y así autorizar al CGPJ a que pueda nombrar a los dos magistrados del TC que le corresponde proponer; subrayo, solo para éstos.

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La gravedad de lo que acabo de describir, podrán valorarla ustedes, pero ya lo ha hecho el actual presidente del CGPJ y del TS en el discurso que pronunció ante su majestad el Rey, en el acto de apertura de los Tribunales, el pasado día 6 de septiembre.

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Opinión

La caída de FTX y el mundo del crypto

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Este escenario dejó atónitos a la gran mayoría de los especialistas. Cabe decir que en menos de 72 horas el imperio FTX —valorado en 32,000 millones de dólares (mdd)— desapareció dejando un agujero de 8,000 millones y más de un millón de damnificados, entre los que se encuentran fondos de inversión, otros exchanges, plataformas de lending (préstamos que conceden unos usuarios a otros) y cientos de miles de inversores individuales que no lograron retirar sus tenencias a tiempo.

Pero la historia no termina. Según se dio a conocer el lunes 21 de noviembre, la firma debe más de 3,000 mdd a sus principales 50 acreedores, una situación que hace que Sam Bankman-Fried, fundador y principal estratega de FTX, se desvanezca día con día en medio de la crisis más grande que ha tenido su empresa.

Si bien la investigación sobre la quiebra recién ha comenzado, todo indica que hubo desfalco. Y es que hasta ahora todo apunta a que FTX es una gran estafa multimillonaria, con supuestos hackeados y desvíos de fondos. Frente a este panorama, muchos expertos sostienen que lo más probable es que los usuarios de la plataforma afectados nunca recuperen su dinero, dado que —a diferencia de lo que ocurre en la banca tradicional— los depósitos no estaban garantizados y no está claro cuánto dinero podría quedar para resarcirlos cuando se liquide la empresa.

Ahora bien, ¿cómo se traduce esta situación en el mundo de los crypto activos? En pocas palabras, debilita la confianza de los consumidores y la fe en el manejo correcto y ético de las finanzas de los activos digitales.

Se puede señalar que la confianza es el indicador más fuerte de toda demanda. En este momento el golpe ha sido fuerte, por lo que hoy en día la gran mayoría de las criptomonedas están sufriendo una falta de confianza. Sin embargo, todavía se percibe una comunidad sólida de entusiastas, inversionistas y evangelistas de las tecnologías blockchain que, a pesar de los bajones sufridos durante este año, siguen firmes en su postura: la evolución del sistema financiero mundial.

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Ciertamente, no podemos dejar de reconocer que aún hay muchos problemas que resolver respecto al mundo de las criptomonedas. En primer lugar, y sobre todo, se debe trabajar de manera urgente en la regulación de las mismas. Solamente la regulación estricta de las monedas digitales hará que se restaure la confianza en los compradores y será lo que les asegure que no van a ser estafados una vez más.

Uno de los países que es consciente de esta necesidad es Estados Unidos. De hecho, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York ha lanzado recientemente el programa piloto CBDC , el cual tiene como objetivo probar la viabilidad de un dólar digital basado en las tecnologías de registro distribuido (distributed ledger technology, en inglés). En el mismo participarán nueve instituciones financieras estadounidenses, entre las que se destacan Citibank, Mastercard, HSBC y Wells Fargo.

En definitiva, iniciativas como estas son las que se requieren también en los países de América Latina, y es que, si bien es cierto que hoy el mundo crypto está a la expectativa de lo que podrá suceder, siempre es mejor estar dentro de la jugada que darla por descartada.

Nota del editor: Hugo Cen es Fundador de Ai Lab School – Escuela en-línea de programación en Inteligencia artificial, Co-fundador de Digital Lab Agency agencia binacional de marketing digital, Director del comité organizador de Hackity la Liga de programadores en México. Activamente organiza hackathones y eventos de comunidad para desarrollar el talento de programadores Mexicanos. Síguelo en LinkedIn , Facebook y/o en Instagram . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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Opinión

Un gran historiador monárquico

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LA TERCERA

«En libros de alto bordo, en trabajos múltiples en revistas corporativas y gremiales y en incontables artículos periodísticos –(en su gran mayoría en este mismo periódico de su empatía más expresiva)–, Seco Serrano aireó indesmayablemente su credo historiográfico y personal, ahormado en uno de sus fundamentos esenciales por la defensa incansable del ideario monárquico

sara rojo

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Opinión

Black Week

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Luis del Val

28/11/2022

Todavía no celebramos el Día de Acción de Gracias, pero hemos abrazado el Viernes Negro, con tanto entusiasmo, que lo hemos alargado durante toda la semana pasada.

Las rebajas han sido múltiples: rebaja de la Guardia Civil en Navarra; rebaja del delito de sedición, para …

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Opinión

¡El pulmón, les digo!

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DIARIO DE UN OPTIMISTA

«No hay uno solo de los males que sufre el planeta que no pueda explicarse por ‘la crisis climática’. Fíjense en que ya no decimos ‘calentamiento global’, porque sería mensurable, sino ‘crisis climática’ o, mejor aún, ‘cambio climático’, no mensurables. Este cambio de vocabulario permite explicar cualquier cosa y su contraria»

CARBAJO

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Opinión

El espejismo del retorno de la diplomacia de cumbres

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Durante las últimas semanas hemos visto un resurgir de la diplomacia de cumbres, el mecanismo por el cual las citas de mandatarios operan como un catalizador de las relaciones internacionales. Encuentros como la COP27 en Sharm-el-Sheikh o el último G20 en Bali parecen simbolizar un cierto retorno a este tipo de formatos y a que depositemos nuevas esperanzas en ellos para reflotar una colaboración internacional que no atraviesa su mejor momento.

El avance de la diplomacia a través de grandes citas que jalonan la agenda internacional ha tenido un evidente desarrollo durante las últimas décadas hasta el inevitable freno que supuso la pandemia, que remitió durante un tiempo a la virtualidad. Poco a poco, los líderes han retomado sus viajes internacionales: vuelven las fotos de familia en las que el rostro de los mandatarios ya no se oculta tras una mascarilla, o se divide en las cuadrículas de una pantalla de Zoom.

Algunos han acogido con esperanza este aparente retorno a la normalidad. La diplomacia de cumbres transmite la sensación de recuperar una cierta previsibilidad que se había ido perdiendo en estos tiempos de incertidumbre. La aprobación de comunicados finales deja entrever que el acuerdo entre países es aún posible, aunque sea de mínimos. Biden y Xi se estrechan la mano, sonrientes, y la amenaza de un choque entre las dos grandes potencias nos parece algo más lejana.

Hay que darle la bienvenida a la reactivación de foros en los que los líderes se encuentran y buscan soluciones a los retos globales. Y hay que agradecer que sirvan de excusa para que los mandatarios de los dos países más poderosos del planeta se reúnan por fin e intenten poner freno a una escalada que amenaza con llevarnos a un conflicto de consecuencias imprevisibles. Pero no debemos llevarnos a engaño: la diplomacia de cumbres no es suficiente para dar respuesta a los retos sin precedentes de este momento histórico, marcado por una creciente fractura del orden global.

De una parte, no hay que olvidar las muchas críticas que hasta hace poco se le hacían a estas citas: multiplicación innecesaria, solapamientos, fastos excesivos, declaraciones carentes de seguimiento, distancia y desafección por parte de la ciudadanía… Y por otra parte –y si cabe más importante– hay que señalar que ninguno de esto encuentros aborda de frente el verdadero reto de fondo al que se enfrentan en la actualidad las relaciones internacionales: que los foros multilaterales reflejen un nuevo equilibrio de poder, no sólo entre países, sino también el marcado por la creciente complejidad de actores y fuerzas que moldean la globalización.

Necesitamos, pues, repensar esta forma de hacer diplomacia, con menos cumbres y más eficaces, que devuelvan la confianza de la ciudadanía hacia el multilateralismo. Y que reflejen el mundo de esta primera mitad del siglo XXI, no el de la segunda mitad del siglo pasado. Ello pasa por reinventar la forma en la que articulamos la gobernanza global en un planeta que acaba de sobrepasar los 8,000 millones de habitantes: menos basada en la intergubernamentalidad y más en la inclusión de otras voces y actores; menos en la competencia de poderes y más en la agenda de retos compartidos; menos en lo que nos separa y más en lo que nos une. Los tiempos lo demandan.

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SOBRE EL AUTOR
Ángel Alonso Arroba

Vicedecano, Escuela de Asuntos Globales y Públicos de IE University

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Opinión

La clave de la innovación está en el deseo de resolver los problemas de otros

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México requiere construir capacidades en su sistema de investigación universitaria, con el propósito de hacer avanzar la ciencia, a través de resolver problemas importantes en la industria y la sociedad.

A lo largo de la historia, la investigación científica ha sido merecedora de distintos calificativos, el más significativo es el que la relaciona con el crecimiento y el progreso de la industria y la economía nacionales.

En las últimas décadas se ha observado un crecimiento de los países desarrollados dependiente del incremento en el desarrollo de su conocimiento, en estos países las industrias basadas en investigación y tecnología crearon 2.5 veces más trabajos que el resto de las empresas entre 2000 y 2020.

Para crear prosperidad, los resultados de la investigación deben ser transmitidos de las universidades y centros de investigación a la sociedad, no solo se deben de lanzar nuevas tecnologías, también se debe garantizar su amplia difusión e implementación a lo largo de las cadenas productivas y de servicios, que sustentan la economía de un país.

Se requiere crear un ecosistema virtuoso en el que los más de 35,000 investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, no solo producir nuevo conocimiento, sino que, además se comprometan a participar con sus conocimientos en la atención de los complejos escenarios que presenta la sociedad mexicana, con la misión de fortalecer el desarrollo de investigaciones con una proyección de aplicación capaz de generar nuevos desafíos que modifiquen las agendas tradicionales de investigación. La clave es tener el verdadero deseo de resolver los problemas de otras personas.

Adicionalmente, es pertinente fortalecer la capacidad de adopción de nuevas tecnologías por parte de las empresas, lo cual permitiría que la incorporación de los resultados de la investigación se convierta en una fuerza impulsora de la innovación en la industria.

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La innovación no solo requiere de herramientas de apoyo económico, sobre todo necesita de una mayor capacidad en materia de articulación y colaboración entre las empresas y las universidades y centros de investigación.

Desde las universidades y centros de investigación esto podría apoyarse en las siguientes herramientas:

– Incentivar la participación de investigadores en proyectos de innovación, vinculados con empresas.

– Favorecer a gestión de la propiedad intelectual de los resultados de investigación, así como la transferencia.

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– Incentivar la formación de redes de investigación entre diversas disciplinas.

– Desarrollar un sistema que integre el censo de tecnologías en desarrollo y soluciones tecnológicas concluidas.

– Definir focos estratégicos de investigación con el propósito de promover la realización de programas de investigación conjunta con la industria, con una dimensión nacional e internacional.

– Crear vínculos y programas académicos conjuntos entre las escuelas y facultades de ingenierías, las artes y las ciencias sociales y los negocios.

– Tener claro que no es suficiente con tener una invención surgida del ámbito académico, lo realmente fundamental es lograr que esta invención se transforme en una verdadera solución tecnológica que logre ser adoptada por las personas y el mercado.

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– Evaluar la pertinencia de trasferir tecnología a pequeñas empresas ya existentes, versus partir desde la creación de spin-offs universitarias, con el fin de acelerar el proceso de innovación.

Desde las empresas habría que considerar lo siguiente:

– La colaboración con las universidades debe basarse en un mutuo entendimiento sobre el proceso de innovación, el cual es de alta incertidumbre, de largo plazo.

– Colaborar en el desarrollo y maduración de nuevas tecnologías (llevarlas de escala laboratorio a la “prueba de concepto industrial”), que puedan traducirse en prospectos de inversión, capaces de contribuir a elevar el nivel de competitividad.

– Apoyar el surgimiento de nuevas soluciones tecnológicas que tengan amplia posibilidad de aportar valor a los shareholders y a la sociedad en su conjunto.

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– Establecer una serie de conferencias o conversatorios regulares sobre los retos de la industria y difundirlos con las universidades y centros de investigación en la búsqueda de alianzas para resolverlos.

– Establecer laboratorios conjuntos con universidades y centros de investigación, para promover la cooperación en materia de investigación e innovación.

– Fomentar la creación de centros de investigación en conjunto con las universidades, en los que se lleve a cabo investigación avanzada, sobre líneas prioritarias por su relevancia industrial e interés social.

El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas de las sociedades contemporáneas y un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social, por ello resulta fundamental redoblar esfuerzos que contribuyan a fortalecer y consolidar el papel de las universidades y de los centros de investigación a fin de contribuir a través del conocimiento al bienestar de la sociedad y al desarrollo del país.

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Nota del editor: Juan Alberto González Piñón es director de Spark UP y académico de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Opinión

La bandera de España no atenta contra la convivencia

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Editorial ABC

27/11/2022

Por lo que representa como símbolo de una nación que cumple los más exigentes estándares democráticos y de libertades públicas e individuales, izar la bandera de España –o colgarla en la pared de un aula, como es el caso– no debería generar controversias en ningún país civilizado, menos aún en nuestro propio territorio.

El nacionalismo, sin embargo, no ceja en su empeño de mostrar en qué consiste realmente la ‘convivencia’ que propone y aplica el Gobierno como bálsamo, según la fórmula magistral de sus socios y sus franquicias regionales.

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Si la expulsión de una treintena de alumnos de un instituto de Palma por colgar en clase una bandera de España en apoyo a la selección de fútbol pone de manifiesto el grado de acoso que sufren quienes disienten del dogma separatista, la respuesta del centro educativo resulta aún más doctrinaria. El equipo directivo del colegio La Salle debería explicar qué entiende por «conductas disruptivas», «normas de convivencia» y «valores cristianos».



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Opinión

Contra el clima de impunidad

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Desde que los museos se han convertido en el escenario del activismo contra el cambio climático nuestra sociedad ha abierto un debate condescendiente que considera la justicia de las causas que inspiran esas demostraciones en detrimento del peligro que están corriendo obras de arte únicas. Hay algunas instituciones afectadas que, incluso, han evitado personarse en el juzgado para denunciar el ataque sufrido, escudadas en la simpatía frente a movimientos ‘sociales’ o en los atestados policiales de oficio. Cuando el pasado 5 de noviembre dos activistas se adhirieron a las Majas de Goya en el Museo del Prado, ese debate que ha atravesado toda Europa estalló de lleno en nuestro país, con las implicaciones lógicas sobre la seguridad y la respuesta que merecen estas agresiones. Días después hubo otro suceso similar en el Museo Egipcio de Barcelona. Hay un clima de impunidad e impotencia muy nocivo.

El reportaje que hoy publica ABC demuestra que la seguridad absoluta en los museos es imposible. Por eso mismo, el respeto y la defensa de la integridad de los bienes del patrimonio amenazados por un postureo infantil y narcisista, disfrazado de activismo, es la causa más justa. Cometen un gravísimo error quienes ven un mal menor en los ataques de los ‘ecoterroristas’ –expresión del Gobierno francés– porque, de momento, escogen los marcos o pinturas protegidas con cristal, puesto que dejar sin la contundente respuesta que merecen estos atentados supone rendirse a la evidencia de que un día será dañada una obra fundamental. O someterse a convertir la entrada del museo en un aeropuerto y el acceso al arte en una experiencia vicaria. Pretender zanjar este debate con la frase «el riesgo cero no existe» es una irresponsabilidad que nuestro ministro de Cultura, Miquel Iceta, comparte con los responsables de los museos españoles, que tienen a su cargo por ley la protección del patrimonio, no solamente la inauguración de exposiciones. Deben hacer algo más.

El museo no es, como cacarean los activistas ‘progres’, una institución agresiva de hegemonía cultural occidental, sino un espacio a salvo para la contemplación del mundo a través del arte. Las fallas y fortalezas, los horrores y los logros humanos, están ahí para conmovernos y que pensemos mientras los contemplamos. ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados frente a esta amenaza?

Benjamin hablaba del aura de las piezas originales, que son las que están en peligro. Ante obras perdidas, Calasso lamentaba que vivimos en un mundo de copias en el que los moldes se han perdido. Herbert sentía dolor en sus cicatrices de la guerra ante las ruinas del Partenón. Ortega encuentra en Velázquez al espectador de su tiempo, un alma gemela. Esta conversación milenaria está en peligro y no merece acabar con el grito de un adolescente bienintencionado e ignorante: «¿Qué importa más, el arte o el clima?».

Importa hacer cumplir la ley desde las instituciones. Que sobre los autores de estos ataques (no todos podrán prevenirse) caiga todo el peso de la ley y acaben en un juzgado por daños al patrimonio. Incluso pensar, como han hecho ya PP, Ciudadanos y Vox, en iniciativas parlamentarias para aumentar las sanciones con el fin de desanimar a los locos del clima antes de pegarse a un marco o acabar acuchillando un paisaje nevado para llamar la atención. La libertad de expresión está garantizada. Mejor que protesten en otro lugar. Pero tal vez en la España convertida en museo de revisión a la baja de condenas y tipos penales esto sea demasiado pedir.

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Opinión

El amigo Luis Enrique

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Ángel Antonio Herrera

27/11/2022

Luis Enrique tiene cara de resucitado, y acaso lo es, porque ha devuelto a España el corazón, por goleada. Casi parece verano, tras el 7-0, y casi podríamos tirarnos el nardo de la chulería de país contento si no hubiera salido durante la resaca …

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