Así como la expiración de una licencia de conducir nos debe excluir de la circulación por las vías de asfalto, una empresa con un permiso caduco debe quedar desenchufada de la red.
Para ponernos los zapatos de Iberdrola, sin embargo, imaginemos lo que sigue: a cualquiera de nosotros se nos vence la licencia, pero es evidente que nuestra intención es renovarla. Tenemos un auto y también una expectativa razonable de seguir usándolo.
Al llegar a la ventanilla, en la misma oficina que alguna vez nos expidió el documento ahora vencido, nos advierten que, en lugar del tipo “A”, para continuar en circulación, es preciso contar con la licencia tipo “B.” Pues, en ese caso, aunque cueste tiempo y dinero, vamos sobre el papeleo y esperamos turno para obtener esa licencia.
Pero resulta que, a juicio de esa misma oficina, hemos cometido una infracción que, además de imponernos una multa astronómica con fundamentos algo endebles, nos impide volver a circular.
Por fortuna, hay manera de combatir la conducta del burócrata mal encarado que alguna vez me otorgó la licencia y que ahora, veleidosamente, me la niega. Así, meto un escrito en el recinto del juez quien estudia mi caso, y a golpe de su mazo, ordena la cancelación de la multa si conforme a derecho, me asiste la razón.
Además, mientras se aclara el porqué de la negativa del cambio de mi licencia, mandata que se me deje circular con normalidad. Empero, un día me topo con que las calles están cerradas –y sólo para mí.
Algo parecido le ha sucedido a Iberdrola. El gobierno de un Estado le otorgó permisos; luego otro gobierno de este mismo le informó que son ilegales. Sin conceder a esas imputaciones, la empresa pidió otro tipo de permiso. La respuesta de la burocracia fue castigarlo por presuntas ilegalidades, además cerrarle el paso para regularizarse.
Como aceituna en el cóctel punitivo, la multó por 9,145 millones de pesos que es un monto, por lo demás, inusitado. Por interponer un juicio de amparo, a la empresa un juez le concedió la suspensión de la multa y además ordenó al Cenace no desconectar a las plantas de la misma en lo que se aclara el vertedero burocrático.
Como sea, el primero de septiembre, casualmente el mismo día del informe presidencial, a Enertek le cercenaron los cables, no porque deben sino porque pueden, pasando de largo el brazo de la justicia.
Esto, queridos lectores, es violación de una suspensión y es un delito punible con multa y cárcel. Por desdicha, lograr que se castigue es casi impracticable. Para ello, la Ley de Amparo marca un camino tan escarpado que uno puede desplomarse antes de rozarle los talones a los responsables.
