La encuesta un Índice de Preparación para la Transición Energética, centrado en la región de América Latina, reveló una brecha entre las percepciones y la realidad en lo referente a lo que se ha logrado hasta ahora: los participantes estimaron que las emisiones de la región se redujeron un 17% en promedio entre 2005 y la actualidad, y sólo cuatro de cada 10 respondieron que en realidad no se había logrado ninguna reducción de las emisiones.
La razón de esta discrepancia, según el estudio, es el resultado de las discusiones públicas sobre las medidas iniciales de descarbonización ya en marcha, cuando, en realidad, el crecimiento de emisiones contrarresta cualquier reducción potencial lograda por estas medidas en la actualidad.
En el mismo estudio se detalla que en términos globales, América Latina es un contribuyente menor al cambio climático, representando sólo el 5% de las emisiones globales de CO2 en 2020. Sin embargo, las emisiones crecieron alrededor del 20% entre 2005 y 2019, impulsadas por la expansión económica y el aumento de la demanda de energía.
Así en el territorio han comenzado a implementarse una serie de estrategias para esta transición y se divide en tres áreas: financiación, tecnología y know how. El asegurar una política energética coherente, hará que esta vía funcione.
En efecto, creo que esos son los elementos principales en los que tenemos que enfocarnos. Si bien México atraviesa por un proceso complejo, cuenta con normativas que son adecuadas para la utilización de energías sustentables y renovables. De este modo, si nos referimos a la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, hay visiones muy claras donde el gobierno ya tiene compromisos para el 2030, así como para el 2050.
