La presunta ilegalidad del contrato de Frenkie de Jong

«Los jugadores, a mi entender, no han incurrido en delito alguno, porque sólo se les pidió ayudar al club en un momento crítico con una rebaja salarial que acarreó la lógica exigencia de tener algún tipo de contraprestación a cambio, bien en forma de más años, bien en forma de mejora salarial en años venideros», explica el letrado. Según su visión, «es complicado que el Barcelona lleve este caso a la justicia», porque el proceso «llevaría años y para cuando se solucione todo, puede que los jugadores ni formen parte ya del club».

El abogado cree que sería muy complicado de demostrar. «Se trata más de un arma de negociación con riesgo de ejercer de efecto boomerang, porque la judicialización de todo este proceso podría provocar un daño reputacional. Además, siempre está la amenaza de que sindicatos como AFE o FIFPRO denunciasen la actuación del club», añade Roca, considerado por Iberian Lawyer el cuarto especialista en Derecho Deportivo más prestigioso de España.

Con todo, Roca avisa que los jugadores afectados, especialmente De Jong, tampoco pueden acusar al Barcelona de extorsión, ni podrían denunciar al club por mobbing, tal y como está sugiriendo el sindicato de futbolistas neerlandeses. «Hasta el momento De Jong no ha perdido un euro de su contrato, no ha sufrido un deterioro de su dignidad como trabajador ni ha sido discriminado: no se le ha apartado de los entrenamientos de la primera plantilla ni de la gira americana. Es más, el club solo ha pronunciado buenas palabras hacia su persona», apunta. «No creo que estemos ante un delito de extorsión sino ante una simple negociación por temas económicos en la que el Barça está jugando un poco ‘al límite’», reitera.

El letrado aclara que del delito de administración desleal que conllevaría la posible ilegalidad de estas cuatro renovaciones «sólo deberían responder las personas que tengan facultades para administrar un patrimonio ajeno, es decir, el presidente y demás miembros de la anterior Junta Directiva». «En ningún caso los jugadores. Para ellos la única consecuencia sería una potencial anulación de su contrato», añade. Las penas por administración desleal están previstas en los artículos 249 y 250 del Código Penal y fijan penas que van desde de prisión de 6 meses a 3 años, o prisión de uno a seis años y multa de 6 a 12 meses cuando concurran ciertas circunstancias.

Estos casos se encuadran dentro de la carrera contrarreloj que está liderando el Barcelona para cumplir con las normas del límite salarial de LaLiga y poder inscribir a los fichajes que se han realizado a lo largo de este verano. El CEO de Sports Law Institute pone el acento en que el Barcelona se arriesga a perder las incorporaciones que ha realizado si, finalmente, no se pudieran inscribir en LaLiga: «Sería algo similar a que el club los dejara sin dorsal. El artículo 16.2 del famoso Real Decreto 1006 de 1985 establece que la resolución del contrato por este motivo produce los mismos efectos que el despido improcedente sin readmisión. Es decir, que el jugador sería libre y podría solicitar una indemnización al club».

La no inscripción de un fichaje en LaLiga no conlleva su inmediata liberación en el mercado, sino que para ser considerado jugador libre debería primero denunciar su situación y esperar a que el juez resolvería a su favor la denuncia para liberarlo del contrato con el club. Roca recuerda que ningún club puede amenazar con dejar sin dorsal a un futbolista para forzar su salida, como también se ha deslizado en la prensa en los últimos días a propósito de algunos jugadores culés que se niegan a salir. «El Real Decreto fija que los jugadores tienen derecho a la ocupación efectiva. Si un club vulnerase este derecho (y dejarles sin dorsal es vulnerarlo) también se faculta al futbolista a resolver el contrato que le vincula al club», concluye.