200 embarazadas por anticonceptivos defectuosos y no es un escándalo

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Recuerdo que me enteré de las chilenas que quedaron embarazadas por consumir anticonceptivos defectuosos a través de The New York Times. Yo vivía en Washington y, si bien revisaba a diario la prensa estadounidense, era muy excepcional que publicaran algo sobre mi país: “Una falla en las píldoras anticonceptivas podría haber ocasionado decenas de embarazos en Chile”. Me sorprendió el contenido, y busqué más información. 2021 estaba recién comenzando y la pandemia dominaba la agenda pública. Encontré muy poco en los medios locales. Simplemente no se estaba tratando el tema como un escándalo de gran proporción.

Hace un par de meses regresé a Chile y me encontré con la noticia de un proyecto de ley que busca otorgar mayores responsabilidades a los laboratorios cuando una mujer se quede embarazada por un anticonceptivo defectuoso. Me pregunté qué sería de las víctimas de aquel caso.

Ya no eran decenas, como cuando saltó la noticia, sino más de 200. Recibieron las píldoras en centros de salud público; la mayoría eran de escasos recursos. Mujeres carentes de una educación sexual de calidad y sin las herramientas para enfrentarse en un juicio contra Andrómaco y Silesia, los laboratorios que fabricaron los anticonceptivos. Gracias a la Corporación Miles, que asesora legalmente a las afectadas por considerar que fueron víctimas de una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, los laboratorios las compensaron económicamente, aunque el montante es confidencial. Hasta el día de hoy el Estado no ha hecho nada por ellas. La corporación está elaborando una demanda para que el Estado repare a las afectadas, una acción que la propia ONU incentivó a principios de año. Si no llegan a acuerdo en el corto plazo con el Gobierno de Gabriel Boric, la van a presentar.

¿Cómo se repara a una mujer que, a pesar de seguir con los métodos para impedir embarazarse, se vio obligada a tener un hijo? El daño no es el hijo, como ha interpretado un sector conservador sobre las acciones legales. El daño es a la libertad de las mujeres. Y, en este caso, mujeres pobres.

Durante el Gobierno de Sebastián Piñera, la corporación intentó sin éxito llegar a un acuerdo de reparación con el Estado, pero este rechazó la condición mínima de negociación: crear un protocolo estandarizado que obligue a los centros de salud a un registro del número de lote de las píldoras que se entrega a cada usuaria, generar contenido sobre “pasos a seguir” en caso de denegación ilegal de una interrupción voluntaria del embarazo, publicarlo en las páginas web de los centros, y dar atención gratuita en salud mental a las afectadas.

En Chile solo está despenalizada la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre esté en peligro, por inviabilidad fetal y violación. Melanie Riffo, una de las afectadas, ahora de 22 años y madre de un pequeño de un año y tres meses, me contó por teléfono la semana pasada que se puso a buscar en internet cómo abortar. Se sentía incapaz de hacerse cargo de otra persona. Encontró un tratamiento por 75 dólares, que, además de escaparse de su presupuesto, no le dio confianza. Todavía espera que alguien del Estado la contacte. Que le ofrezca ayuda psicológica, una ayuda monetaria para la crianza, algo. El tema continúa sin ser tratado como lo que es: un escándalo.

A fines de mayo, el presidente Gabriel Boric le pidió perdón a nombre del Estado chileno a Francisca, una mujer con VIH que fue sometida a una esterilización sin su consentimiento cuando tuvo un hijo en noviembre de 2002 en un hospital público. La víctima de violación a los derechos sexuales y reproductivos tuvo que aguardar 20 años para que el Estado le pidiera perdón. Espero que las 200 mujeres afectadas no deban esperar tanto.

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