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La plataforma de Díaz: Colau y Oltra, imputadas, y Más Madrid investigado

Madrid Actualizado: Guardar

La plataforma Sumar, que vehiculará la candidatura electoral de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, empieza su proceso en tres semanas con dos de sus valedoras territoriales imputadas en causas diferentes: las líderes de Catalunya En Comú y Compromís, Ada Colau y Mónica Oltra, respectivamente. Son dos organizaciones que se han puesto a disposición de Díaz para ensanchar el espacio a la izquierda del PSOE. Tres con Más Madrid, también en otro lío judicial. Las patas orgánicas que más se han significado a favor del proyecto amplio el último año.

Anteayer se confirmó la imputación de Oltra. La vicepresidenta segunda del Gobierno no se ha pronunciado todavía sobre este asunto. Tampoco nadie de Podemos en el Gobierno.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha decidido investigar a Oltra por la gestión del caso de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada de 14 años.

El tribunal ve « indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo» de la Consellería de Igualdad para ocultarlo.

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Dos días antes del proceso

Compromís y la propia Oltra lo niegan, dicen que se trata de «una cacería de la extrema derecha» y que no va a dimitir. Más carbón a una polémica que estalla en un momento muy delicado para Díaz. El juez cita a declarar a Oltra el próximo 6 de julio; es decir, justo dos días antes del primer acto de la plataforma Sumar. Acto que, además, no ha dejado de retrasarse por los adelantos electorales y la guerra de Ucrania. El silencio sobre qué representación tendrá Oltra o Compromís en los futuros eventos de la plataforma es atronador; no se opina sobre si debe dimitir, si cuentan con su imagen o sobre si la apoyan o no. Prudencia a la espera de que declare.

Oltra participó en noviembre, en Valencia, en el acto ‘Otras políticas’ junto a Díaz, Ada Colau y Mónica García, que ya se entiende como el germen del proyecto de la ministra de Trabajo. También estuvo el mes pasado con Díaz en la misma ciudad para un evento sobre las jornadas laborales de cuatro días. No obstante, a pesar de esta complicidad, hay detalles en las últimas semanas que ya revelaban como se estaba intentando marcar cierta distancia, sabedores de que la imputación podía llegar. De hecho, según pudo saber ABC, Díaz tiene pensado implicarse con Colau y García en las campañas autonómicas del ciclo que va a empezar, pero en estos planes ya no mencionaba a Oltra.

Solo Compromís y la sucursal de Podemos en la Comunidad Valenciana, estos últimos mediante un comunicado, han salido en defensa de la imputada. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, no se ha pronunciado. Tampoco la titular de Igualdad y número dos del partido, Irene Montero. El líder de Más País, Íñigo Errejón, principal aliado político de Compromís, tampoco ha dicho nada.

Financiación irregular

Más Madrid, otra formación que se prevé como otra de las patas orgánicas del proyecto de Díaz, también será investigado por supuesta financiación ilegal. Errejón, su fundador, que hace poco quedó absuelto de un delito leve de agresión por no quedar acreditado que diese una patada a un hombre que le pidió una foto, está ahora envuelto en este proceso por una querella de varios excompañeros. Le acusan de forzar a simpatizantes a hacer donaciones para financiar la campaña de Más País y aseguran que el partido cesó a los vocales vecinos y asesores que se negaron a pagar lo que llamaron «carta financiera».

Tráfico de influencias

Por su parte, Colau está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona por presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, después de la denuncia de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. Dicen que concedió 3,4 millones de euros en subvenciones y convenios de financiación sin concurrencia pública a empresas y entidades afines a ella y a su formación.

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Citan al Observatorio DESC, Ingenieros Sin Fronteras o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Colau negó en marzo las acusaciones, argumentó -como Oltra- que la querella tiene intencionalidad política y recordó que la Fiscalía desestimó otra denuncia muy similar presentada por Abogados Catalanes por la Constitución.

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