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Internacional

Maite, la niña de 14 años, a la que su novio animó a denunciar a la policía: «Cuéntaselo todo de una vez»

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«Díselo, díselo de una vez, anda, cuéntaselo de una vez todo y escarmienta». Estas fueron las palabras que sacaron a la luz un caso que ha sacudido la política valenciana. Las escucharon dos agentes de la Policía Nacional que se personaron, por un asunto que nada tenía que ver, en el centro de menores Niño Jesús de Valencia el 22 de junio de 2017.

El novio de Maite, una niña de 14 años tutelada por la Generalitat e interna en la residencia, empujaba a su pareja a relatar ante los policías los abusos sexuales que había padecido por parte de un educador meses atrás, entre finales de 2016 y principios de ese mismo año.

El agresor era «un tal “Luis”», el entonces marido de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

Luis Ramírez Icardi, a la espera del recurso en el Supremo, fue condenado a cinco años de prisión.

Sobre él, la joven «no quiere decir más» y «le cuesta hablar por el temor que este le suscita, ya que tiene una familiar que es un cargo importante dentro de una Conselleria y que la misma sale por la tele», según se detalló en el informe policial citado en la exposición razonada que el titular del Juzgado de Instrucción número 15 elevó al TSJ.

Esta revelación dio pie a que la jefa del Grupo de Menores de la Policía Nacional remitiera pocos días después, el 27 de junio, una nota informativa a la Fiscalía para que investigara los hechos. La polémica gestión de lo que había ocurrido antes y lo que ocurriría después ahora la estabilidad del Gobierno valenciano.

Hasta ese momento y pese a que la menor verbalizó los abusos en febrero, el Ministerio Público no tuvo constancia de los mismos. Las responsables del centro no habían dado credibilidad a la chica y no se le derivó en un primer momento a un servicio especializado -el Instituto Espill-. Todo el mundo en la residencia conocía la relación del educador con la dirigente de Compromís.

Icardi volvió a su puesto de trabajo tres semanas después, aunque se le cambió de planta, y se le consintió elaborar un protocolo de actuación para futuros casos similares. Tampoco se informó de los hechos a la Fiscalía para su constancia en el Expediente de Protección de la menor.

Sin embargo, todo cambió cuando el Ministerio Público tuvo constancia de la denuncia de la víctima e inició diligencias penales: envió tres requerimientos de información a Igualdad y reprochó no tener conocimiento de absolutamente nada de lo ocurrido hasta la fecha.

El 27 de julio un juez ya había abierto un procedimiento y dictado una orden de alejamiento del agresor sobre la víctima. La versión de Mónica Oltra se ajusta a la de los plazos judiciales. La titular de Igualdad asegura que conoció lo ocurrido cuando recibió una notificación judicial en su casa, en la que todavía estaba empadronado el agresor. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha verificado que esa comunicación llegó el 4 de agosto. Cuatro días después, el 8 de agosto por la tarde, se recibió en la Dirección Territorial de Igualdad.

Fue el mismo día en el que la subdirectora de Infancia y Adolescencia -la directora del rango estaba de vacaciones- firmó la orden de abrir un expediente para investigar la actuación de la Conselleria de Igualdad. Un informe reservado que se orientó, asevera el juez, a «desacreditar a la menor», por lo que además la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana cree que Oltra podría ser acusada de un presunto delito de prevaricación, pues la señala como la persona que dio la orden verbal a sus subordinados. Ella lo niega, aunque en un primer momento sí se erigió como la responsable de esa «instrucción paralela» a la judicial, que se erige como el núcleo de todo este asunto.

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia considera que hay «indicios plurales» de que se orquestara un plan para proteger al agresor y la carrera política de la vicepresidenta. De hecho, incluso, sostiene que probablemente Oltra conociera los abusos desde el principio.

El expediente -que no daba credibilidad a la versión de la niña- se cerró en noviembre y se envió al Ministerio Público, pero por razones que se desconocen, no se incluyó en el primer juicio contra el exmarido de la dirigente de Compromís en 2019, lo que motivó la repetición parcial de la vista oral.

Imagen de la vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra
Imagen de la vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra – EFE

El fallo contra el educador, clave para la investigación

Precisamente, la causa -asumida en su totalidad por el TSJ- en la que ahora están imputados Mónica Oltra -que declarará el 6 de julio- y otros trece funcionarios y cargos de Igualdad tiene su origen en una sentencia de la Audiencia de Valencia ratificada por el TSJ: la que condenó a cinco años de prisión a Luis Ramírez Icardi. El fallo ponía el foco en la desprotección a la que se había sometido a la víctima por parte de quienes tenían que protegerla y arrojaba dudas sobre la gestión de la Generalitat en este asunto.

Pese a las explicaciones de la vicepresidenta en las Cortes Valenciana en abril de 2021, fueron esos, precisamente, los argumentos que utilizaron pocas semanas después la defensa de la entonces menor -representada por el abogado y líder de España 2000, José Luis Roberto- y la asociación Gobierna-te -presidida por la cofundadora de Vox Cristina Seguí- para llevar los hechos de forma paralela ante los tribunales. Una circunstancia por la que la consellera siempre ha calificado la causa como «una cacería de la extrema derecha» ante las peticiones de dimisión de la oposición, que hasta ahora siempre ha rechazado

La misma Sala que ahora ha imputado a Oltra rechazó investigar a la dirigente de Compromís y a otros cargos de su departamento tras la querella presentada por esta entidad, que más tarde llevó a un juzgado de Instrucción y acabó dando pie, junto a la denuncia de la víctima, a la causa actual, abierta a finales del año pasado pese a las reticencias iniciales del Juzgado número 15 y con el beneplácito de la Audiencia de Valencia.

El TSJ entendió entonces que no podía imputar a Oltra porque no se disponía de «ningún indicio objetivo» de que hubiera ordenado proteger a su entonces marido. La única sospecha existente, según defendió el tribunal, partía de que todos los implicados estaban vinculados a Igualdad y que «el afectado fue en su momento» pareja de la consellera. Tampoco la Fiscalía lo apoyó.

Los jueces pusieron el foco en que, al no existir una instrucción previa sobre la actuación de los no aforados que expusiera su responsabilidad, no podían valorar «hasta qué punto ello obedeció a una conducta deliberada así como de quién partió y particularmente si tuvo alguna intervención directa o indirecta» la vicepresidenta del Consell.

Sin embargo, los magistrados manifestaron que «todos los elementos puestos de manifiesto por la querellante justifican plenamente el inicio de una investigación penal dado lo sospechosa que resulta la actuación del personal directivo y técnico de la Conselleria, particularmente del personal que ordenó y llevó a cabo lo calificado como “instrucción parajudicial”, así como el tratamiento dispensado a la menor que según lo relatado, lejos de ser protegida fue objeto de una injustificada persecución». Por ello, la remitieron a un juzgado de instrucción que, ante los indicios encontrados, decidió elevar el asunto al alto tribunal.

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Internacional

El Constitucional avala la última gran prórroga de Púnica: «No existe el derecho a la duración determinada»

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El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo que había presentado el empresario Javier López Madrid contra la prórroga que acordó el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para seguir investigando el caso Púnica tras una reforma legislativa que puso el contador de los plazos a cero y limitó a 12 meses la duración inicial, aunque pueda irse extendiendo. Considera que no existe «el derecho a una duración determinada» de las causas judiciales y que la introducción de esa modificación, de 2020, no quebró derechos.

Púnica lleva en instrucción desde el año 2014 sin que haya llegado a juicio nada más que una pieza menor, relativa a un chivatazo. López Madrid, que está imputado, veía ya el horizonte porque en una resolución, García Castellón había fijado fecha de fin de las pesquisas que le afectan.

Sin embargo, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020 frustró sus expectativas. Introdujo una limitación de 12 meses prorrogables en los plazos para investigar que empezaban a contar al día siguiente de entrar en vigor el cambio. Se amplió así el límite temporal de todas las causas en tramitación, incluida la Púnica, y López Madrid entendió que se estaban quebrantando sus derechos como imputado. Recurrió en la Audiencia Nacional sin éxito y acabó llegando en amparo ante el TC.

La sentencia, a la que tuvo acceso ABC, desestima sus pretensiones porque considera que no se ha vulnerado ninguno de sus derechos y, de paso, avala la reforma aplicada sobre los plazos de instrucción, pues desde su perspectiva, «no puede afirmarse que afecte de manera desproporcionada a los derechos e intereses en presencia, hasta el punto de que invalide la propia legitimidad constitucional».

«La consecuencia de una eventual aplicación de esta reforma, al dejar sin efecto el plazo máximo previamente fijado, no puede considerarse como manifiestamente desproporcionada para los derechos e intereses del investigado. Y, aunque la propia norma reconoce que ‘el proceso penal es en sí mismo una pena que comporta aflicción y costes’, considera que existe otro bien jurídico digno de protección como es la necesaria eficacia del proceso penal en la persecución de los delitos más complejos», dice el Constitucional.

«La duración es variable»

Además, sentencia que «no existe un derecho a una duración determinada de la instrucción penal aunque esta debe siempre extenderse al menor tiempo posible». «La propia naturaleza de la investigación es esencialmente contingente y, por tanto, su duración es variable», señala, pues «es la propia naturaleza de la instrucción, tendencialmente orientada a la búsqueda de la verdad material, la que impide determinar con seguridad su vigencia temporal».

Sobre el caso concreto de López Madrid, al que se adhirieron en el recurso otros investigados en Púnica, el Tribunal de Garantías dice que las resoluciones de García Castellón que impugna «han procedido a aplicar una disposición transitoria», la de la reforma legal, que «como en otros supuestos similares, se limita a reiterar un principio básico», que es la entrada en vigor inmediata en los procedimientos en tramitación. Y Púnica, en ese momento, se estaba tramitando.

La reforma no implica dilaciones indebidas

Descarta que de ahí se pueda argumentar que se haya vulnerado su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, porque eso «no puede equipararse a una determinada duración de la tramitación de un procedimiento o de una de sus fases».

«La improcedencia de una dilación puede manifestarse con independencia del lapso temporal del proceso, porque es un concepto eminentemente circunstancial. Depende de factores como la complejidad de los hechos investigados, la conducta procesal de los intervinientes y la diligencia del órgano judicial, así como la duración media de los procesos de características similares», razona el Constitucional.

En este sentido, expone que «hay procesos que se desarrollan durante un tiempo considerablemente amplio que, en función de sus circunstancias, no implican una dilación indebida. Y también puede suceder lo contrario». «Lo relevante, por tanto, son las concretas particularidades del asunto», añade el Tribunal de Garantías, que descarta que esa reforma legal en sí misma pueda generar una vulneración por dilaciones indebidas.

«En definitiva, no se produjo afectación alguna a la esfera de derechos e intereses del interesado, porque no existía una situación jurídicamente consolidada ni un derecho adquirido», añade además el Constitucional, que recuerda que una providencia que pone fecha a un plazo de instrucción, por más que sea firme, no configura estas dos esferas como sí lo hace una sentencia.

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El éxito de la Cumbre de la OTAN reafirma la vocación euroatlántica de España

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Una cumbre de la OTAN histórica. Así se recordarán estos últimos tres días en los que España se ha convertido en el centro del mundo por albergar en Madrid una reunión de líderes de potencias democráticas, unidas y decididas a defender valores y principios comunes, propios de sociedades modernas y avanzadas.

Es pronto para cuantificar el impacto económico que la cumbre de la OTAN ha aportado a España. Del mismo modo que de momento es imposible medir la proyección internacional que ha tenido el país a nivel de imagen, aunque sí se puede intuir.

Dejando a un lado todo lo que ha supuesto para los países de la OTAN esta reunión -como el nuevo Concepto Estratégico, el apoyo sin fisuras a Ucrania, la adhesión de Finlandia y Suecia o el refuerzo en los países bálticos ante la amenaza de Rusia-, España ha hecho un ejercicio de diplomacia que no se veía desde hace años.

Fuera de Ifema, de las audiencias y encuentros bilaterales del Rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela y de las reuniones que se han mantenido a todos los niveles entre delegaciones, estos días en Madrid los jefes de Estado y de Gobierno han disfrutado también de momentos más distendidos, en los que se ha apreciado una cercanía entre ellos que se ha traducido en unidad y entendimiento. Esta sintonía entre mandatarios es sin lugar a dudas el arma más potente de disuasión frente a las amenazas comunes de los países de la Alianza Atlántica.

España ha lucido palmito como nadie y ha demostrado que su buen hacer en materia de organización, protocolo y seguridad: el dispositivo de la base aérea de Torrejón de Ardoz recibió sin problemas a un total de 28 delegaciones, las caravanas cumplieron con los tiempos de las agendas y llegaron puntuales, el metro funcionó sin complicaciones…

Subida de autoestima

Ya lo dijo ayer el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien celebró que la acogida por parte de España de la cumbre «ha sido perfecta, impecable, excelente». Agradeció al país el haber recibido a todos los aliados en Madrid, «una ciudad hermosa». También mencionó la cena de bienvenida de los Reyes en el Palacio Real -donde los asistentes fotografiaron con sus teléfonos todos los rincones, incluidas las paredes de mármol- y la ofrecida por Pedro Sánchez en el Museo del Prado. Una velada que desde el propio museo califican como «la mayor operación de comunicación de El Prado a nivel internacional» en la época moderna.

«Esta cumbre además de histórica ha sido emblemática para España porque refleja una serie de temas trascendentales para nuestro país. Es el 40 aniversario de la membresía de la OTAN pero, además, que España la acoja en este momento reafirma su posicionamiento euroatlántico», explica a ABC Manuel Muñiz, decano de Relaciones Internacionales del IE University, quien fue secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores hasta julio de 2021. Muñiz añade que la cumbre ha sido «un hito para nuestra política exterior y nuestra proyección internacional, que cristaliza un desarrollo de nuestra política internacional de más de cuarenta años», en los que los avances centrales fueron la membresía en la UE y en la OTAN y la integración de España en el club de democracias avanzadas.

El presidente del Gobierno Pedro Sanchez, y su esposa Begoña Gómez, charlan con el presidente de Estados Unidos Joe Biden antes de la cena ofrecida en el Museo del Prado
El presidente del Gobierno Pedro Sanchez, y su esposa Begoña Gómez, charlan con el presidente de Estados Unidos Joe Biden antes de la cena ofrecida en el Museo del Prado – EFE

«En el arco de nuestra política exterior, de seguridad y de defensa de los últimos años, este hito es coherente: España abandona una dictadura y comienza una transición a la democracia, se integra en la UE, en la OTAN y termina en el 40 aniversario de su membresía, con una cumbre muy trascendental», dice Muñiz, quien apostilla a que con esta cumbre «se cierra un ciclo en materia de política exterior muy exitoso, que cristaliza todos los esfuerzos de múltiples gobiernos».

Esta cumbre además se puede medir por la dimensión estructural del momento. «Parece que nos desplazamos a una velocidad bastante acelerada a un mundo más fracturado y de bloques, uno de democracias liberales y otro de potencias autoritarias. Esta ha sido la ocasión mas evidente para manifestar la unidad de esas democracias liberales o de buena parte de ellas», apunta Muñiz.

De ahí que esta cumbre haya servido como escenario para reafirmar la unidad política, de seguridad y afectiva: «Tiene un fondo muy profundo porque de ese mensaje hay destinatarios claros: Putin y otros gobiernos y países autoritarios que están observando el nivel de unidad y capacidad de respuesta compartida ante las distintas amenazas y retos que se planteen».

De estos días hay que resaltar la organización y protocolo, que según Francisco Torreblanca, profesor de ESIC Business & Marketing School, «han sido excelentes»: «Hasta la oposición ha felicitado al Gobierno por ello. Esto es una grandísima noticia porque es un factor crítico, ya que es un momento en el que todos los ojos del mundo están puestos en España y no se puede fallar en el más mínimo detalle y aquí no se ha fallado».

El papel de la Reina Letizia

La cumbre coincide además en un momento en el que desde la Casa Real se ha reforzado la agenda de la Reina, quien desde 2019 tiene más competencias. En este sentido, Doña Letizia ha sido el máximo exponente en materia de organización y protocolo, ya que ha sido la mejor anfitriona de la agenda paralela a la cumbre, la de las parejas de los líderes de jefes de Estado y de Gobierno de los países invitados.

«Ellos también han sido protagonistas, no han sido meros actores secundarios. El hecho de personalizar en la Reina es porque el aspecto de organización y protocolo suele pasar siempre por encima, pero al destacarlo y personalizarlo en ella -con ese nivel de empatía y amabilidad, incluso de mando- da valor a la Marca España, en un momento en el que las monarquías están muy cuestionadas en todos los países, no solo aquí», argumenta Torreblanca.

Recibimiento de la Reina Letizia a los acompañantes de los mandatarios en La Granja de San Ildefonso
Recibimiento de la Reina Letizia a los acompañantes de los mandatarios en La Granja de San Ildefonso – EFE

No hay que olvidar la seguridad, ya que «venimos de unos momentos muy difíciles», como atentados yihadistas, la pandemia, la guerra en Ucrania… «Dar la sensación de seguridad con el control que ha habido en toda Madrid y que no haya habido ninguna noticia que sembrase la duda en este aspecto, es fantástico. Demuestra que Madrid -y España- tiene capacidad internacional para ser un lugar donde se puedan ejecutar grandes eventos», argumenta Torreblanca.

Existen otros tres factores que refuerzan y dan sentido al conjunto que aporta Torreblanca de organización, protocolo y seguridad. Por un lado está la proyección cultural: la elección de lugares como el Museo de El Prado «nos posicionan culturalmente en el mundo como referentes». Al igual que el Palacio Real o los Reales Sitios de Segovia o el Reina Sofía, «que muestran una identidad e imagen muy interesante» como marca país.

Se suman también las variables de la gastronomía y el turismo, que «le dan una consistencia enorme» a la Marca España: «Provocan además algo fantástico en los ciudadanos: nos sube la autoestima en un momento bastante duro de subida de precios, entorno Covid todavía, de la incertidumbre de la guerra… da un poco de aire fresco cuando estamos en medio de una situación bastante complicada».

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Casi 40 sentencias más contra la Policía por sus oposiciones de 2019

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Suma y sigue en el goteo de sentencias judiciales contra la Dirección General de la Policía (DGP) por sus polémicas pruebas en las oposiciones para acceder a este cuerpo, a las que se presentan cada año miles de aspirantes de toda España.

ABC ya informó hace tres semanas de que la DGP, dependiente del Ministerio del Interior, arrastraba más de 400 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulando entrevistas a opositores a los que descartó de forma arbitraria. Es decir, sin ningún criterio objetivo, sino con un informe «parco, genérico y escasamente motivado», como explica una y otra vez el TSJM. A principios de este mes, eran ya 412 sentencias contra la DGP, a las que hay que sumar otras 38 que se han notificado desde entonces. Así, la Dirección General de la Policía acumula ya 450 varapalos judiciales por una de sus pruebas más controvertidas en estas oposiciones.

La última tanda de sentencias a las que ha tenido acceso ABC, algunas de ellas de este mismo mes, son por las entrevistas que se realizaron en la primavera de 2019. Y ello a pesar de que la DGP aseguró a este periódico que «desde la puesta en funcionamiento de la grabación de las entrevistas en 2019 no hay ninguna sentencia en contra».

ABC ha preguntado varias veces a la DGP cómo es posible entonces que los tribunales sigan anulando entrevistas realizadas ese mismo año desde el que, según ella, «no hay ninguna sentencia en contra», cuando sólo en las últimas semanas ha encajado otras 38. La Dirección General de la Policía no ha ofrecido a este periódico más explicaciones sobre esa contradicción. Tampoco es posible que haya sentencias de los años posteriores (2020-2022), como quiera que el TSJM todavía está resolviendo sobre las entrevistas de 2019, de los que aún le quedan cientos de recursos pendientes.

Ignorando al Supremo

Además, las nuevas sentencias contra la DGP insisten en que ésta sigue sin aplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual las pruebas para medir aptitudes personales en procesos como éste deben incluir unos criterios y baremos mínimos de objetividad para evitar que los aspirantes sean descartados de forma discrecional y arbitraria.

Algo que ocurre con frecuencia en estas oposiciones a la Policía, como apunta el TSJM en sus sentencias, en las que señala que la DGP descarta a aspirantes «sin haber realizado al opositor ninguna prueba psicotécnica, únicamente tras una entrevista de apenas 15-20 minutos, sin que haya motivado cuáles han sido los criterios o parámetros seguidos para adjudicar una puntuación u otra».

Y es que la DGP descarta candidatos alegando «escasa resolución y firmeza de carácter», pero sin aportar ninguna prueba sobre ello, mientras que informes periciales de expertos independientes, de los que el TSJM destaca su «minuciosidad, meticulosidad y rigor técnico», confirman que esos candidatos no sólo no tienen ninguno de esos problemas, sino todo lo contrario.

Desde 2015

Esta irregularidad viene ocurriendo desde al menos 2015, cuando el TSJM empezó a dar la razón a todos los afectados que han recurrido esa prueba en los tribunales. Algo que ha animado a cientos de ellos a seguir el mismo camino, por lo que cada vez son más los descartados que recurren y más las sentencias que les dan la razón, obligando así a la DGP a readmitirlos en la oposición, aunque tres o cuatro años después.

Todo ello implica una pérdida de tiempo y dinero considerable no sólo para los afectados, sino también para las arcas públicas, ya que cada caso que pierde la DGP obliga a al Estado a pagar hasta 500 euros sólo en costas judiciales. Y, lo que es más graves, los sueldos como agentes que habrían correspondido a los afectados si no se les hubiera expulsado tras esa entrevista arbitraria y hubieran conseguido su plaza.

Por ejemplo, si un aspirante fue descartado en esa prueba en 2019, la Justicia condena a la DGP a readmitirle en 2022 y termina sacándose la plaza en 2023, la DGP tiene que pagarle, además de los 500 euros de costas judiciales, el sueldo de policía nacional de esos cuatro años, descontado lo que haya cobrado por otros empleos durante ese tiempo. Dados los importes y la cantidad de afectados, el coste económico de este fiasco judicial alcanza ya un monto muy importante para las arcas públicas, aunque difícil de determinar dadas las distintas circunstancias de cada caso.

Y por la ortografía

Las entrevistas no son las únicas pruebas de estas oposiciones por las que la Dirección General de la Policía sigue encajando varapalos judiciales. También por el examen de ortografía. El propio TSJM ya anuló hace más de dos meses varios apartados de este test que realizaron los opositores en 2020, como también avanzó ABC.

Cientos de afectados recurrieron a la Justicia porque la DGP había planteado y corregido cuatro preguntas en contra del criterio de la Real Academia Española de la Lengua (RAE). El TSJM ya dio la razón a los nueve primeros a finales de abril y, como ha podido confirmar este periódico, sigue resolviendo a favor de todos los demás.

Así, ha emitido otras siete sentencias en el mismo sentido. De hecho, la propia DGP no recurrió las nueve primeras, por lo que, a medida que vayan saliendo todas las demás, tendrá que readmitir a cientos de opositores a los que descartó en ese test por empeñarse en corregirles cuatro preguntas de ortografía contradiciendo a la propia RAE.

Mientras, ambos problemas se han vuelto a repetir en la última convocatoria, cuyos aspirantes se enfrentaron a estas y otras pruebas durante la pasada primavera. Muchos de los descartados en la entrevista y en el test de ortografía también van a recurrir ante la Justicia.

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El fondo de rescate para grandes empresas del Gobierno termina con 6.700 millones sin repartir y 39 firmas rechazadas

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Con 6.744 millones de los 10.000 disponibles sin repartir y más solicitudes de ayudas rechazadas que aprobadas. Así concluyó ayer el fondo de rescate para empresas estratégicas del Gobierno, que dirige la SEPI, tras dos años de actividad. El mecanismo estrella del Ejecutivo de Sánchez para salvar a grandes firmas y empleos en el marco de la crisis sanitaria da carpetazo dejando sensación de fracaso entre el tejido empresarial español. No son pocos los motivos. El más notable vino con la judicialización del caso Plus Ultra, que provocó una paralización en la actividad del fondo durante meses, entre críticas de las compañías solicitantes que necesitaban recibir el dinero a mayor inmediatez, con la tesorería agotándose en plena cuarentena de la economía.

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Veinticinco años de la liberación de Ortega Lara: el milagro de la luz tras 532 días de tortura

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«Durante mi cautiverio pensé muchas veces en que la Guardia Civil estaría investigando, pero perdí la esperanza con el paso de los días. Llegó un momento en que perdí también las ganas de vivir y decidí dejar de hacerlo. Hice un primer intento cortándome las venas con el metal, previamente lijado, de los auriculares, y quedé desmayado momentáneamente con sangre a mi alrededor; pero acabé despertando, y limpié la sangre diciendo a mis carceleros que había sangrado de la nariz. Un escenario lleno de sangre no me pareció la mejor manera de morir y opté por ahorcarme con una cuerda de plástico que había conseguido tejer. Tenía ya fecha, pero la liberación por parte de los guardias civiles me devolvió a la vida».

Quien escribe estas líneas –el testimonio completo se puede leer en el libro ‘Historia de un desafío’, escrito por el coronel Manuel Sánchez Corbí y la cabo primero Manuela Simón– es José Antonio Ortega Lara, la víctima del secuestro más largo y cruel de la historia de la banda terrorista ETA y que fue liberado por agentes del Instituto Armado tras 532 días de cautiverio, hace 25 años.

Pero si cruel fue el secuestro, no lo fue menos el titular con el que el diario proetarra ‘Egin’ daba cuenta de la noticia. «Ortega vuelve a la cárcel», escribieron en portada. Los presuntos periodistas nunca pidieron perdón a la víctima por aquella infamia, lo mismo que tampoco lo hicieron los autores materiales de la salvajada: José Luis Erostegui Bidaguren, excarcelado en marzo de 2020; José Miguel Gaztelu Ochandorena, que quedó en libertad en octubre de 2017; Javier Ugarte Villar, libre desde julio de 2019 y el aún más siniestro Josu Uribetxeberria Bolinaga, fallecido en 2015 y en la calle desde dos años antes por razones humanitarias; justo las que nunca concedieron al funcionario de prisiones.

Pocas horas después de llegar a su casa, Ortega Lara salía a saludar a la multitud desde su balcón. Le acompañaba su mujer y su hijo
Pocas horas después de llegar a su casa, Ortega Lara salía a saludar a la multitud desde su balcón. Le acompañaba su mujer y su hijo – Félix Ordóñez

Un agujero de tres metros

El secuestro había comenzado el 17 de enero de 1996, cuando un comando de ETA lo abordó en el garaje de su vivienda de Burgos, lo metieron a la fuerza en el maletero de un coche y lo llevaron hasta una nave industrial a las afueras de Mondragón, en Guipúzcoa. En el sótano de aquel lugar, muy húmedo al estar junto al río Deva, los terroristas habían construido una «cárcel del pueblo» –así llamaban a un agujero tres metros de largo, 2,5 de ancho y 1,8 de altura– que ya antes había acogido a otra víctima: Julio Iglesias Zamora.

En aquel terrible lugar permaneció Ortega Lara durante año y medio, aislado del mundo, con la única conversación que le daban sus verdugos y un periódico como exclusivo contacto con el exterior… El interior del zulo –una réplica exacta se puede visitar en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, en Vitoria– estaba revestido de madera. Los secuestradores le daban cada día dos cubos, uno para lavarse y otro para hacer sus necesidades.

El zulo donde permaneció José Ortega Lara secuestrado.
El zulo donde permaneció José Ortega Lara secuestrado. – EFE
Cuatro etarras fueron juzgados por el secuestro: José Miguel Gaztelu, José Luis Erostegui, Jesús María Bolinaga y Javier Ugarte (en la imagen, de izq. a dcha.)
Cuatro etarras fueron juzgados por el secuestro: José Miguel Gaztelu, José Luis Erostegui, Jesús María Bolinaga y Javier Ugarte (en la imagen, de izq. a dcha.) – EFE

«Me pidieron que firmara varios documentos; al principio lo hice en dos ocasiones, arremetían contra el gobierno del PP y contra mis compañeros de instituciones penitenciarias, pero luego ya me negué, aunque me presentaron varios más», escribe Ortega Lara en el citado libro de Corbí y Simón. «También me hicieron dos grabaciones en vídeo. Como yo no me dejaba entraban dos, me ponían los grilletes y me obligaban a posar después de preparar todo el escenario. Me decían que cuando saliera no contara nada a la Policía; yo les decía que sí lo haría, me replicaban aludiendo a que no les debía nada, pero yo les respondía que a ellos no, que me lo debía a mí», añade, para remachar: «De los captores siempre había uno que hacía de bueno. Cuando me veían fastidiado no se ensañaban conmigo, ahora bien, cuando discutíamos eran crueles, malos, muy malos. Solo los reconozco por la voz, siempre estuvieron encapuchados delante de mí».

Desde el primer momento del secuestro el Gobierno y las Fuerzas de Seguridad sabían que la única posibilidad que tenía Ortega Lara de recuperar la libertad era con una operación policial. ETA había exigido concesiones en materia penitenciaria y José María Aznar no estaba dispuesto a ceder al chantaje de los terroristas. Por ello, la presión para los investigadores era brutal; eran muy conscientes de que de su trabajo dependía la vida de la víctima.

Cualquier error significaba la muerte para Ortega Lara, porque si los etarras sentían cerca la presión de la Guardia Civil huirían, por supuesto sin revelar dónde estaba su rehén. La zona en la que se centró la búsqueda, en la Guipúzcoa más afín a la banda y donde cualquier desconocido era mirado con recelo, tampoco era fácil de trabajar para los investigadores.

Hasta llegar a Mondragón había sido necesario hacer un trabajo inmenso, con análisis de miles de documentos, seguimientos, vigilancias, pistas que no llevaban a ningún lado… Los medios técnicos de entonces, además, eran mucho más limitados, por lo que la investigación era casi artesanal.

Detención en Francia

El primer avance significativo se produjo con la detención en Francia de Juan Luis Aguirre Lete, ‘Inzuntza’, jefe del aparato logístico de ETA. En una libreta había escrito ‘5k BOL. Ortega’. En julio, tras el arresto de otro terrorista, Daniel Derguy, se encontró otra anotación en la que se hablaba de una cita con el tal BOL. Los agentes del servicio de Información de Intxaurrondo estaban convencidos de que aquello estaba relacionado con el secuestro, pero no tenían más datos que apoyaran esa teoría.

Aquellas tres letras, BOL, podía ser una abreviatura del nombre de un etarra, un pueblo o un lugar concreto, así que hubo que volver a analizar miles de documentos para tratar de encontrar un sentido a aquello. Tras semanas de búsqueda se dio con un nombre, Josu Uribetxeberria Bolinaga, simpatizante de la izquierda abertzale de Mondragón. Era una buena posibilidad, porque además el sujeto respondía al perfil de los secuestradores que había elaborado la Guardia Civil: veterano, con actividad legal, que llevara una vida discreta…

Por supuesto, a partir de ese momento se controló cada uno de sus movimientos. Llamaba la atención que visitara una nave industrial, pero por lo demás los primeros días de seguimiento no dieron resultado alguno. Todo cambió un día cuando le vieron comprar unas cantidades anormales de pan y leche, más de lo que podía consumir una familia. Y las sospechas se confirmaron al comprobar que algunas noches dormía en la nave industrial, que además estaba junto a un río, como otros zulos descubiertos antes. Paralamente se detectó a los que parecían sus compañeros de comando.

El lazo azul simbolizaba el deseo de que Ortega Lara fuera puesto en libertad. En la imagen, su retirada del Ayuntamiento de Burgos
El lazo azul simbolizaba el deseo de que Ortega Lara fuera puesto en libertad. En la imagen, su retirada del Ayuntamiento de Burgos – EFE

Doscientos guardias civiles

El 1 de julio, hace hoy 25 años, fue el día elegido para hacer la operación. Doscientos guardias civiles permanecían ocultos en una zona boscosa próxima a Mondragón. Cuando ya estaban preparados para actuar se conoció que ETA había liberado a un secuestrado… Hasta que se aclaró que se trataba de Cosme Delclaux, cautivo durante 232 días, se dudó de que la investigación hubiese sido correcta. A las cuatro de la madrugada del 2 de julio comenzaron las detenciones y a Bolinaga se le trasladó hasta la nave industrial.

Aquel individuo no colaboró; es más, el entonces juez Baltasar Garzón, pasadas unas horas, dio por cerrado el operativo ante la falta de resultados. La insistencia en seguir buscando de la Guardia Civil, muy particularmente del entonces capitán Manuel Sánchez Corbí, dio finalmente sus frutos. Fue al mover una maquinaria cuando se detectó el agujero que daba acceso al zulo. Bolinaga, que hubiese dejado que Ortega Lara muriera allí sin tener remordimiento alguno, quedó demudado. ETA había perdido y su camino hasta la derrota era ya inexorable.

«Me influyó mucho el ser creyente –relata la víctima en la obra mencionada–; no era fácil quitarse la vida siéndolo, pero cuando ya estaba muy mal, con un gran sentimiento de culpa, tenía claro que aquello se acababa. Todo fue muy rápido cuando me sacaron. Recuerdo perfectamente que me introdujeron en una ambulancia, con una ventana lateral con cristal traslúcido al que no quitaba la vista de encima, miraba allí de manera fija. En el vehículo me acompañaban dos personas con bata blanca y un guardia civil (el comandante Julio), que me dijo: «¿Por qué miras tanto para allá?». Le contesté: «Estoy mirando la luz, esto para mí es un milagro, la luz»…

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Internacional

Montero genera un caos de excels por el fiasco de la aplicación para controlar los fondos europeos

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La gestión de los fondos europeos se ha revelado un fiasco, un proceso falto de transparencia, cargado de obstáculos para las empresas y de difícil tramitación para las comunidades autónomas. Papeles, gestiones, costes… y ahora problemas eternos en la herramienta que debe utilizar el Gobierno para conocer el grado exacto de ejecución de los recursos transferidos a las autonomías, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC.

Coffee, el programa activado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que las autonomías vuelquen al detalle la ejecución de los proyectos no está «disponible». Así lo reconoce el propio Gobierno en las misivas, en forma de email, enviadas a cada una de las regiones, en las que les exige con premura, en solo un par de días, que le trasladen, por orden de Montero, los datos de los proyectos.

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Internacional

Unidas Podemos desafía a Sánchez mostrando su rechazo en el Congreso a subir el gasto en Defensa

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La imagen del Gobierno en lo relativo a la política exterior quedó este jueves más debilitada después de una votación en el Congreso motivada por el Partido Popular. El PSOE y Unidas Podemos fueron incapaces de ocultar su profundas diferencias sobre el aumento del gasto militar, la OTAN o la relación con Argelia.

A unos 16 kilómetros del Hemiciclo, se celebra la Cumbre de la Alianza Atlántica, en Ifema; y mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reitera allí su compromiso de elevar el gasto en Defensa hasta llegar al 2 por ciento del PIB, Unidas Podemos se opone en la Cámara a todo lo relativo a la organización militar y al gasto «en armas».

El PP forzó esta nueva fractura mediante el debate de una moción que el diputado Pablo Hispan defendió ayer.

«Necesitamos un Gobierno unido, serio, fiable, a la altura del momento histórico —expresó el diputado del PP—. Lamentablemente, no tenemos ese Gobierno. La profunda división que existe en su seno y la incomunicación entre las facciones internas causa estupor en el extranjero y nos debilita».

La maniobra del PP para cuartear la coalición constó de 15 puntos que se votaron por separado. Pocas escapatorias tenían los partidos cogobernantes para intentar esconder todas sus debilidades. PSOE y Unidas Podemos solo coincidieron votando en un punto; el relativo a utilizar el presupuesto de los fondos Next Generation. «Es una desautorización al ministro de Exteriores del Congreso, de Unidas Podemos… y votado por el PSOE, es que la gestión del presupuesto es caótica, el año pasado se gastó cero euros de los fondos, este año, cero también», critican fuentes parlamentarias del PP.

Belarra quiere convencer al PSOE

En los catorce restantes, sus votos fueron diferentes. Siete de los puntos eran relativos a la OTAN. Por ejemplo, el número cuatro: «Apoyar a las misiones de la OTAN en las que participen tropas españolas y reforzar la presencia española en todos los esquemas de seguridad colectiva». PSOE vota sí; Unidas Podemos vota no. El siete, un punto sensible: «Garantizar una adecuada financiación de la defensa nacional llegando a un 2 por ciento del PIB antes de 2030». El PSOE vota sí; Unidas Podemos vota no.

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, se mostró muy en contra a mediodía. «Aspiro a convencer al PSOE de que España no necesita más gasto militar, necesita más rentas garantizadas, que a la gente la atiendan en Atención Primaria en 24 o 48 horas, que la gente tenga especialista en el médico. No necesitamos más tanques ni mas armas», explicaba Belarra en los pasillos del Congreso.

«Cacofonías» de la coalición

La moción del PP ha sido avalada por la mayoría de la Cámara baja. Recuerdan desde el partido que los puntos forman parte del ‘Plan Feijóo’. La iniciativa pedía también que se respaldasen las misiones de la OTAN (punto cuatro) y el ingreso de Suecia y Finlandia en la organización militar (punto 8). Se incluyó además una declaración de apoyo a la Cumbre de la OTAN. La pesadilla de Unidas Podemos: votaron no, no y no.

«Es muy positivo que nuestros socios sepan que, a pesar de la cacofonía del Gobierno con secretarios de Estado y ministros manifestándose contra la OTAN, el compromiso de España con la Alianza es irrevocable», había dicho Hispan durante el debate. Se refería a la participación de Enrique Santiago, Secretario de Estado para la Agenda 2030 y líder del PCE, en la manifestación crítica del domingo.

En lo relativo al giro unilateral de Sánchez con el Sahara, estaba el punto 14: «Recomponer la relación política, económica y comercial con Argelia, recuperando la posición de neutralidad respecto al futuro del Sáhara». Aquí, el PSOE votó en contra y Unidas Podemos a favor. La Cámara vuelve a censurar esta decisión del presidente.

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La Guardia Civil y Cultura recuperan una espada del siglo VII a. C. localizada en Villanueva de la Fuente

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El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha destacado el «trabajo eficaz, conjunto, prudente y silencioso» que ha llevado a cabo la Guardia Civil, en la recuperación de una espada de hierro del siglo VII a. C., y de los técnicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que se han encargado de peritarla y acreditar su autenticidad.

Así lo ha expuesto este jueves en el acto de entrega de esta pieza arqueológica, localizada a finales del pasado año en Villanueva de la Fuente ( Ciudad Real), a la Consejería. Una pieza que se ha depositado en el Museo Provincial de Ciudad Real, en un acto con el que «culmina un proceso de investigación, de mucho trabajo y de prudencia, silencioso, por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha».

Un proceso coordinado de «investigación y peritaje» por parte de la Guardia Civil y de los técnicos de la Consejería, «que han logrado que la ya conocida como la Espada de Villanueva de la Fuente tenga un lugar preferente en el Museo Provincial de Ciudad Real», ha relatado Tierraseca, incidiendo en que es otro ejemplo más, con muy buen resultado, del proceso de colaboración de las instituciones.

«Estamos acostumbrados a ver a la Guardia Civil diariamente trabajando por nuestra seguridad, manteniendo la seguridad vial y desmantelando organizaciones criminales que atentan contra la salud pública, pero hoy los vemos con otra óptica, defendiendo el patrimonio cultural de Castilla-La Mancha y de todos los españoles», ha destacado el delegado del Gobierno.

Al tiempo, ha puesto de relieve que «está cambiando la concepción con respecto a las piezas arqueológicas» y, si bien existe un mercado ilícito que se vale en buena medida de Internet, también es un hecho que las donaciones a instituciones culturales van en aumento, por lo que «quiero hacer un llamamiento para que sigan donándolas y que el conjunto de la población podamos disfrutar de un patrimonio que, al fin y al cabo, pertenece a toda la comunidad».

La espada fue localizada por la Guardia Civil, dentro del desarrollo de la Operación Pandora, que lleva a cabo medidas específicas para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales por internet, el expolio del patrimonio arqueológico o la receptación de obras de arte robadas o expoliadas.

El pasado 1 de diciembre de 2021 localizó la venta de este objeto a través de una página web, en un anuncio publicado desde la localidad de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real). Se publicitaba como una supuesta espada romana y sus características se asemejaban mucho a un molde para hacer espadas, único en el mundo, que apareció en Ronda en 1983.

La Guardia Civil contactó entonces con el vendedor y le indicó que era necesario realizar comprobaciones sobre la autenticidad y antigüedad de la espada, por lo que éste depositó el objeto de forma voluntaria en el Cuartel de la Guardia Civil de Villanueva de la Fuente, en diciembre de 2021.

De las pruebas y exámenes que se llevaron a cabo para el peritaje del arma antigua, de lo que se encargó la Consejería de Educación y Cultura, se confirmó su autenticidad como objeto arqueológico, fabricado con la técnica del hierro forjado y que hace de esta espada una pieza excepcional y única, al ser la espada realizada en hierro más antigua que se conoce hasta la fecha, atribuida al siglo VII a. C.

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Internacional

La Fiscalía pide 36 años de inhabilitación para el exalcalde de Valverde (El Hierro) por prevaricación

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Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: Guardar

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de 36 años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exalcalde de Valverde, Daniel Morales (AHI), por tres presuntos delitos de prevaricación administrativa relacionados con la adjudicación de contratos para la Bajada de la Virgen de 2017 y los carnavales.

Al que fue alcalde del municipio herreño hasta 2019 se le acusa de no respetar los principios de libertad de acceso, publicidad y transparencia y levantar reparos de Intervención y Secretaría.

El juicio se celebrará el próximo martes y el miércoles en la capital herreña.

La Fiscalía considera que el exalcalde actuó con «absoluto desprecio hacia la legalidad vigente« y »falta de previsión« al tratarse de fiestas con una periodicidad determinada (cada cuatro años).

Los contratos, con un importe acumulado superior a los 283.000 euros, están relacionados con servicios de decoración de espacios públicos, orquestas, sonido e iluminación, y también vigilancia y rescate en zonas de baño, y eran adjudicados de forma directa por Morales transgrediendo la normativa de contratos públicos.

La denuncia se realizó tras una queja interpuesta por la portavoz del PSOE en el Consistorio, Dolores Padrón.

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