Ante tales circunstancias, pareciera que es cada vez más difícil para los diferentes bancos centrales anunciar una política monetaria con el fin de reducir la inflación y, al mismo tiempo, ser indiferentes al impacto de ésta sobre la actividad económica de su país. Por ejemplo, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo tienen hoy como meta alcanzar una inflación de alrededor del 3% para finales de 2023.
Sin embargo, considerando la dinámica inflacionaria actual, alcanzar esta meta podría requerir un aumento considerable en sus tasas de interés. Teóricamente hablando, esto podría disminuir la demanda agregada, básicamente por el encarecimiento del crédito, lo que provocaría una contracción de la inversión y el consumo y, por tanto, en su crecimiento económico.
Para el caso de México, como en otros países, debemos también considerar en este escenario de alta inflación el hecho de que gran parte del incremento en los componentes de la inflación local es importado. Por todo esto, tenemos que reconocer que las decisiones de política económica para contener el aumento en los precios internos resultan ser más complejas de lo que podríamos pensar, sobre todo, si se intenta mantener el poder adquisitivo de las familias y de las empresas, sin sacrificar la recuperación económica.
El incremento en los precios generalmente orilla a las familias a cambiar sus patrones de consumo adquiriendo productos en presentaciones más pequeñas y de marcas libres. Si bien, una vez relajadas las medidas de confinamiento, el consumo en México empezó a recuperarse, los hogares mexicanos han experimentado un deterioro en el poder de compra debido tanto por la inflación (7.6% en la primera quincena de mayo de 2022), como por el alza en tasas de interés hecha por Banxico (encareciendo el crédito al consumo).
En contraste, el sector de servicios (tiendas departamentales y restaurantes) justo ha estado promoviendo este tipo de crédito para mantener sus ventas.
Si volteamos a ver otros sectores de la economía nacional, la situación no es muy diferente. Generalmente ante el alza de precios en las materias primas, las empresas compran insumos más baratos, lo que puede comprometer la calidad y estándares de seguridad de los bienes y servicios que ofrecen. De no ser así, la otra opción sería transferir el aumento en costos al consumidor.
Adicionalmente, ante las presiones sobre el capital de trabajo, las empresas reducirían sus inventarios (inventarios ya deteriorados después de la pandemia) y aumentarían los días de las cuentas por pagar, lo que podría generar mayor contratación de deuda y, dependiendo de las circunstancias, mayor exposición a movimientos de tasas de interés.
Para dar un ejemplo de esta situación, según algunos analistas, la inflación en el sector de la construcción ascendió a 15.3% en 2021, mientras que la inflación general fue 7.4%. En particular, el precio de los materiales para la construcción (cemento, vidrio, acero, etc.) incrementó alrededor del 14.4%, mientras que el alquiler de maquinaria y equipo un 6.1%.
En este escenario de alta inflación, junto con las decisiones de Banxico, el gobierno federal acordó con ciertas empresas un plan para no subir los precios de algunos productos de la canasta básica en los próximos seis meses. Paralelamente, el gobierno seguirá subsidiando el precio de las gasolinas, gas y electricidad, no aumentará el peaje en ciertas carreteras y bajará algunos aranceles para facilitar la importación de fertilizantes.
En mi opinión, a diferencia de algunos analistas, esta estrategia es acertada si lo que se busca es salvaguardar el poder adquisitivo de la población. Ciertamente, habrá costos sobre el erario debido a los subsidios y al recorte en aranceles, pero recordemos que este plan debe ser visto como solo una parte de un conjunto de políticas económicas.
