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La directora del CNI solo confirma que 18 de las 63 escuchas a independentistas tuvieron autorización judicial

Madrid Actualizado: Guardar

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban ha asegurado este jueves en la comisión de secretos oficiales del Congreso, ante la que ha comparecido durante más de tres horas, que solo 18 de las 63 escuchas realizadas con el sistema Pegasus a líderes del independentismo relacionados con el golpe secesionista de 2017 tuvieron autorización judicial, tal y como los diputados han podido comprobar en los documentos que les han sido mostrados y de los que han podido tomar nota pero no hacer fotografías. Los miembros de la comisión han tenido que dejar sus teléfonos móviles a la puerta, en una taquilla preparado al efecto y, como en otras ocasiones, se han hecho rastreos de seguridad para preservar la privacidad de lo que se hable en la reunión, presidida por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Esteban, a la que ha acompañado a su entrada a la sala Mariana Pineda de la Cámara Baja el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, no ha querido realizar declaraciones ante los medios. Sí lo han hecho, tanto a la entrada como a la salida de la reunión, casi todos los diputados, muchos de ellos portavoces de sus grupos, que participan en esta comisión reservada, constituida recientemente y en la que por primera vez están tanto Bildu como miembros de la izquierda antisistema de la CUP.

Las versiones sobre lo sucedido, limitadas por la reserva debida sobre lo tratado, se dividen en dos radicalmente contrarias. Por un lado, las de los partidos de la oposición, PP, Vox y Ciudadanos (Cs), que están plenamente satisfechos con lo que Paz Esteban les ha explicado durante su comparecencia, y que incluso resaltan en privado la “valentía” con la que ha actuado la máxima responsable de los servicios secretos. Los diputados independentistas y nacionalistas, por su parte, no han ocultado su decepción y “preocupación” por lo sucedido. Un diagnóstico que también comparte Unidas Podemos, socio de la coalición en el Gobierno, tal y como ha manifestado después de la reunión, en rueda de prensa, el portavoz parlamentario del partido morado, Pablo Echenique. “El CNI y Defensa es solo la punta del iceberg” señalaba gráficamente una fuente de los separatistas, mientras que fuentes cercanas a uno de los partidos del centroderecha afirmaba que “los independentistas, desde luego, no podrán decir ahora que la directora del CNI no ha dicho nada, ha dado una información reservada muy detallada”.

Rufián: “Ni secretos oficiales, ni extraoficiales”

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha negado esta versión en declaraciones a la prensa: “Ha sido una comisión de secretos en la que no ha habido secretos, ni oficiales ni extraoficiales”. El diputado de la CUP, Albert Botrán, ha asegurado por su parte que Esteban no ha dado “ninguna garantía” de que no se haya “espiado a dirigentes del movimiento independentistas prácticamente sin límite”. Rufián, que como otros dirigentes independentistas ha vuelto a reclamar que se realice una comisión de investigación (posibilidad que vetaron esta misma semana el PSOE y las formaciones del centroderecha) ha asegurado que “para el resto de espiados”, es decir, los más de cuarenta que aparecieron en el informe de la organización Citizen Lab y que publicó New Yorker, la directora del CNI habría, según las palabras del dirigente republicano, plantado “dos vías. Una, naciones extranjeras, y dos: otros organismos del Estado que también tuvieran capacidad de espionaje, concretamente con un programa parásito como Pegasus. Si es la primera, es mala, porque significaría un terrible agujero de seguridad nacional”, ha argumentado. “Y la segunda opción también es mala, porque si ha habido una competición entre organismos del Estado para espiar a independentistas, o activistas o periodistas, simplemente por sus ideas, pues también” ha concluido.

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Según las versiones recabadas por ABC, la directora del CNI no se ha referido al espionaje a los teléfonos de Pedro Sánchez y de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, dado a conocer esta misma semana por el Gobierno y que se produjo en mayo y junio del año pasado, en lo más álgido de la crisis con Marruecos y en las semanas previas a que el Ejecutivo concediera los indultos a los condenados por sedición por el Tribunal Supremo (TS) en octubre de 2019.

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