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Opinión

El trabajo no es cosa de niños

La pandemia ha jugado en contra. La deserción escolar que dejaron casi dos años de cierre de escuelas movió a miles de niños a trabajar. Según la ‘Encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación’, del Inegi, el 4.3% de los niños y adolescentes del país no fue inscrito en el ciclo 2021-22. Entre las razones están que el menor empezó a trabajar y que el ingreso adicional le resta atractivo a estar en las aulas.

El 2021 fue declarado “Año Internacional para Erradicar el Trabajo Infantil, Retos y Oportunidades”. En un foro realizado al respecto, en noviembre, Thea Lee, subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales del Buró de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, afirmó que, precisamente por la contingencia del COVID-19 la tasa de trabajo infantil en México crecerá 5.5%, pasando de 3.1 millones en 2019, a 3.3 millones en 2022.

La institución que representa dio 180 millones de dólares al gobierno mexicano para apoyar la implementación de la reforma laboral y combatir el trabajo infantil. Parte del dinero fue para levantar la ‘Encuesta Nacional de Trabajo Infantil’ (ENTI), del Inegi, en 2019.

En el mismo foro, Alejandro Encinas Nájera, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo, agregó que el Poder Legislativo hizo reformas para elevar la edad mínima para trabajar y prohibió los trabajos para menores de 18 años…

Pues nada más lejos de la realidad que tenemos este 2022. La Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíbe el trabajo de menores de 15 años y permite el trabajo de los adolescentes de 15 a 17 años que hayan terminado su educación básica obligatoria y prohibía el trabajo de los menores de 18 años en actividades que pongan en riesgo su desarrollo y su salud tanto física como mental.

Usé el modo pasado porque el 6 de abril de 2022, la Secretaría del Trabajo publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma el artículo 176 de la LFT donde anuncia que ahora sí, los adolescentes de entre 15 y 17 años podrán laborar en actividades agrícolas y otras más que habían sido prohibidas por considerarlas peligrosas para su edad.

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Eso sí, Luisa María Alcalde Luján, a cargo de esta Secretaría, se comprometió a crear una regulación que priorice los derechos de las y los adolescentes.

Este ajuste preocupa porque no solo va en contra de erradicar el empleo a menores de edad, sino que desincentiva la movilidad social a través del estudio. Esos jóvenes deberían estar en las aulas, no teniendo luz verde para trabajar en lo que sea. El gobierno no está buscando erradicar el trabajo infantil, sino que ‘blanquea’ una situación que no cambiará.

Hasta 2019, 1.2 millones de adolescentes que trabajaban lo hacían en tareas peligrosas, como construcción, minería, agro, bares y cantinas. ¿Qué traerá esta reforma? Solo limpiar las cifras de ‘trabajo peligroso’ y mejorar las estadísticas. En la agricultura, por ejemplo, está 31.6% de la fuerza de trabajo infantil y adolescente; pero eso solo es en una tabla de Excel: no hay fondos necesarios para controlar que en todo el país se cumplan las nuevas reglas laborales.

Además, hay otro tema en danza –tampoco menor–: el capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prohíbe la importación de productos que tengan mano de obra de la infancia o adolescencia. Esta reforma, sin duda, viola esa parte del acuerdo.

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Nota del editor: Bárbara Anderson es editora, columnista y speaker de negocios y finanzas. Activista de los derechos de personas con discapacidad; dirige yotambien.mx, un sitio de noticias sobre inclusión. Síguela en Twitter como @ba_anderson Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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