Empresarios rusos relacionados con una mafia se quejan al Defensor del Pueblo

Madrid Actualizado:01/05/2022 03:24h Guardar

El pasado 10 de marzo la oficina del Defensor del Pueblo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada un escrito de queja peculiar: once ciudadanos rusos, entre ellos varios empresarios, investigados desde 2016 por pertenencia a organización criminal, blanqueo, delito fiscal, falsedad y revelación de secretos se quejaban de la actuación del ministerio público, al que acusaban de dilaciones indebidas. Pues bien, dos de ellos, Oleg Borisovich Kuznetsov y Alexander Grinberg, empresarios y con relaciones inquietantes en tramas mafiosas, están en alguna de las listas que se han elaborado de individuos susceptibles de ser sancionados por la invasión de Ucrania, según las fuentes consultadas por ABC.

En su respuesta, el fiscal José Grinda, recuerda que la instrucción del caso Aguas de Mijas, en el que están investigados estos individuos, está finalizada a falta solo de una pericial de la Agencia Tributaria, que ya está muy avanzada.

Pero es que además fueron las defensas de los implicados las que con su estrategia han dilatado el procedimiento mucho más de lo deseable, si bien es cierto que se trata de un caso muy complicado por sus conexiones internacionales y la cantidad de documentación que ha habido que pedir y analizar.

«Operativas intimidatorias»

«Las investigaciones –precisa el fiscal en su escrito- han permitido determinar la vinculación de los investigados con estas organizaciones criminales (se refiere a la Izmailovskaya y Solntsevskaya) por la relación con personas que han sido objetos de procedimientos judiciales vinculados a dichas organizaciones». Además, alude a que ha quedado «determinada la utilización de operativas intimidatorias y de compra de voluntades para conseguir sus propósitos».

Pero quizá uno de los aspectos más interesantes de la respuesta de Anticorrupción sea su descripción del funcionamiento de la mafia rusa en primer término, y de sus relaciones con las autoridades políticas de su país y con el mundo de los negocios legales después. En definitiva, explica cómo funciona la ‘Putinskaya’, ese entramado de relaciones entre el mundo político, criminal y económico que rige en Rusia y cuyo término fue pronunciado, precisamente, por uno de los investigados en el marco de esta investigación.

En concreto, el fiscal describe lo que él denomina como la «estructura operativa» de la Solntsevskaya, que divide en cuatro grandes grupos: «la cúpula directiva, un grupo denominado de inteligencia, un grupo armado y el denominado financiero». En el caso de esta trama mafiosa la primera de esas ramas está encabezada por Sergey Mikhailov, alias Mikhas, y Viktor Averin, alias Avera el Mayor, quienes tomaron la decisión de alejarse de los modelos de organización que hasta entonces utilizaban los ‘vory v zakone’ (‘ladrones en ley’, capos del crimen organizado ruso) dando lugar a «la aparición de lo que se puede considerar una corporación criminal, dedicada a actividades ilícitas, pero con numerosos intereses, diversificados en sectores legales de la actividad económica» del país en el que actúan.

Además, en esta «cúpula directiva» existiría también lo que se puede denominar como un «consejo de gobierno» del grupo mafioso, en el que se encontraban individuos tan peligrosos como Arnold Tamm, Evgeny Lyustarnov, Aleksandr Averin (hijo de Viktor, uno de los dos fundadores de Solntsevskaya) y Guennadi Shopovalov.

El segundo grupo importante dentro de esta estructura operativa es el que se encarga de las labores de inteligencia y contrainteligencia, del espionaje industrial, de la corrupción y del reclutamiento de «personas influyentes en los sectores público y privado, y de la resistencia, tanto a las autoridades públicas, como a otras estructuras, criminales o no, hostiles a sus intereses». Se trata, por tanto, de un ‘departamento’ de una importancia crucial porque gracias a él la organización mafiosa puede actuar con impunidad, al tener contactos con los círculos de poder. Obviamente, ese poder también obtiene sus contrapartidas y puede exigir a la organización mafiosa que se ponga al servicio de sus intereses.

La tercera de las ramas de la Solntsevskaya es, por supuesto, la armada, que «se ocupa de la planificación y ejecución de las actividades criminales, y de la participación en conflictos con otras bandas u organizaciones rivales». Es, por tanto, la que se dedica al tráfico de drogas, trata de seres humanos, falsificación de moneda, extorsión, compraventa de coches robados, sobornos, secuestros, asesinatos por encargo…

Por último, el grupo financiero es el encargado del blanqueo del dinero procedente de las actividades criminales, de las operaciones financieras y de las actividades empresariales legales. Los investigados en España pertenecerían a este grupo.

Tal como adelantó ABC, cuando el investigado se refirió a la ‘Putinskaya’, lo que explicaba con ese término eran las relaciones que existen en Rusia entre el poder político, que controla los ministerios de fuerza (Interior y Justicia, además del FSB, que son los servicios de inteligencia), los oligarcas, que ejercen su poder económico al amparo del anterior, y el crimen organizado, controlado por esas personas al mando de las grandes empresas, en especial del sector de la energía.

«Somos de Izmailovskaya»

El escrito de Anticorrupción, además, precisa las relaciones de los investigados con las organizaciones criminales investigadas en el caso Mijas, muy concretamente de los principales implicados, Alexander Grinberg, Oleg Kuznetsov y Ekaterina Kadina. Por ejemplo, el 30 de junio de 2017 el primero de ellos tiene una conversación con otro de los investigados en la causa, Pavel Aleshin, en la que este le dice: «Si lo miraran un poco más a fondo, también podrían escribir sobre nosotros que somos de Izmailovskaya y todo eso», siendo interrumpido de inmediato por Grinberg: «Pasha, Pasha, venga, para qué (lo dices) en directo».

Pero el escrito de contestación al Defensor del Pueblo del fiscal Grinda tiene una ‘perla’ final llamativa. «Por último –escribe– es de resaltar que hace unos años, las mismas personas que ahora presentan queja consiguieron que la comisionada para los Derechos Humanos de Rusia, Tatiana Moskalkova, se ocupara de sus quejas». Y añade: «Dicha Tatiana Moskalkova es la misma que el día 2 de abril de 2022 ha visitado la península de Crimea, ya realizada, claro, la invasión rusa en Ucrania, que ella denomina ‘operación militar especial’. Y también es la misma que afirmara en abril de 2021 que las ‘condiciones de detención y asistencia médica a Navalni cumplen con la legislación vigente en la Federación Rusa y los estándares internacionales’, según escribió Moskalkova en una carta a la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric».

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