Macrojuicio electoral en Túnez

Un total de 24 personalidades políticas se enfrentarán a la justicia tunecina por presuntas “violaciones electorales”, cometidas durante los últimos comicios presidenciales y legislativos de 2019, y reveladas por el informe del Tribunal de Cuentas, informó este martes la agencia estatal TAP.

El tribunal de apelación de la capital anunció hoy que enjuiciará a cinco nuevos responsables: el expresidente del ahora suspendido Parlamento, Abdelfattah Moro; el exministro de la Función Pública y Lucha contra la Corrupción, Mohamed Abbou; el exministro de Justicia, Omar Mansour; la líder del Partido Desturiano Libre (PDL), Abir Moussi; y presidente de la Coalición Al Karama (Dignidad), Seifeddine Makhlouf.

Dos semanas antes, el Tribunal de Primera Instancia decidió la misma medida contra otros 19 responsables, en su mayoría candidatos a la presidencia y que representan la mayoría de formaciones políticas, entre los que se encuentra el exmandatario Moncef Marzouki; el expresidente de la Asamblea, Rached Ghannouchi; así como los exjefes de Gobierno Youssef Chahed, Ilyes Fakhfakh, Mehdi Jomaa y Hamadi Jebali.

Publicidad política ilegal

La corte tomó esta decisión a petición de la Fiscalía general después de que el informe de control realizado por el Tribunal de Cuentas concluyera supuestamente la existencia de publicidad política ilegal a través de redes sociales y violación de la jornada de silencio electoral, explicó la fuente en un comunicado.

El pasado mes de octubre este órgano reveló haber pronunciado más de 350 decisiones sobre los delitos cometidos por listas electorales y 30 casos relacionados con crímenes electorales. Según su clasificación, estas infracciones se dividen en tres tipos: las cometidas durante la campaña electoral, las relacionadas con la transparencia financiera y el límite legal de gastos durante el proceso electoral y, por último, las relativas a la publicidad y financiación ilegal.

Tras decretar el Estado de excepción el pasado 25 de julio-que incluyó el cese del primer ministro y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida-, el presidente de la República, Kais Said, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se ha hecho con plenos poderes con el fin de “recuperar la paz social”.

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Una decisión que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como “golpe de Estado”, mientras otros consideran que se trata de una “rectificación” de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.

Desde entonces, la Justicia ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares -arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados por supuestos casos de corrupción y otros ligados a la libertad de expresión, lo que ha desatado la preocupación de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

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