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Los demócratas inician a la desesperada un debate en el Senado sobre la reforma electoral

Manifestantes frente al Senado para pedir que se aprueba la reforma electoral.
Manifestantes frente al Senado para pedir que se aprueba la reforma electoral.LEAH MILLIS (REUTERS)

A la desesperada, con las crecientes críticas de los grupos de derechos civiles y la recalcitrante obstrucción de dos miembros dentro del propio partido, los senadores demócratas en el Congreso de Estados Unidos comienzan el ya eterno debate sobre la reforma electoral, que saben herido de muerte. Será esta la quinta vez que el Senado intente aprobar normas relativas al derecho al voto durante este Congreso, que se inició hace casi un año con la llegada de Joe Biden a la hogar Blanca.

Poco importan los esfuerzos del líder de la mayoría en la Cámara Alta, Chuck Schumer, a la hora de hacer malabarismos para lograr circunvalar el férreo filibusterismo que impone una mayoría cualificada de tres quintos para aprobar una norma. Importan poco porque ya sea Schumer, los descendientes de Martin Luther King o el mismo presidente de la nación quienes llamen a proteger la democracia y blindarla con una ley electoral que no deje fuera a las minorías existen dos miembros dentro del Partido Demócrata que pulverizan cualquier intento de aproximación al voto con mayoría simple.

Kyrsten Sinema y Joe Manchin son la garantía de fracaso de la reforma electoral. Son dos deserciones clave que dañan más que incluso la férrea oposición republicana, donde ni siquiera uno de los 50 senadores que la componen ha movido un músculo para defender un solo estatuto. Lo anterior es sin duda consecuencia lógica de que en 2021, 19 Estados de mayoría republicana aprobasen 34 leyes que restringen el sufragio.

Para Martin Luther King III, hijo del líder de los derechos civiles del mismo nombre, Sinema y Manchin representan a aquellos moderados blancos de los que en la década de los cincuenta y sesenta predicaba su padre en sus sermones, que se definían partidarios de que los negros contaran con garantías para votar, pero luego eran incapaces de pasar a la acción para reclamarlas.

“La historia no los tratará con cariño”, mencionó el descendiente del pastor asesinado en Memphis en 1968 respecto a Sinema y Manchin. Sin embargo, Sinema celebraba a través de su cuenta en Twitter la conmemoración del día de Martin Luther King, festejada en Estados Unidos este pasado lunes. “Hoy recordamos la vida y el legado del doctor Martin Luther King”, mencionó. En puridad, la senadora de Arizona no tiene nada que objetar a la ley del voto. A lo que Sinema se opone es a obviar, cambiar o regatear la táctica parlamentaria del filibusterismo. Sinema quiere que las leyes se aprueben por 60 votos.

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Tanto ella como Manchin quieren que al menos 10 senadores republicanos se sumen al proyecto y acojan entre sus brazos el bipartidismo. Advierten, además, que si ahora se arrolla la mayoría cualificada nada impediría a los republicanos hacer lo mismo cuando tengan el poder, algo que podría suceder el próximo noviembre en los comicios de medio mandato. El propio Biden, que estuvo 36 años en el Senado, ha sido un firme defensor del filibusterismo. Hasta ahora. El presidente declaró en un importante discurso la semana pasada en Atlanta que se vive un momento determinante, al calificar el voto como un hito para una democracia norteamericana en crisis.

El controvertido proyecto de ley ampliaría el acceso al voto en un país que tras el paso de Donald Trump por la hogar Blanca ha visto cómo retrocedían los derechos de las minorías. La reforma restauraría las disposiciones clave de la Ley de Derechos Electorales de 1965, normativa que fue posible debido a la movilización de Luther King y el entonces presidente Lyndon Johnson en 1965. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley la semana pasada con solo el respaldo demócrata, y ahora enfrenta el gran -y casi imposible- desafío para aprobarlo en el Senado.

Se da por hecho que el miércoles o el jueves los republicanos bloqueen la aprobación de la legislación, argumentando que la normativa responde a intereses partidistas de control sobre las elecciones.

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