Entre sus argumentos, que ella, como miembro del Ejecutivo catalán, acató el mandato del Parlament, con mayoría independentista. «Tengo la convicción de que el derecho a la autodeterminación es un derecho vigente. Desde el Govern debemos cumplir los mandatos parlamentarios», ha proseguido para alegar que, «tras un juicio ponderativo» ante los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC), que la apercibió, «una mayoría instó a seguir adelante con el 1-O».

«La acusada no puede pretender que su criterio valorativo se imponga a la resolución» del Constitucional, ha rebatido la fiscal. «En un Estado democrático, el Poder Ejecutivo no puede imponerse al Judicial». La representante del Ministerio público, que pide un año de inhabilitación para Serret por desobediencia, ha tomado la palabra reprendiendo a la ‘consellera’ por su «electoralismo». «Aquí no se está juzgando a ningún votante del 1-O. El pensamiento no delinque, no vamos a acusar a nadie por su pensamiento ni por sus ideas, aquí acusamos por una actitud reiterada, infringiendo prohibiciones del TC», ha subrayado.

«Pese a haber sido destinataria de sus requerimientos, la acusada los omitió, de forma contumaz. Omitió esas resoluciones y esos son los únicos hechos que se enjuician, no ideas políticas ni ningunas otras», ha suscrito la abogada del Estado. Y es que durante su monólogo, Serret ha recurrido a un mantra repetido por los independentistas: «que se ha judicializado un conflicto político». Según la consejera, un «conflicto que vivió una escalada» con el fallo del Constitucional sobre el Estatut, en 2010.

Desobediencia grave

«Los hechos descritos constituyen un delito de desobediencia grave. La acusada fue declarada en rebeldía en junio de 2018, no compareciendo ante el Tribunal Supremo hasta marzo de 2021, algo que debe ser tenido en cuenta a la hora de aplicar el atenuante de dilaciones indebidas», ha pedido la representante de la Abogacía del Estado.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce Vox, ha subrayado que Serret no podía dar cumplimiento «a aquello que había sido declarado ilegal». Sobre la petición de absolución de la defensa, por haber llevado a término la consejera un «mandato popular», el abogado Juan Cremades ha recordado que el TSJC «no juzga la celebración del 1-O sino la desobediencia al TC». Así, ha señalado que la republicana omitió «cinco requerimientos» y que «con su propia firma facultó el decreto de convocatoria del referéndum».

«Meritxell Serret no ha venido aquí a disimular ni ha camuflar lo que hizo. Lo admitió cuando compareció ante el Supremo en marzo de 2021», ha apuntado su defensa, que ha recordado que no se la juzga por malversación.

A falta de eso, en este momento hay dos escenarios abiertos. El primero, que el Supremo ordene al Ministro del Interior que comience sus actuaciones desde el principio y esta vez motive el cese de Pérez de los Cobos. En ese caso nos encontraríamos ante una cuestión formal, más que de fondo, y para el departamento de Marlaska las consecuencias serían limitadas, dentro siempre del duro golpe que le ha supuesto la sentencia.

La segunda posibilidad es que el alto Tribunal ordene restituir al coronel, que sigue en activo, en su puesto de jefe de la Comandancia de Madrid. Si esa es la decisión judicial, el coronel no sería repuesto de inmediato, ya que todavía tendría que pedir al tribunal sentenciador, en este caso la Audiencia Nacional -el Supremo ha actuado en casación- que la ejecute.

Antes de que se produzca esa ejecución, la Audiencia Nacional, que sí consideró en su momento el cese de Pérez de los Cobos ajustado a Derecho, tiene que pedir los informes correspondientes a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía, para luego tomar una decisión sobre la forma en la que se cumple lo ordenado por el Tribunal Supremo.

Las fuentes consultadas por ABC destacan que la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado José Luis Requero, ha sido tomada por unanimidad en una Sala en la que hay jueces de distintas sensibilidades, por lo que creen que será «muy ponderada» en lo que se refiere a sus consecuencias. Incluso en el caso de que se ordene la restitución de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid «hay distintas posibilidades de hacerlo», añaden.

A la espera

En este sentido hay que recordar que desde mayor de 2020 hay un coronel, el sustituto de Pérez de los Cobos, al frente de la Comandancia de Madrid, que sería perjudicado si hay que restituir al cesado. Una de las posibilidades es ofrecer a éste un puesto de similares características.

Desde el Ministerio del Interior, mientras tanto, no se quiere aventurar hipótesis alguna de lo que pueda suceder a partir de ahora con este mando de la Guardia Civil. Se remiten a lo que ya dijeron ayer en el sentido de que «las razones de fondo que decidieron el cese persisten y se han visto confirmadas y consolidadas con los elementos conocidos con posterioridad«

En lo que coinciden también estas fuentes es en que el actual coronel jefe de la Comandancia de Madrid, David Blanes, no pondrá obstáculo alguno si la justicia repone en ese puesto a su compañero Pérez de los Cobos. Blanes, uno de los jefes más destacados del Instituto Armado y cuyo trabajo cuenta con el total respaldo de sus mandos, aceptaría en ese caso el destino que se le propusiese.

Perjuicio económico

Aún hay en este asunto otro elemento, que es el posible perjuicio económico que supuso para Pérez de los Cobos su destitución, ya que la Jefatura de la Comandancia de Madrid tiene unos pluses. Después de la sentencia se abre la puerta para que el coronel pueda reclamar esa pérdida patrimonial, si es que se hubiera producido.

Las fuentes consultadas por ABC, en cualquier caso, muestran su hartazgo por el hecho de que un día sí, y otro también, la Guardia Civil esté en boca de todos «por asuntos que nada tienen que ver con el trabajo de sus más de 80.000 hombres y mujeres que cada día intentan dar el mejor servicio posible al ciudadano», y sí, en cambio, con «luchas políticas a las que la Benemérita es ajena«.

Gregorio ha asegurado que no concibe un futuro sin la presencia de Madrid, dentro del eje vertebrador de la A-5, «Talavera y Madrid forman parte de un eje vital para el desarrollo económico y empresarial de ambas ciudades, por lo que debemos consolidar puentes de entendimiento mutuo», ha resaltado el candidato que se ha referido a la cercanía de estas ciudades que hace que a diario acudan cientos de talaveranos a Madrid ya sea por motivos laborales, médicos o de otra índole.

En ese sentido, José Julián Gregorio ha explicado que el Camino Real de Guadalupe es un claro ejemplo de relación bilateral, dado que tiene su origen en Madrid, y tanto Gregorio como Martínez Almeida coinciden en que «debe de ser un motor turístico para ambas ciudades».

El Camino Real de Guadalupe fue el camino de peregrinación más popular durante más de dos siglos, celebrando su Año Santo cada vez que el día 6 de septiembre cae en domingo. En total, son 257 kilómetros recorriendo tres comunidades autónomas como son Madrid, Castilla – La Mancha y Extremadura, ya sea a pie o en bicicleta. Gregorio ha tenido palabras de agradecimiento a la asociación de vecinos Fray Hernando, impulsores del proyecto, «que siempre han contado con el respaldo y el apoyo del Partido Popular».

Gregorio ha asegurado que trabajará para buscar aliados como Madrid, «con el objetivo de «apostar por un turismo de calidad, donde el Camino Real de Guadalupe se convierta aún más en un motor turístico y que genere movimiento económico», y Talavera es una parada fundamental que a su seguirá mostrando toda su riqueza patrimonial, gastronómica y natural.

El candidato ha agradecido así a Martínez Almeida su interés por los proyectos que pueden relanzar el turismo de una forma mutua. «Nosotros trabajamos y huimos del postureo y de la sumisión como hace Agustina García con su jefe Page», y en el PP sabemos «que tener a la ciudad de Madrid y a la Comunidad como aliados sólo nos traerá recompensas en la materialización de proyectos que resultarán muy ventajosos para nuestra ciudad».

José Julián Gregorio ha hecho entrega al alcalde de Madrid de un bastón personalizado de cerámica talaverana, «como símbolo de nuestra seña de identidad, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2019».

En un almuerzo privado, tal y como ha podido saber ABC, Guerra ha llegado a señalar que el partido morado «nos conduce al totalitarismo», y ha utilizado la expresión «tribalismo nacionalista» para referirse a las fuerzas catalanas y vascas aliadas del Ejecutivo de coalición en las Cortes.

A juicio del histórico dirigente socialista, excluido el pasado octubre por la dirección nacional de los socialistas de los fastos por el 40 aniversario de la victoria por mayoría absoluta en 1982 de Felipe González, de quien Guerra fue mano derecha en el partido y en el Gobierno durante dos décadas, la situación política en España es dramática porque su partido prefiere pactar con los independentistas y con Podemos antes que con el Partido Popular (PP), al mismo tiempo, ha añadido según varias fuentes conocedoras del almuerzo, que los de Alberto Núñez Feijóo prefieren llegar a acuerdos con Vox, la formación que lidera Santiago Abascal, antes que con los socialistas.

El coloquio con Alfonso Guerra ha versado en varios momentos sobre la Transición, época que ha defenido como «una hazaña» y sobre las diferencias de aquella época, que vivió como diputado de las Cortes constituyentes y ya entonces número dos del PSOE, con la actual.

Guerra ha aseverado que la intentona golpista de Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981 contó con el rechazo de la práctica totalidad de la clase política de entonces, mientras que ahora, ha sentenciado, lo ocurrido en Cataluña en 2017 con el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia -por lo que el Tribunal Supremo (TS) condenó por sedición al líder de ERC, Oriol Junqueras, y varios cabecillas del procés- no cuenta con un rechazo igual por parte de los representantes de los ciudadanos.

Lo mismo que ocurre, ha argumentado, con el apoyo a la Constitución, ya que a su juicio si entonces la Carta Magna tenía un respaldo superior al 90% hoy hay un 40%, ha precisado, que no defiende el texto constitucional del año 1978.

Su posición de rechazo a los pactos emprendidos por Sánchez tras llegar a La Moncloa los ha definido Guerra con la siguiente frase: «Cuando el socialismo liberal pacta con el separatismo, deja de ser socialismo liberal».

De su repaso a la situación política general y a la gestión del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos no se ha librado tampoco el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ya que a su juicio es una de las instituciones que ha perdido claramente su prestigio. En ese momento alguno de sus interlocutores le ha recordado la antigua condición de ‘guerrista’ del sociólogo y veterano dirigente socialista José Félix Tezanos, hoy al frente del Instituto público de estudios demoscópicos.

Guerra ha tirado de sarcasmo para decir que el ‘guerrismo’, considerado en los años ochenta y noventa toda una corriente interna en el PSOE, en ocasión enfrentada por la izquierda a González, en realidad nunca exisitió. «Ni siquiera yo soy guierrista», ha terminado enfatizando.

La Mesa del Congreso prorrogó este martes por 41ª vez el plazo de enmiendas y ni siquiera el portavoz socialista en la Cámara Baja, el exlendakari Patxi López, acertó a explicar los motivos detrás de este persistente bloqueo. «Pues la verdad es que no, no lo sé», respondió en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces.

En esa cita, celebrada minutos antes de la comparecencia de López, Inés Arrimadas, portavoz parlamentaria de Ciudadanos (CS), partido autor de la iniciativa, volvió a implorar, una semana más, que en la próxima reunión del órgano de gobierno del Congreso no se alargue otra vez el plazo de enmiendas. En las prórrogas, ninguno de los partidos del Ejecutivo introduce modificaciones que justifiquen esos retrasos, que impiden que la norma continúe con su normal tramitación.

«El problema es que muchas veces, cuando abres [la legislación], con justicia, para una enfermedad como la ELA, hay otras que están también esperando», justificó este martes López, quien añadió que el Gobierno de coalición, «seguramente», estará viendo «si es posible hacer una [ley] más genérica». Esta excusa causó malestar en CS, que lleva meses detrás de PSOE y Unidas Podemos para que levanten el bloqueo a la ley de ELA, como reclaman enfermos y activistas como Jordi Sabaté.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, criticó en rueda de prensa que se tengan que enterar por una comparecencia de López de que el Gobierno, supuestamente, busca ahora un texto que dé cabida a otras enfermedades. Según él, siempre que ha preguntado a representantes socialistas, entre los que citó al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ninguno de estos le ha contestado que el Ejecutivo preparase una legislación más ambiciosa.

¿Motivación partidista?

Bal, de hecho, afirmó que ve «plausible» que el único motivo detrás del bloqueo de la ley de ELA sea que el Gobierno no quiere «darle un éxito» a un partido de la oposición. «¡Que se pongan la medalla si quieren! ¡Que incluyan otras enfermedades! Si quieren hacerlo, que lo hagan, pero queremos que se atienda a las familias que pasan por esta terrible enfermedad que es la ELA», clamó el diputado y abogado del Estado.

Pero de nuevo, Bal arremetió contra el pretexto del portavoz socialista: «¿Dónde está el proyecto, dónde están los papeles, dónde está lo que han escrito? Muy poca vergüenza me parece que tiene el PSOE en este tema». El portavoz adjunto de CS, además, anunció que su grupo pedirá la comparecencia en comisión del recién nombrado ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, para que detalle por qué está varada la ley de ELA en el Congreso desde hace más de un año.

Según Bal, la diputada de CS Sara Giménez está en constantes conversaciones con los miembros de la Mesa para intentar desbloquear la iniciativa y tanto el PP como Vox están a favor de tramitarla. De hecho, la formación que encabeza Santiago Abascal se sumó ya la semana pasada a la presión de los liberales con un escrito al órgano de gobierno de la Cámara Baja y con una proposición no de ley para instar al Ejecutivo a redactar un real decreto ley con el contenido de la propuesta de CS para que se tramite de urgencia.

«Un engaño burdo»

«He hablado también con [Gerardo] Pisarello [En Comú Podem]. Parece ser que el escollo fundamental es el PSOE», dijo Bal en la sala de prensa del Congreso, donde tuvo palabras de agradecimiento para Ana Pastor (PP) y para Iván Espinosa de los Monteros (Vox). Precisamente este último, por la mañana, ya había exigido el desbloqueo de la ley de ELA y había tachado de «un engaño burdo a los enfermos» la constante ampliación del plazo de enmiendas.

Espinosa de los Monteros descalificó la actitud de PSOE y Unidas Podemos en la Mesa como «una vergüenza», «una alteración torticera de la voluntad» de la Cámara Baja y «un desprecio inaceptable» a la vida de las personas que padecen ELA. El portavoz alegó que el Gobierno ha aprobado en lo que va de legislatura más de cien reales decretos leyes por cuestiones que no eran «de extrema urgencia», mientras ahora permite que esta iniciativa siga sin tramitarse.