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Calviño admite que el Estado considera entrar en el capital de Air Europa

La vicepresidente primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha admitido que el Estado está considerando entrar en el accionariado de Air Europa tras la compra fallida de la aerolínea del grupo Globalia por Iberia, una operación que la compañía del grupo IAG se ha comprometido a revisar antes de que acabe este mes de enero. “En este momento estamos explorando todas la opciones posibles”, ha señalado la ministra al respecto en una entrevista a la agencia Bloomberg.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital afirmó ya en diciembre que el Ejecutivo español sigue “analizando las distintas opciones” que se abren tras la decisión de IAG y  Globalia de rescindir de mutuo acuerdo el acuerdo de compra de Air Europa. Entre esas   opciones que están barajando está la que el Estado tome una participación minoritaria en la compañía, compartiendo la propiedad de la aerolínea con IAG, que estaría a cargo de la gestión, y los actuales propietarios, la familia Hidalgo.

De esta forma, el Gobierno está considerando adquirir una participación directa en Air Europa de hasta un 40%, como parte de un plan para rescatar a la aerolínea y cumplir con la exigencia de IAG para volver a plantear una operación de compra, según precisa Bloomberg citando fuentes de la negociación.  Las conversaciones están en curso y no hay garantía de que se llegue a un acuerdo, según las mismas fuentes. Tanto representantes de Air Europa como de IAG han eludido hacer declaraciones al respecto.

Rescisión de contrato

IAG y Globalia anunciaron el pasado 16 de diciembre la rescisión definitiva del acuerdo firmado el 4 de noviembre de 2019 y modificado el 20 de enero de 2021, según el cual Iberia acordaba adquirir la totalidad del capital social de Air Europa por 500 millones de euros. Las dificultades financieras por las que atraviesa la aerolínea de los Hidalgo y las trabas que pone la autoridad de la Competencia de la Comisión Europea a la fusión entre ambas compañías motivaron esa decisión.  No obstante, Iberia aseguró entonces que ambas compañías “explorarán un nuevo acuerdo antes de finales de enero de 2022″, según el comunicado que remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En esa comunicación, se señalaba que IAG había cerrado un acuerdo de intenciones con Globalia para evaluar “otras estructuras que puedan resultar interesantes para ambas compañías”, ofreciendo beneficios similares para sus accionistas, clientes y empleados. Desde Iberia se comprometieron a explorar “distintas alternativas de estructuras accionariales para tratar de articular esta operación con Air Europa”. Además de la penalización acordada previamente de 40 millones de euros, IAG pagará a Globalia 35 millones de euros adicionales por haber abortado la operación.  Ambas partes acordaron que estas cuantías se aplicarán para reducir cualquier precio de compra futuro si se llega a un nuevo acuerdo y para evitar cualquier litigio relacionado con la adquisición.

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Air Europa ha recibido más de 600 millones por parte del Estado entre un rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 475 millones y un préstamo avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 140 millones. Una de las opciones que baraja el Ejecutivo para entrar en el accionariado de la aerolínea que dirige la familia Hidalgo sería capitalizar parte de dicha deuda.

Pero la situación del sector no es la más propicia y Air Europa tendrá difícil devolver los préstamos recibidos a costa del fondo para empresas estratégicas en el plazo de seis años que establece la SEPI. Sufrió pérdidas récord en 2020 de 428 millones, y en 2021 repetirá unos números rojos similares, ya que apenas ha podido recuperar el 19% del tráfico registrados en 2020, siendo una de las aerolíneas con peor desempeño comercial el pasado año, y un 61,5% menos que los 13 millones que volaron en sus aviones en 2019. El fondo de ayudas prevé en sus estatutos que, en caso de no poder devolver el préstamo, el Estado capitalice esa deuda tomando una participación accionarial de la compañía rescatada, aunque sentaría un precedente peligroso para otras empresas que también han precisado del rescate público.

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