Internacional
Un año fatídico para las fuerzas de seguridad de Colombia
En Colombia, la firma de la paz con la extinta guerrilla de las FARC hace ya cinco años provocó una profunda transición ante la cual los militares no han podido adaptarse con la rapidez requerida, y la Policía Nacional tampoco ha sabido responder en este 2021 al desafío que representaba la oleada de protestas contra el Gobierno de Iván Duque, un inédito estallido social. El país se encamina a cerrar el año con la mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes desde 2014, según datos del propio ministerio de Defensa. Y en medio de esa crisis que evidencian múltiples indicadores, una sucesión de escándalos ha resquebrajado la imagen de los uniformados.
Tanto militares como policías han estado rodeados por la controversia durante los tres años largos del Gobierno de Duque, en medio de un clima de deterioro de la seguridad que incluye el asesinato de líderes sociales, ambientalistas y excombatientes de las FARC, el aumento de las masacres y repetidos episodios de brutalidad policial. También, en junio, un ataque con ráfagas de fusil contra el helicóptero en el que viajaba el propio Duque en Cúcuta, una ciudad fronteriza que ha sido blanco de varios atentados, entre ellos un carro bomba contra una instalación militar. La larga lista de polémicas ha provocado diversos cuestionamientos con relación a la formación y la doctrina de las fuerzas de seguridad colombianas.
Aunque el Gobierno ha respondido a las múltiples denuncias con una defensa cerrada de la fuerza pública, y Duque incluso escenificó una famosa foto con el uniforme de la policía en el momento más crítico, la percepción ciudadana históricamente favorable se derrumba. Las Fuerzas Militares mantienen un 55% de imagen favorable frente a un 42% desfavorable, mientras a la policía le va peor, con un 35% de aprobación frente a un 62% de rechazo, de acuerdo con el tradicional estudio de la firma Invamer.
“Nos encontramos en un momento de reconfiguración del conflicto, pero la fuerza pública no ha cambiado suficientemente para combatir la nuevas amenazas, sobretodo en la ruralidad. Mientras los grupos armados han evolucionado, la fuerza pública no”, apunta Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group. Para esta experta es fundamental cambiar los indicadores de éxito en el ejército en favor de las comunidades y la presencia territorial. “Hoy en día éxito significa capturas, bajas y erradicación [de cultivos ilícitos], pero eso no nos dice nada sobre la situación de seguridad para los que viven en la zona”. En cuanto a la policía, añade, ve a los manifestantes como enemigos, y urge cambiar esa mentalidad. Muchas voces han pedido una reforma integral para dotarla de un carácter más civil, y sacarla de la órbita del Ministerio de Defensa.
Una buena parte del desprestigio reciente se deriva de la represión de la protesta social y el uso excesivo de la fuerza. El esperado informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre el llamado paro nacional, presentado hace dos semanas, responsabilizó a la policía de al menos 28 muertes en el marco de las manifestaciones que se iniciaron el 28 de abril. Y el año se cierra con la polémica aprobación en el Congreso de la Ley de Seguridad Ciudadana que para algunos observadores agrava los riesgos de violencia policial y privada contra los manifestantes. “Esa ley sobreprotege a la Policía pues agrava los delitos en su contra, con lo cual desestima las denuncias por sus abusos, e incrementa desproporcionadamente las penas por excesos de los manifestantes”, advertía el constitucionalista Rodrigo Uprimny en el periódico El Espectador.
El ministro de Defensa, Diego Molano, se ha ido convirtiendo en un funcionario incómodo por sus salidas en falso. Desde que asumió en febrero, su gestión ha estado rodeada de un rosario de controversias. Ni siquiera la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el jefe del Clan del Golfo, que el Gobierno ha intentado enmarcar como el mayor golpe contra el narcotráfico en este siglo, le ha significado un respiro. La lista de tempestades que ha cosechado es extensa. El tercer ministro de Defensa de la Administración Duque reemplazó a Carlos Holmes Trujillo, quien murió en enero por complicaciones del coronavirus, y este a su vez había asumido tras la renuncia de Guillermo Botero ante la inminente aprobación de una moción de censura, luego de haber ocultado la muerte de ocho menores en un bombardeo contra disidentes de las FARC. Los tres han pertenecido a sectores muy cercanos al expresidente Álvaro Uribe, el mentor político de Duque. Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
El propio Molano se estrenó en marzo con un escándalo por la muerte de menores en otro bombardeo contra disidencias, cuando se refirió a esas víctimas de reclutamiento forzado como “máquinas de guerra”. Después, la política de seguridad para sofocar las protestas provocó que la oposición haya pedido con insistencia su cabeza. En un fallido intento de moción de censura, el senador Iván Cepeda recordó episodios como el ataque de civiles armados contra manifestantes indígenas ante la inacción de la policía en Cali, o la agresión de decenas de uniformados a defensores de derechos humanos. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también señaló al Ministerio de Defensa de fingir un ciberataque para mejorar su imagen en pleno estallido social.
Molano fue el ministro peor valorado de todo el Gabinete por los más de 1.500 líderes de opinión consultados para un estudio anual de la firma Cifras y Conceptos, el tradicional Panel de Opinión divulgado en noviembre. Con 27 puntos sobre 100, fue también el ministro de Defensa peor calificado desde que se realiza la encuesta, hace 13 años, e incluso el funcionario en cualquier campo con la calificación más baja. “Lo que más deteriora la imagen de la policía es el abuso por parte de algunos de sus miembros”, señala el analista César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos. “El uribismo politiza la fuerza pública, y al hacerlo la convierte en un actor político a favor de un movimiento político. Eso es parte de lo que estamos pagando en este momento”, advierte.
A esos escándalos se añadió en noviembre otro con alcance diplomático, cuando varios uniformados exaltaron a la Alemania nazi, con esvásticas, uniformes e incluso uno de ellos disfrazado de Adolf Hitler, en un evento “pedagógico” de una escuela de policía en Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. El repudio fue unánime, con protestas de las embajadas de Alemania, Israel y Estados Unidos. Algunos observadores aprovecharon la ocasión para recordar que el entomólogo chileno Alexis López ha sido invitado a dar cátedra a militares colombianos a pesar de que en su país lo han señalado como un neonazi. Y que al comienzo de las protestas, el expresidente Uribe apeló al concepto que fomenta justamente Alexis López, el de la “revolución molecular disipada”.
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El hombre del saco acechaba a unos metros mientras las dos parejas de amigos preparaban la cena en el merendero de la plaza Entrerríos.
-Papá, me quiero despedir de mis amiguitos -les dijo Álex.
-Espera, que va contigo Claudia (una de las cuatro hijas del otro matrimonio).
Álex, con su peluca caoba y su túnica blanca, miró a David, su padre, y asintió antes de salir corriendo. David cerró la puerta del merendero porque entraba mucho frío. Ya había caído la noche ese 28 de octubre de 2021 en Lardero. Cuando volvió a ver a su hijo, unos cuarenta minutos después, el niño estaba tirado sobre las baldosas de un portal al otro lado de la plaza y un policía trataba desesperado de volverlo a la vida. La madre en una esquina rezaba viendo esas maniobras agónicas. Dos pisos más arriba otros agentes retenían al hombre del saco: Francisco Javier Almeida. Los niños del parque se referían a él como ‘el viejo’ o ‘el sordo’. Les inspiraba un temor atávico sentado solo en un banco, sin parar de mirarlos mientras jugaban. Álex, de 9 años, no frecuentaba esa plaza y no le conocía. La familia vive en Logroño, no en Lardero.
«Un señor se ha llevado a Álex», gritó Claudia a los mayores ya con la cena lista, dos minutos o tres después de que los dos niños salieran del merendero.
-¿Cómo se encuentran desde aquel día a nivel familiar usted, su mujer, su hijo pequeño? -preguntó el miércoles a David su abogada, Alicia Redondo, que ejerce la acusación particular y popular, en nombre de la asociación Clara Campoamor.
-Como muertos en vida, balbuceó el padre al que solo le queda un hijo. «Nos han quitado la alegría», sollozó, recostándose en la silla de testigo mientras veía la espalda del hombre del saco, el sordo, el viejo, el que violó y asesinó a su niño.
Fue el tercer día del juicio que se celebra desde el lunes en la Audiencia de La Rioja. Almeida, de 56 años, ingresó por primera vez en la cárcel cuando tenía 21 y fue condenado por dos agresiones sexuales y un asesinato. Se enfrenta a prisión permanente revisable y a otros 15 años por la violación de Álex. Llevaba entonces 18 meses en libertad condicional y no había cumplido su pena.
«Sabía y quería hacerlo»
Seis hombres y tres mujeres decidirán su futuro que han ido tapiando durante las cinco primeras jornadas los testigos y peritos. Las palabras de cada uno componen un catálogo de la sordidez y la miseria humana que representa Almeida, pederasta sin trastorno que «se mueve por sus deseos, su voluntad y su convicción». Lo declaró la psiquiatra forense Teresa Barbero, encargada de su examen pericial cuando el acusado ya estaba en la cárcel de Segovia a la que se le trasladó por su seguridad. Paradojas del sistema, obligado a cuidar del depredador.
«No sé, no me acuerdo», fueron las respuestas reiteradas del preso a los psiquiatras. «No tiene ninguna alteración de la memoria, otra cosa es lo que él diga», explicó Barbero a la Sala. «Recurre a la falta de memoria sin mayor elaboración (…) Sabía lo que hacía y quería hacerlo».
Almeida sacó a pasear su repugnante estrategia nada más empezar el juicio. Declaró por primera vez sobre los hechos de los que culpó a la criatura. Álex «se bajó él solo los pantalones», él no le forzó ni ejerció violencia alguna porque «fue todo colaboración».
Los vecinos de Lardero improvisaron un altar en el parque del que el pederasta se llevó a Álex; Almeida, sobre estas imágenes antes de la inspección ocular del piso donde mató al niño. Alicia Redondo es la abogada de la acusación particular y popular, en nombre de la asociación Clara Campoamor
Se escudó en una «nebulosa» en la que dice que vivía desde que salió de prisión. «No puedo decir qué fue exactamente lo que pasó. Fue todo muy deprisa. Tengo como un lapsus». Y en el alcohol: «Ese día había bebido un montón, pero un montón». Sin asomo de piedad ni de emoción, sin asomo de sentimientos contó: «Se puso a chillar y yo le eché las manos. Le puse las manos encima». Y entonces, «sí le tapé la boca», pero «no es que le asfixiase, sino que perdió el conocimiento». Las pruebas y así lo han contado los peritos certifican que estranguló al pequeño por la espalda, haciendo pinza con su brazo.
Las forenses encargadas del levantamiento del cadáver y de la autopsia explicaron en la tercera sesión del juicio que Álex murió por asfixia con una «brutalidad extrema, sin ninguna duda» y que el asesino dilató en el tiempo la pérdida de conocimiento del niño. El estrangulamiento no fue inmediato, le dejó holgura, un hueco a la altura del codo mientras lo ahogaba por detrás y el pequeño intentaba zafarse moviendo la cabeza; de ahí las erosiones y abrasiones.
El niño intentó huir
Las forenses utilizaron fotos del cadáver para sus aclaraciones, que Almeida miró de continuo sin perder detalle. Hablaron de los restos biológicos del acusado consecuencia de la agresión sexual y de lesiones llamativas y atípicas, indicativas de esa «brutalidad extrema».
El pequeño intentó huir de la muerte, dedujeron de las marcas que le dejó el individuo en la muñeca al tirar de él. El acusado, de más de 90 kilos frente a los 28 que pesaba Álex y que aún no llegaba al metro cuarenta de altura, lo sujetó, le agarró la cara de frente y lo inmovilizó hasta reventarle la carótida.
Sabía lo que hacía y quería hacerlo. «Conoce, entiende y comprende», reiteró la psiquiatra Teresa Barbero. El fiscal Enrique Stern le recordó que en 1998 la forense que lo examinó tras asesinar y agredir a la empleada de una inmobiliaria de Logroño concluyó que no le pasaba nada. «¿Se mantiene igual de sano?», le preguntó. «Dice que tiene insomnio pero ninguna alteración mental».
Los pretextos que el pederasta soltó se los desmontaron uno a uno los expertos en la mente y los agentes que lo detuvieron con el cadáver de Álex en brazos. Ninguno apreció que oliera a alcohol ni que estuviera borracho, pese a que su defensa les preguntó reiteradamente por las cinco litronas vacías que había en la mesa de la cocina. Ninguno vio una actitud deambulante.
Cinco horas después de su detención, esa misma madrugada en el calabozo, Almeida pidió que lo viera un médico. Dijo que le dolía el costado porque le habían dado una patada. Tampoco presentaba lesiones físicas ni alteración mental, ni rastro de la nebulosa ni el «lapsus» al que se agarró en su declaración.
Todo lo contrario. Según detalló la psiquiatra, no solo pidió un médico, sino también sus pastillas habituales para la hipertensión. «Se acuerda y tiene conciencia porque quiere estar bien». «Nos dice que duerme mal a consecuencia de estar en prisión y atemorizado por la reacción que puedan tener los otros presos». Hasta ahí llega su supuesta depresión y su desmemoria.
«Era muy miedoso»
El teniente de la Guardia Civil, responsable del Grupo de Delitos contra las Personas, que dirigió la investigación fue además el primer policía judicial que llegó aquella noche a la calle Río Linares donde yacía muerto el niño tras la búsqueda agónica de familiares y vecinos. Almeida salió a las 20.07 de la casa, según las imagénes del ascensor, se dirigió al parque de enfrente y se sentó en un banco «a observar». «Está seleccionando a la víctima más vulnerable, le convence con un lenguaje entendible a un menor y consigue que le acompañe», indicó el agente.
«Claramente le persuade, engaña y convence, pensando que va a ir a ver una mascota. Convence al crío para que le siga hasta su domicilio», insistió el teniente. Lo saben por los otros niños del parque.
David, el padre de Álex, aseguró que era imposible que su hijo se fuera con un desconocido por mucho que le gustaran los animales (el viejo, el sordo ya había tratado de engañar a otros niños con el pretexto de ayudarle a cuidar a su perrito o a sus pajaritos). «Era muy miedoso». «¿Su conclusión es que tuvo que ser a la fuerza?», le preguntaron. «Para mí, sí». «Esto no debería haber ocurrido», balbuceó casi ausente.
El depredador subió en el ascensor mientras le señalaba al niño las escaleras y este, inocente, se sujetaba la túnica del disfraz de Halloween para no pisársela. Le esperaba un dormitorio con la persiana echada hasta abajo, una lucecita en el salón donde había un agaporni enjaulado y el hombre del saco. Solo lo separaban de sus padres veinte minutos y 200 metros.
Internacional
Vocales progresistas del Poder Judicial rechazan el plan de Cuesta para dimitir en bloque
El primer contacto del socialista con cinco miembros de su grupo desinfla el boicot y le obliga a rebajar el tono porque tiene consecuencias penales
Miembros del sector progresista en los que el vocal Álvaro Cuesta confía para participar en su plan de dimisión en bloque para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dudan de la viabilidad de este movimiento. No es la primera …
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El vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani, afirmó este viernes que su país proyecta un trabajo en el espacio multilateral para consolidar la Organización de Productores de Litio.
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“En el futuro trabajaremos con todas las instancias en el espacio multilateral para la iniciativa de un mecanismo que nos permita trabajar de manera articulada en el caso del litio”, aseguró.
Asimismo, planteó como un desafío “intercambiar información, tecnología y cooperación” entre los países que cuentan con reservas de este metal liviano en la región.
Con ese fin, se produjo, el 13 de marzo pasado, en Viena, capital de Austria, un encuentro entre el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, con el director general del Fondo para el Desarrollo Internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Fondo OPEP), Abdulhamid Alkhalifa.
En esta reunión, Alkhalifa manifestó todo el apoyo ante el requerimiento del país latinoamericano para colaborar con los países productores de un recurso estratégico.
Bolivia posee la mayor cantidad de litio del mundo con 21 millones de toneladas métricas solo en el Salar de Uyuni, en el sur del país. Con ello está por encima de Argentina y Chile que ostentan 19 y 9 millones, respectivamente.
Cientos de personas se concentraron el jueves en la ciudad peruana de Cusco para recibir los restos del joven, Rosalino Florez, quien falleció a consecuencia de una carga de perdigones disparados por un policía durante la represión a una protesta en enero pasado.
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Familiares, amigos y manifestantes se congregaron a las afueras del aeropuerto internacional Teniente Alejandro Velasco Astete en Cusco para iniciar una movilización con los restos del joven peruano.
Varios de los presentes exigieron justicia por la muerte del joven peruano de 22 años de edad. Los manifestantes recorrieron varias partes de la ciudad peruana con los restos de Rosalino Florez.
#ENVIDEO | Decenas de ciudadanos se están concentrando en el aeropuerto internacional Teniente Alejandro Velasco Astete en Cusco para recibir los restos de Rosalino Florez Valverde pic.twitter.com/xtyqhFEloX
— teleSUR TV (@teleSURtv) March 24, 2023
El pasado 11 de enero, el joven Rosalino Florez, junto a su hermano Juan José, participaron de las protestas en Cusco contra el Gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte en la ciudad de Cusco.
Durante la represión a la movilización, Florez recibió el impacto por la espalda de una ráfaga de perdigones a manos de un policía, quien le disparó a pocos metros de distancia.
Tras recibir un total de 36 perdigones Rosalino Florez fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Antonio Lorena de la ciudad de Cusco. Posteriormente, por la gravedad de sus heridas, fue evacuado al nosocomio Arzobispo Loayza de Lima, donde falleció el martes pasado.
Una masacre reportada el miércoles en el departamento colombiano de Putumayo dejó al menos cuatro muertos.
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Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el criminal hecho se registró en el corregimiento de Esmeralda, cuando un grupo armado asesinó a cuatro personas en la vía que comunica a las poblaciones de Leiva con El Rosario”, en el norte del Putumayo.
De acuerdo a los datos de Indepaz, en lo que va del 2023 Colombia suma 26 masacres y 31 líderes sociales asesinados.
Asimismo, la organización también informó que se han notificado enfrentamientos entre grupos armados en el municipio de Cumbitara.
El departamento de Putumayo en el sur de Colombia es una de las regiones más aisladas del país suramericano y escenarios de enfrentamientos entre grupos armados.
En el marco del Día Mundial del Agua, organizaciones salvadoreñas exigieron esta semana la libertad de los líderes de la Comunidad Santa Marta y de la Asociación ADES, a quienes consideran “defensores del agua” porque se oponen a la minería metálica, que es una de las más graves amenazas para los bienes hídricos en el país centroamericano.
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Los luchadores ambientales anti mineros fueron detenidos el pasado 11 de enero acusados del cometimiento de un supuesto asesinato en 1989, durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
Sin embargo, las señales de una eventual reactivación de proyectos mineros por el gobierno de Nayib Bukele hace pensar a las organizaciones que las capturas y el proceso judicial en su contra buscan debilitar la resistencia comunitaria en el Departamento de Cabañas, el epicentro de la franja minera que atraviesa la zona norte del pequeño país.
Las organizaciones salvadoreñas sostienen que “Santa Marta y ADES jugaron un rol importante en la lucha ambiental que logró la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en marzo de 2017, y actualmente representan un obstáculo para la pretensión gubernamental de retomar los proyectos extractivos”. Argumentan que a eso se debe su criminalización y enjuiciamiento.
Entre los detenidos está Antonio Pacheco, uno de los luchadores sociales salvadoreños más reconocidos nacional e internacionalmente.
Durante su gestión como director ejecutivo de ADES se han realizado cientos de proyectos de educación, salud, agua potable, agricultura sostenible, infraestructura básica, microcréditos, talleres vocacionales y saneamiento ambiental en Santa Marta y en otras comunidades rurales de El Salvador.
Representantes de Santa Marta y ADES participan en la conmemoración del Día Mundial del Agua y exigen la libertad de los líderes comunitarios y defensores ambientales detenidos arbitrariamente el pasado 11 de enero. pic.twitter.com/qmuBKVtAUq
— ADES Santa Marta (@ades_sm) March 22, 2023
Los familiares de los líderes comunitarios también denunciaron esta semana ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) las inhumanas condiciones de su encarcelamiento: están aislados, sin poder ver a sus abogados y dos de ellos tuvieron que ser traslados a un centro de salud penitenciario debido a la complicación de las enfermedades crónicas que padecen. Por tanto, insisten en la petición de otorgar medidas sustitutivas a la detención provisional.
Crisis del agua
En Centroamérica, El Salvador es el país con el mayor deterioro de los bienes hídricos: posee la menor reserva de agua dulce y -según datos del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN)- el 90% de sus ríos están contaminados, entre éstos el Río Lempa, el principal afluente nacional.
El Río Lempa provee la mitad del agua potable al Área Metropolitana de San Salvador, el mayor centro poblacional del país; sus centrales hidroeléctricas cubren el 33% de la demanda energética nacional y su caudal es de vital importancia para la agricultura, la pesca, el turismo y otras actividades económicas en 162 municipios.
Y esta situación podría ser peor si se realizaran proyecto mineros en sus cuencas, advierten las organizaciones ambientalistas.
Diversas organizaciones sindicales, de derechos humanos, sociales y políticas de Argentina iniciaron este viernes las marchas hacia la Plaza de Mayo con motivo de la celebración del Día de la Memoria cuando se cumplen 47 años del más reciente golpe cívico-militar.
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La convocatoria se llevó a cabo bajo la consigna de “A 47 años del golpe genocida, Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia” mientras agrega que “Corporación judicial nunca más”.
Las Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora marcharán a partir de las 14:00 (hora local) desde la avenida de Mayo y Piedras, entretanto, la Coordinadora Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ya partió desde Congreso.
��Este 24 de marzo marchemos todos y todas a las plazas.
��En CABA, nos encontramos a las 14 hs. En piedras y Av. de Mayo.
✒️A 47 años del golpe genocida: “MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA para defender la Democracia. Corporación judicial, ¡Nunca Más! pic.twitter.com/ketqypohHc— Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) March 23, 2023
De igual forma, la Asociación Madres de Plaza de Mayo realizarán desde las 15:00 (hora local) un acto político en la Casa de las Madres donde ratificarán su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “en contra del vergonzoso fallo de los jueces de la mafia judicial”.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández afirmó que “como cada 24 de marzo, nos abrazamos y marchamos poniendo en valor la memoria colectiva” mientras anunció la construcción del nuevo Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en Campo de Mayo.
Anunciamos la construcción del nuevo Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en Campo de Mayo, ex #CCDTyE.
Como cada #24deMarzo, nos abrazamos y marchamos poniendo en valor la memoria colectiva. pic.twitter.com/UNuOqplgFy
— Alberto Fernández (@alferdez) March 24, 2023
A su vez, el ministro de Interior, Wado de Pedro, señaló que determinados sectores buscan “desgastar el no uso de la violencia, el asesinato y de las fuerzas del Estado para resolver diferencias políticas”.
En este sentido, el titular apuntó que grupos de Cambiemos persiguen atentar contra la verdad, por ejemplo, tergiversan la historia e incluso llegan a asegurar que “no fueron 30.000 los desparecidos”.
Al mismo tiempo, participan en las marchas la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Liga Argentina por los Derechos Humanos, La Cámpora, la Confederación Socialista y la CTA de los Trabajadores, entre otras organizaciones.
Asimismo, comenzaron las movilizaciones en otros puntos del país como Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Rosario, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Salta y Tucumán.
Este jueves se localizaron los cadáveres de dos arrastrados por el río Rímac de Perú, tras derrumbarse la vivienda en la que residían con lo que suman 69 los decesos por la temporada de lluvias en este país sudamericano.
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Según narraron medios locales, la erosión causada por las aguas hizo que se desmoronara el borde del acantilado donde estaba enclavada la vivienda y fuera arrastrada la parte del local donde se encontraban una madre y su joven hijo.
Con estas dos, en lo que va de año, suman 67 las muertes debido a las intensas lluvias que afectan Perú.
El reporte más reciente del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reveló que hay cinco desaparecidos hasta el momento, 10.874 damnificados y 74.022 personas afectadas.
Además de pérdidas de vidas humanas, los aludes e inundaciones han destruido 1.666 viviendas, dejado inhabilitados en 2.510 inmuebles y afectado otros 31.453 en mayor o menor medida.
Ha habido daños importantes también a las carreteras, donde más de 132 kilómetros han quedado destruidos.
De igual manera, 13.310 hectáreas de cultivos se perdieron y otras 27.238 hectáreas resultaron afectadas, así como murieron 30.945 cabezas de ganado.
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