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Negocios

Ni grandes ni líderes: la industria de defensa española busca su hueco en Europa

Pusillior sed et fortis (Somos pocos, pero fuertes). Es uno de los lemas de las Fuerzas Armadas que podría aplicarse a la industria de defensa si se escucha lo que dicen las asociaciones empresariales, los políticos o se leen los informes económicos. Comparada consigo misma, con lo que era hace una década, la industria militar nacional se ha convertido en una pequeña y robusta red de empresas de alto contenido tecnológico y fuerte vocación exportadora. Superadas las duras restricciones presupuestarias de los programas públicos posteriores a la crisis de 2008, entre 2014 y 2019 la facturación del sector privado creció un 40%, a un ritmo de casi el 7% anual (hasta 14.100 millones), para caer un 19% con la covid, según un reciente informe de KPMG basado en las empresas agrupadas en Tedae, la Asociación de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio. Esos datos, que cifran en 47.700 los empleos directos que genera la defensa, incluyen la parte civil del negocio aeronáutico que depende de Airbus y la pequeña industria espacial no militar. Por eso el recuento que hace el ministerio a través de la Dirección General de Armamento y Material rebaja esas ventas a los 6.654 millones procedentes de 354 empresas (de una base de medio millar) y a 23.500 los empleos, con un 85% del peso en exportaciones, también con datos referidos al año pasado.

Sea como sea, esa pequeña escuadra corporativa para la defensa nacional se encuentra en un momento decisivo de su historia, pero con tan poca munición que no puede permitirse errar el tiro. Europa se ha dado cuenta de lo ineficientes que son las políticas obstinadamente nacionales de sus Estados miembros y está diseñando un nuevo mapa continental para su tejido productivo. El gasto público global en este capítulo asciende al 1,3% del PIB (unos 227.000 millones), menos de la mitad que lo que dedica Estados Unidos, y sin embargo el Viejo Continente presenta un catálogo desordenado de productos para sus ejércitos lleno de duplicidades e ineficiencias —en la UE hay 17 carros de combate distintos frente a un único modelo norteamericano, 178 sistemas diferentes de armamento frente a 30 estadounidenses, 29 modelos de destructores y fragatas frente a 4 y 20 tipos de aviones de caza frente a 6—. Esa inercia hace que el 80% de los contratos públicos se gestionen en el ámbito nacional, y obliga a las empresas a vender primero en su país si aspiran a que otros gobiernos compren luego su mercancía.

Reorientar a todo un sector en un cada vez más caliente escenario internacional se antoja parecido a arreglar un avión en pleno vuelo. Sobre todo cuando la alerta sanitaria parece no dejar lugar a dudas de en dónde invertir cuando se trata de decidir entre armas o salud. Sin embargo, la Comisión ha habilitado por primera vez ayudas específicas a las empresas a través del Fondo Europeo de defensa, que arrancó este año y que hasta 2027 destinará 13.000 millones a proyectos de investigación colaborativa y a complementar la inversión de los gobiernos para desarrollar nuevas capacidades. De la docena de fuentes consultadas, la mayoría hablan de que ahora es el momento para que España posicione su sector en el mapa. La llamada es urgente y tiene que ver con la corriente reindustrializadora actual en un país cuya economía ha sufrido demasiado durante la covid por su gran peso en servicios. También se vincula a tener pilares económicos más resistentes y con trabajadores mejor pagados (el salario medio por empleado, según el informe de KPMG, está en 41.493 euros brutos al año, un 82% superior a la media española para 2020). Y con el hecho de que las amenazas crecen, las guerras se libran en espacios cada vez más digitales y la liquidez abunda.

Un avión Airbus A400M reabastece de combustible a dos cazas F-18 durante el desfile aéreo con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre en Madrid.
Un avión Airbus A400M reabastece de combustible a dos cazas F-18 durante el desfile aéreo con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre en Madrid.Pacific Press (Pacific Press/LightRocket via Ge)

Perder el tren

Juan Escriña, director general de GDELS- Santa Bárbara Sistemas, valora que “el sector español está en un momento importante de transformación, tanto por la política europea como por la propia evolución que están experimentando las Fuerzas Armadas. La Unión Europea busca una mayor cooperación a todos los niveles y profundizar en el desarrollo de todo el sector en Europa. Esa transformación se está produciendo ahora. Ello nos debe llevar a un proceso de reflexión sobre cuáles son sus fortalezas, en qué puede ser competitivo globalmente y cómo debe posicionarse el sector. No podemos perder este ciclo de innovación y transformación. Ya se sabe que las generaciones, tampoco en tecnología, vuelven”. El retrato nacional que describe Ricardo Martí Fluxá, actual presidente de Tedae —fue secretario de Estado para la Seguridad y expresidente de ITP—, es el de una “industria de alta calidad”, pero que necesita planes públicos comprometidos y una ley de programación de la defensa como la que tienen otros países, que ofrezca unos marcos financieros estables a los programas del ministerio —­una suerte de pacto de Estado que blindaría el gasto y restaría capacidad de decisión de los sucesivos gobiernos sobre esta materia—. Eso necesita un país, según él, que aprecie a sus Fuerzas Armadas y conozca la innovación que hay detrás de cada desarrollo. “La defensa está infravalorada por la ciudadanía”, apoya Claudia Pérez Forniés, profesora y directora de la Cátedra de Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de Zaragoza. Para Julián García Vargas, presidente de la Fundación Feindef, organizadora de la feria sectorial que tuvo lugar el mes pasado en Madrid, la española es quizá una sociedad “demasiado buenista que no se da cuenta de que la industria es esencial para la soberanía nacional”.

Quizá baste echar un vistazo a las encuestas del CIS. La última específica sobre las Fuerzas Armadas, de 2017, demuestra las dudas de la población sobre cuánto cuesta la defensa (más de un tercio no sabe o no contesta y para un 22% su presupuesto es excesivo). Al desapego hacia lo militar, ¿podría haber contribuido la falta de transparencia de unas empresas que durante años recibieron del Estado un buen número de adjudicaciones a través de los antiguos contratos negociados sin publicidad? “Nuestra industria es totalmente transparente”, defiende tajante Martín Fluxá. “Falta saber comunicar lo que hacemos. Durante la covid este sector fue capaz de hacer muchísimas cosas por la dualidad de sus productos, desde abrir un cordón sanitario desde China para incorporar mascarillas hasta montar hospitales de campaña o fabricar respiradores”.

Al contrario de lo que la gente tiene en la cabeza, añade Pérez Forniés, defensa no solo es sinónimo de aviones o carros de combate, “son también comunicaciones, software o simuladores. Es tecnología”. También son otros productos más comunes como uniformes o raciones de comida. Cosas que pueden ser útiles en cualquier otro ámbito, como destaca César Ramos, director de Tedae. Pero que primero se idearon a la medida de un cliente, para entornos de guerra, y que necesitan de un “inevitable acompañamiento financiero”, como describen varios consultados. Un peaje que pagan los Estados por tener un ecosistema propio de nuevas capacidades que los demás países envidien y que después se puedan exportar. “Es el momento de decidir, como sociedad madura que somos, la tecnología que debemos liderar”, opina Ramos.

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Un militar descansa en unas maniobras realizadas en 2019.
Un militar descansa en unas maniobras realizadas en 2019.

Mecanizados Escribano, situada en Alcalá de Henares, fue una de esas empresas que durante la pandemia adaptó sus máquinas para fabricar respiradores pulmonares. A sus ingenieros, encargados de idear estaciones de armas, sistemas electroópticos y kits de munición guiada no les costó mucho trabajo ponerse a diseñar los aparatos más buscados por los hospitales durante el primer golpe del coronavirus. Ángel Escribano, su consejero delegado, empezó el negocio junto a su hermano en el taller de 57 metros cuadrados que montó su padre al quedarse en paro y sabe ir a contracorriente: antes que el español, otros gobiernos pagaron por sus productos, algo que hace que su facturación dependa en un 70% del exterior. “Pero eso no es lo habitual, el mercado nacional es el que te hace crecer”.

Empresas dependientes

Esa mentalidad de Escribano quizá sea el ejemplo para combatir cierta visión autárquica de las empresas, reacias a abrir la puerta a mancomunar capacidades con socios transfronterizos. España lo ha hecho dando entrada al capital extranjero en algunas compañías, pero no ha cumplido uno de los deseos que el exministro Pedro Morenés expresó hace seis años en estas mismas páginas: reordenar el sector para hacer lo que en su día hicieron británicos, franceses o italianos promoviendo fusiones de empresas dentro de su territorio.

El 83% del sector privado está compuesto por pequeñas y medianas sociedades, y por lo tanto, más débiles en un escenario internacional. “Es una industria muy desigual. Hay, por una parte, unas pocas grandes empresas con capacidad de ser contratistas integradoras y el resto son lo que se llama mid caps (de capitalización media). Es una base industrial que hasta la anterior crisis estuvo muy protegida, que dependía de la tecnología que les pedía el comprador final”, repasa desde el instituto Elcano su investigador principal del sector, Félix Arteaga. Ese comprador final, en una suerte de monopsonio, siempre ha sido el Estado español gracias en gran parte a los 19 programas de armamento (PEA) que se iniciaron en 1997 y que todavía se siguen pagando.

El problema es que ahora también será el Estado el que deberá sufragar su parte de los programas europeos. Pintan bastos. Lo reconocía hace un mes la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro: los grandes programas de armas ya comprometidos han dejado secas las cuentas hasta, por lo menos, 2028. Eso sin contar con que el coronavirus obligó a gastos extraordinarios de 400 millones y que el fondo de contingencia, del que echa mano Defensa para sufragar las misiones militares en el exterior, ya no da para más. Difícil será cumplir en 2024 el compromiso suscrito por España en un encuentro de la OTAN para destinar el 2% de su PIB a defensa.

De modo que habrá que buscar balas de plata en una despensa vacía. Fuera del Ministerio de Defensa puede haber otra luz en forma de billetes. El sector naval espera que se sustancie un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) que impulsa Industria para poder optar a los fondos europeos de recuperación. Ya hay otro en estudio que afecta al sector aeroespacial. Además, la Sepi tiene un aerofondo para ayudar a reestructurar firmas con dificultades.

Más allá de los fondos públicos, los líderes corporativos tienen sus propios planes para tirar del carro. Tierra, mar y aire tienen al frente a otras tantas empresas, públicas, privadas y de capital extranjero: la citada GDELS- Santa Bárbara Sistemas (de General Dynamics), la pública Navantia y Airbus, participada por el Estado español. Y de forma transversal, quizá, esté Indra. Esta última es la única que aparece entre las 100 principales del mundo en materia de defensa. En los nueve primeros meses de 2021 consiguió unas ventas en esa división de 409 millones, el 17% de la facturación global del grupo. Su área de Transporte y Defensa ha recuperado los niveles previos a la pandemia. Es el coordinador nacional del programa FCAS (nuevo sistema de combate aéreo europeo), que se supone que en 40 años generará inversiones de 300.000 millones. Participa en 19 proyectos, entre ellos 12 consorcios del programa EDIDP (European Defence Industrial Development Programme) coordinando tres de ellos. Su visión es bastante clara: el futuro será de quien tenga los mejores sistemas tecnológicos. Por ejemplo, el FCAS está considerado un “sistema de sistemas” que crea un entorno de combate digitalizado y se sustenta en inteligencia artificial, sensores, robótica inteligente, simulación híbrida o en la hiperconectividad. Ignacio Mataix, consejero delegado de Indra, valora por correo electrónico que para ellos “no se trata simplemente de conseguir una cuota de carga de trabajo para España, sino de desarrollar aquí la actividad de mayor valor añadido, porque ahí es donde está el crecimiento, la innovación y los empleos de mayor calidad”. Lo mismo opinan en Navantia, otro potente y deficitario tractor. Facturó en 2020 1.129 millones y perdió 137. En sus programas de fragatas F-110 y los submarinos S-80 participan medio millar de pymes de todos los rincones de la geografía.

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Blindados de combate

En cuanto a Santa Bárbara, dentro del consorcio Tess Defence, con Indra, Sapa y Escribano, tiene por delante la entrega de las primeras unidades de los 348 blindados del vehículo de combate 8×8 adjudicado por 2.100 millones. Carga de trabajo, en suma, para seguir en la carrera nacional y avanzar en la europea, pero con los pies en la tierra, como opina Ángel Macho, director de la publicación especializada Infodefensa. “Estratégicamente somos lo que somos: un país periférico en Europa y con dependencias clarísimas. Vamos a remolque por falta de una visión a cinco años, algo que solventaría muchos problemas. En Francia, Alemania y el Reino Unido las cosas son distintas. Todos los partidos acuerdan y aceptan las estrategias que se planifican”. Quizá el camino no sea imitar al resto. “Pensemos en la industria del automóvil: no tenemos a ningún gran fabricante nacional, pero somos un gran país productor. En defensa hay nichos donde estamos muy bien situados y podemos tener liderazgo, pero si no se percibe así lo vamos a perder”. Urovesa, una empresa de vehículos todoterreno, entra dentro de esa categoría. Hace vehículos para usos militares y civiles y trabaja ahora en motorizaciones híbridas o eléctricas. “Somos una organización relativamente pequeña, con entre 150 y 200 empleados según la carga de trabajo, pero por cada puesto que generamos se crean indirectamente otros 4 o 5 en nuestros proveedores, la mayoría en España”, contestan por correo electrónico.

Julián García Vargas habla de que los pasos que dieron esos pequeños campeones antes de la covid han aumentado la autonomía tecnológica del tejido industrial, y por eso ahora esta tiene capacidad “para estar en todos los consorcios”. “Se ha diversificado mucho, ha hecho mucho esfuerzo en I+D y ha crecido en tecnologías duales”. Quizá sean exageradas las palabras que pronunció hace algunas semanas Galo Gutiérrez, director general de Industria, cuando hablaba de que la base tecnológica de la defensa “nos lleva a estar en los primeros puestos en el ámbito internacional”. Pero quizá tampoco sea justo subestimar el papel que puede desempeñar la industria defensiva en el futuro.

“Naranjas por aviones”

En el año 1981 el Ejército del Aire se comprometió con la empresa norteamericana McDonnell Douglas a comprar 72 aviones F-18A por 1.800 mdd del año 1981 a cambio de que EE UU adquiriese productos españoles por una cuantía equivalente. “Naranjas por aviones”, se mencionó entonces. Cuatro décadas después el Gobierno español acaba de autorizar compras a Airbus por valor de 3.575 millones en un momento difícil para la compañía, que en 2020 anunció un plan para reducir su plantilla española en 1.600 personas y quiere fusionar sus dos centros de Cádiz. “Aviones por empleos”, desliza una fuente del sector
La política exterior siempre ha sido clave para asegurar el negocio de la defensa y es también un talón de Aquiles para muchos observadores. La profesora Claudia Pérez compara que potencias como Francia o Reino Unido “tienen una política exterior que no tenemos. Es la mayor deficiencia que veo, y lo digo con respecto a todos los Gobiernos. Hay que saber jugar la partida de ajedrez, queremos vender y ganar sin costes, y eso no existe, por eso nos dan una bofetada que otra”. Una de las últimas fue el rechazo inmediato de Grecia a una oferta presentada por Navantia atribuido al poco apoyo que Atenas cree haber recibido de Madrid en su conflicto con Turquía. Fue un jarro de agua fría para el astillero público que se había empleado a fondo para conseguir el contrato de 5.000 millones de renovación de las fragatas helenas. Según los datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio, el año pasado las ventas a países de la Unión Europea representaron el 70,8% de todo el suministro español de armamento (con mercados destacados en Países Bajos, Alemania, Francia y Reino Unido). Fuera, los principales mercados fueron Australia, Singapur y Estados Unidos. 

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