Derrotar la ‘mafiocracia’ en Colombia

Hace rato en Colombia no se sentía un ambiente preelectoral tan grávido, tan pesado y tan cargado de malos presagios. Y todo porque muchos colombianos presienten que se viene un revolcón del carajo en las elecciones de 2022. Si nos atenemos a las encuestas, todo apunta a que esos comicios se van a convertir en un plebiscito no solo contra el uribismo sino contra los clanes mafiosos que han cogobernado este país a sus anchas.

Es decir, por primera vez la mafiocracia que nos comanda desde hace rato, la misma que se ha apoderado de los organismos de control, de los ministerios, de las cuotas de poder, la que pone presidentes y fiscales mientras quita honras, la que nos dice cómo hablar y qué preguntar, esa mafiocracia corrupta e impune, siente que corre el riesgo de ser sacada del poder.

Las mafias, por su naturaleza, nunca están dispuestas a ceder ni un ápice de su poder y esta que se nos trepó en Colombia con la ayuda de tantos en el establecimiento, menos va a aceptar ser desplazada por unos políticos malolientes y alternativos que creen en la reforma agraria.

De ese tamaño es la pelea que se va a dar en las urnas en las próximas elecciones.

La mafiocracia que se instaló en Colombia tiene un poder que envidiaría hasta Pablo Escobar. No solo han logrado lavar sus fortunas mal habidas sin mayor problema, sino que hoy tienen ministerios y cuotas de poder escriturados a su cargo. Su gran poder se deriva de que se han apoderado de los organismos de control. Ellos controlan la fiscalía, la procuraduría, la contraloría y hasta la registraduría, que es la entidad encargada de dirigir y organizar las elecciones. Son parte de su botín. La Fiscalía se ha convertido en la mejor sepultura para los verdaderos responsables de los escándalos –como el de Odebrecht o como el de Canal Isabel II– y es el refugio preferido de los políticos corruptos del régimen con procesos penales. Allá se sienten a salvo, protegidos, como le ha sucedido al expresidente Álvaro Uribe con su proceso por manipulación de testigos en el que la Fiscalía se ha convertido en el fortín de su defensa. La justicia, da grima decirlo, se volvió un asunto sicarial que se utiliza no para luchar contra el crimen, sino para acabar moralmente a los opositores o para acallar las voces de los periodistas que denunciamos. Le temen a Petro porque ven en el una amenaza populista que puede acabar con la propiedad privada y con nuestro estado de derecho, pero no les importó convertirnos en una autocracia.

Hace cuatro años los miembros del cartel de la toga, una mafia que se encargaba de montar procesos a los opositores para sacarlos del camino, le montó la perseguidora a dos candidatos; a Sergio Fajardo y a Gustavo Petro. Ahora, cuatro años después, la historia vuelve a repetirse. A Sergio la contraloría le colgó de manera injusta y desproporcionada la lapida del escándalo de Hidroituango, una represa que ha tenido serios problemas en su construcción y le revivieron en la Fiscalía una investigación de cuando era gobernador porque no tuvo el don de adivinar que el dólar iba a fluctuar luego de haber hecho un préstamo en dólares. A Gustavo Petro, el candidato que sigue punteando en las encuestas, también le tienen prendida la perseguidora y lo tienen en la mira.

El hecho de que el clan Char, un poderoso grupo familiar que fue señalado por comprar votos en las elecciones pasadas, sea el dueño de la registraduría, tampoco ayuda a tranquilizar los temores que eso suscita en la oposición. Tampoco ayuda el cinismo con que el registrador Vega habla de las garantías electorales. En una comunicación les mencionó a los candidatos de la oposición que si no se sentían con garantías, era mejor que no se presentaran en la contienda.

A estos hechos preocupantes habría que agregar la sorpresiva suspensión de la ley de garantías que le prohibía a gobernadores y alcaldes celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección. Esta ley que se hizo para evitar que el gobierno y los partidos en el poder pudieran utilizar esos recursos para financiar las campañas de sus candidatos, acaba de ser derogada en el congreso a petición del propio presidente Duque.

Sin esa ley, la mafiocracia tiene vía libre para invertir esos dineros en sus candidatos, lo que puede alterar seriamente el resultado electoral de las próximas elecciones.

Es decir la mafiocracia va a usa su poder para incidir en estos comicios y se va a emplear a fondo para frenar el recambio en el congreso e imponer al nuevo presidente.

Sin embargo esta vez no les va a quedar fácil. El país pide a gritos un cambio de rumbo y ellos hastiados de tanto poder se han vuelto sordos. Por eso en las próximas elecciones hay que ir a las urnas a votar por los nuevos liderazgos en el congreso y por el candidato presidencial que tenga la valentía de desnudar este contubernio. Esa es la única manera como podemos extirpar del poder a esta mafiocracia. Demostrándoles que les perdimos el miedo y que estamos dispuestos a emprender una batalla por la recuperación de nuestra democracia.

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