Hacienda destinará 3.521 millones para el nuevo convenio del Muface, que suscita rechazo en Unidas Podemos

La Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface) seguirá adelante pese a las reticencias de Unidas Podemos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública planea aprobar el nuevo convenio para el periodo 2022-2024 en el Consejo de Ministro de este martes y elevar las primas que recibirán las aseguradoras para prestar el servicio sanitario a los empleados públicos. En total, 3.521,7 millones de euros entre el Muface, la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas).

La decisión del departamento dirigido por la socialista María Jesús Montero choca las intenciones de su socio de Gobierno, que pretende acabar con las mutualidades y avanzar hacia un sistema totalmente público. El Ministerio de Derechos Sociales liderado por Ione Belarra (Unidas Podemos) ha cuestionado a Hacienda tanto la extensión de los conciertos con las aseguradoras como el incremento de las primas que reciben ―los 3.521 millones de euros que están sobre la mesa implican un aumento de las primas del 8% para el año que viene, del 8,75% en 2023 y del 10% en 2024―. La formación morada, que siempre dejó clara su postura al respecto, ha señalado que el acuerdo de coalición plantea la evolución hacia un sistema de atención totalmente público, al poner negro sobre blanco que se avanzará hacia “el blindaje” de un “sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa.

Derechos Sociales también alega que la prestación sanitaria objeto de los conciertos incorpora servicios que no están incluidos en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, como 20 sesiones de psicoterapia anuales, seis consultas podológicas anuales, prestaciones en salud bucodental y que “se contará con habitación individual con baño o ducha y cama de acompañante” en los ingresos hospitalarios.

Muface proporciona cobertura sanitaria a casi 1,5 millones de personas a través de conciertos con empresas aseguradoras; Isfas atiende a más de 592.000 y Mugeju a unas 91.700. El grupo parlamentario Unidas Podemos en el Congreso presentó a mediados de este mes en el Congreso una Proposición no de ley con el objetivo de que los nuevos mutualistas se vayan incorporando al sistema público de salud y se acabe progresivamente con las mutualidades. La proposición alega que “la defensa de un modelo de sanidad pública y universal resulta incompatible con reservar una atención diferenciada a dos millones de personas”, y reclama al Gobierno ―más bien, a su socio―, “a llevar a cabo las acciones necesarias para avanzar en la cohesión, equidad, la organización unificada y gestión pública directa del sistema sanitario atendiendo al interés general”, pidiendo que las nuevas altas laborales se vayan incorporando al Sistema Nacional de Salud.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que viene reclamando a Hacienda que cierre el concierto con las aseguradoras para los próximos años, asegura no estar al tanto de la propuesta del ministerio y alerta de que las tensiones políticas que genera el asunto pueden desembocar en una merma del servicio sanitario en perjuicio de los trabajadores. Ante este escenario, la semana pasada había solicitado una reunión para que se aclarara la posición de Unidas Podemos y había asegurado que no permitiría que se dejara morir al Muface por “inanición”. Por ello, portavoces del sindicato piden mayor transparencia, aseguran que estarán muy vigilantes y añaden que ven el proceso con preocupación, debido a las quejas por parte de las compañías de que el sistema es deficitario. “Estamos en guardia”, señalan.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), de la que forman parte las principales empresas sanitarias y asociaciones privadas de España, manifestó la semana pasada su rechazo a la proposición no de ley de Podemos, alegando que el mutualismo administrativo ahorra cada año al sistema público de salud entre 720 y 800 millones de euros. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), por su parte, señaló recientemente que el modelo sanitario para la atención del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado es insostenible debido a que la remuneración de los servicios sanitarios a la sanidad privada es deficitaria desde hace años. También desgranó que el sector pedía una actualización acorde al incremento de costes de la provisión sanitaria, demanda que viene dándose en los últimos años por parte del sector a las entidades gestoras.

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