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Opinión

Industria eléctrica, ¿regulación y control o libertad y competencia?

En todas estas situaciones se argumenta que es deseable la intervención gubernamental porque los agentes privados son incapaces o no tienen incentivos suficientes para proveer eficientemente algún bien o servicio, lo cual es debatible, pues muchas veces el problema de fondo es una incorrecta protección o definición de la propiedad privada. Ahora, preguntémonos si esto es lo que sucede en la industria energética en México.

Para todo lo comentado en este espacio, me voy a referir al sector de generación y suministro de electricidad, y no a la transmisión y distribución, pues el segundo es un caso muy particular de “monopolio natural”.

El Ejecutivo presentó a fines de enero una iniciativa de decreto para la industria que pretende, se asegura en la misma, mejorar la “confiabilidad energética”, contribuir a la seguridad energética y no incrementar las tarifas de electricidad (encumbre de la inflación).

Para ello se propone forzar a que CFE sea la primera en alimentar al sistema eléctrico, retirar la obligatoriedad de las subastas de largo plazo, modificar certificados de energías limpias, revertir permisos de autogeneración y terminar contratos con los privados. Esto implica fortalecer a la empresa del Estado a costa de los privados. ¿Existe alguna justificación real para ello?

Tras abrirse en diciembre de 2013, las inversiones y el desarrollo de la industria tuvo un auge: la inversión extranjera directa entre 2014-2018 ascendió a 9.9 mmdd contra 2.7 mmdd entre 2009-2013. Además, la iniciativa privada probó ser capaz de generar electricidad de forma más eficiente y limpia que la CFE.

Por ejemplo, se estima que el costo unitario variable de las centrales de la empresa estatal es de $931 MWh, por $682 MWh producido en las centrales de productores independientes y $583 MWh obtenido en las subastas de largo plazo.

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Al abaratarse los precios de la electricidad, bajan los costos en industrias que van desde la alimentaria y las manufacturas hasta el comercio y la educación, lo que incide directa e indirectamente en los bolsillos de los consumidores.

Entonces, ¿por qué impedir a los agentes privados de participar libremente y competir en igualdad de condiciones en el mercado eléctrico, si estos son capaces de producir a un costo bajo y con menor impacto ambiental?, ¿por qué privar al usuario intermedio (otras industrias) y final (hogares) de energía barata y limpia?, ¿por qué desalentar las inversiones en este y otros sectores? Los daños de esta iniciativa en materia de libertad y bienestar son claros; los beneficios, no.

Nota del editor: Alejandro J. Saldaña Brito, Economista en Jefe de Grupo Financiero B×+. “Soy un creyente de que el éxito y la dignidad, tanto en el ámbito personal como en el profesional se logran en el día a día. La disciplina es esencial para cumplir el punto anterior, pero eso no quiere decir que debamos de relegar a un segundo plano los placeres de esta vida (¡muy corta para los que somos ambiciosos!): la convivencia con la familia y los amigos, el deporte, los viajes, la comida, la música y el arte… y algún mezcal, siempre con medida”. Síguelo en Twitter como @ASaldanaEcon y en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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